UGT pide "amparo" a la ONU ante la "dramática" situación del Zambrana

A situaciones «desesperadas», medidas desesperadas. UGT lleva a la ONU la «dramática situación» del centro de menores Zambrana de Valladolid. El sindicato envía al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas una carta de 12 páginas en las que relata un escenario de agresiones y bajas del personal, y solicita «que alguna entidad, organismo o administración» les «dé amparo y proceda a investigar y solucionar estos hechos». Remite en la tarde de este lunes vía email un documento en el que reclama incluso que «si considera que puede haber indicios de delitos actúe en consecuencia».

«Estamos viviendo desde hace dos años una situación bastante dramática y crítica por lo que desde su sensibilidad, conocimiento y empatía, y ante nuestra desesperada situación les pedimos que nos escuchen y hagan lo que esté en sus manos para ayudarnos a solventar y mejorar esta situación terrible en la que vivimos». Y es que, tal y como ha publicado este diario, la plantilla denuncia soportar «vejaciones diarias y agresiones continuas». Expone que sólo en un año se han dado «más de 800 incidencias» en un centro en el que en la actualidad hay 58 internos, «más 12 fugados que podrían volver».

En el escrito remitido a la ONU relata cómo «el ambiente laboral del centro se ha venido deteriorando de tal manera en los últimos meses que las bajas por ansiedad y estrés del personal educativo han sufrido un aumento significativo en este último, sin que por el momento ni la Junta, ni la empresa adjudicataria de la gestión Clariane, hayan tomado medidas oportunas para minimizar la situación que protejan la integridad física y la salud mental de los trabajadores, siendo estos –recuerdan– una parte primordial del proceso de reinserción de los menores».

Inciden en que no sólo la plantilla sale muy perjudicada, sino también los propios internos por «no recibir la atención apropiada porque no hay personal suficiente»: «La experiencia y la estabilidad de los equipos educativos cobra una importancia trascendental en el desarrollo y progreso de los mismos», subrayan los trabajadores y critican la «impunidad» de estos «ante sus continuas agresiones, vejaciones y maltrato hacia los trabajadores que sólo intentan acompañarles en su proceso reeducativo».

La escalada de violencia no cesa y las agresiones al personal se suceden con una pasmosa frecuencia. Tanto, que este mismo fin de semana, el viernes, se produjo otro altercado violento en el que estuvieron involucrados dos menores y uno de ellos «propinó un puñetazo en la cara a un vigilante de seguridad». «Y esto sigue igual y nadie hace nada», lamenta una educadora social del centro que también es afiliada a este sindicato. «Ya no sabemos a dónde acudir. Hemos pedido ayuda a los ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales, Trabajo y Justicia, al Procurador del Común y al Defensor del Pueblo. Más de un año en esta situación y ni una triste sanción a la empresa, Clariane, pese a los reiterados incumplimientos», protestan, y recuerdan que hasta junio que vence el contrato aún les quedan tres meses «eternos y agónicos de continuar en las mismas y lamentables condiciones».

En la misiva, rubricada por el secretario general de UGT de Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, el sindicato relata descendiendo al detalle la cronología de agresiones y amenazas constantes que se intensifican, a su juicio, después de que «la nueva dirección comienza a implementar el nuevo paradigma tras el fallecimiento de un menor». Un sistema que reconocen que está «amparado por la Ley 08/2021 de 4 de junio, y que está basado en un modelo cognitivo conductual de carácter dialéctico y en un modelo sistémico de intervención». Este se traduce, a juicio de los trabajadores, en que «la mayoría de los actos violentos apenas tienen consecuencias o se sancionan muy tarde». «Tampoco se puede ahora sancionar como antes, privándoles de ocio o apartándolos, creándose así –explican– situaciones imposibles de abordar en las que ellos se sienten impunes».

Cuentan en la carta cómo desde 2022 «comienzan a no cubrirse las bajas laborales y a faltar personal» y sostienen que esto repercute en la convivencia del centro de menores. Un centro formado a su vez por dos centros independientes, uno para ejecución de medidas judiciales (área de reforma) y otro para menores con problemas de conducta (área de protección).

Por si «las patadas, puñetazos y golpes» que aseguran que no hay mes en el que no se repitan no fueran suficientes, UGT expone al Subcomité de la ONU que «esta situación tiene una parte psicológica que es más difícil de poner de relevancia que una agresión física [...] y es que el trabajar en este entorno de miedo e inseguridad ha provocado un estrés, sobrecarga del trabajo y demás riesgos psicosociales que se han materializado en bajas por ansiedad, depresión, que para mayor desconcierto no han sido calificadas como enfermedades relacionadas con el trabajo, sino como enfermedad común», ponen de manifiesto.

Los trabajadores del Zambrana acumulan muchas peticiones, pero la principal, que les escuchen y se ponga remedio para que acudir a su puesto de trabajo no suponga un sufrimiento: «Pedimos que a los trabajadores que sufrimos estas condiciones seamos considerados y no se nos deje en el abandono más absoluto por parte de entidades, administraciones y políticos que únicamente se pronuncian para decir que entienden nuestra situación y nos mandan ánimos, pero sin actuación alguna».