El coste final de la obra de la Perla Negra ascendió a 33,8 millones

El presidente ejecutivo de Estudio Lamela Arquitectos, Carlos Lamela, confirmó hoy por videoconferencia en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso ‘Perla Negra’ que el coste final de la ejecución de la obra del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda, ascendió a 33,8 millones de euros, más el correspondiente IVA.

En esa cuantía, “una cifra real” según precisó ante las preguntas de la acusación particular, no se incluye el valor del solar, un aspecto que desconocen “en el 99,9 por ciento de los casos” cuando se les requiere un certificado sobre el coste de las obras, ni los honorarios profesionales o el importe de las licencias. Los certificados sobre el coste de las obras, como el que él mismo suscribió en 2010 sobre el coste final de la ejecución de esa obra, “se refieren el coste estricto de las obras, la ejecución material de las obras o el precio por contrata, pero en ningún caso se establece nada referente al precio del solar”, precisó en su declaración, a la que pudo acceder Ical.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid acogió hoy la reanudación del juicio, que arrancó con la declaración telemática del responsable de uno de los estudios de arquitectos a los que la empresa Urban Proyecta había encargado la codirección de la obra. Tras recalcar que “han pasado casi 20 años”, Lamela explicó que cuando sucedieron los hechos ahora juzgados él era el presidente de un estudio que entonces contaba con más de un centenar de empleados, y que él “no estaba en los detalles de las operaciones”.

Ante las preguntas del fiscal, Lamela explicó que Francisco López de Blas ha sido el gerente del Estudio hasta que recientemente se jubiló por edad, y que era él el responsable técnico general de todos los proyectos que llevaban adelante, si bien el proyecto del edificio de Arroyo lo dirigió “otro arquitecto en persona”.

Asimismo, aseguró que “en ningún momento” mantuvo ninguna reunión con representantes de Gesturcal ni de ninguna otra empresa pública, puesto que su cliente era Urban Proyecta, y aseguró que conoció a Alberto Esgueva (exdirector de la División Internacional de ADE para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel y de inhabilitación) “muy de refilón como tres años después en Varsovia” (Polonia), por un edificio que hicieron para ellos.

Además, dijo desconocer que cuando suscribieron el contrato con Urban Proyecta el 1 de noviembre de 2005 para el edificio de Arroyo, esa empresa aún no era la propietaria del solar. “Nosotros firmamos muchas veces con clientes que todavía no han comprado. Podemos hacer un proyecto en cualquier lugar, aunque aún no esté comprado, hemos hecho muchos trabajos así, aunque en este caso concreto no lo recuerdo”, detalló. También explicó que es “imposible recordar” si en 2009 el Estudio Lamela intervino en alguna obra de adaptación en ese edificio.

Por su parte, el presidente del desaparecido grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal, que fue condenado en el 'caso Arroyo' a una pena de tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, aseguró que el precio de venta de la parcela que ocupa el edificio rondó los doce millones de euros, IVA aparte, con una extensión de alrededor de hectárea y media y “mucha edificabilidad”. Según apuntó, el contrato privado de venta se firmó en 2005 con la consecuente entrega de una señal de “un 10 por ciento como mínimo”, si bien la firma de la escritura pública definitiva se retrasó hasta el ejercicio siguiente por intereses de la empresa vendedora.

"No sé de dónde sacaron el dinero"

López Casal ha apuntado que fue "más o menos a principios de 2005" cuando la mercantil bajo sospecha contactó con el grupo inmobiliario gallego, casi un año antes de que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicara el concurso de la Agencia de Desarrollo Económico para licitar el arrendamiento con opción a compra de un edificio con el fin de ubicar los servicios administrativos en la ciudad de Valladolid o términos municipales limítrofes. En declaraciones recogidas por Europa Press, ha concretado que fue Germán José Martín Girado, uno de los encausados y administrador de Urban Proyecta, quien a inicios de 2005 se interesó por la adquisición de una parcela que, tal y como ha matizado el testigo, abarcaba cerca de hectárea y media y "tenía mucha edificabilidad".

Inicialmente, en 2005, se firmó un contrato privado en el que Urban Proyecta desembolsó 1.200.000 euros más IVA, equivalente a una señal del 10 por ciento por el precio total fijado en 12 millones de euros más IVA.

El administrador único de Mahía ha indicado que su contacto en Urban no le explicó cuál sería el destino del solar, pero sí ha precisado que no fue hasta 2006 cuando se formalizó la escritura, demora que se produjo por expreso deseo del grupo gallego, y entonces el nuevo propietario del terreno aportó la totalidad del precio convenido. "No sé de dónde sacaron el dinero", ha zanjado el testigo.

Peticiones de cárcel de hasta 79 años

A lo largo de la breve jornada--se ha renunciado a varios testigos--ha testificado igualmente la que fuera técnico en Parques Tecnológicos de Castilla y León, Lourdes Barrio, quien en la época investigada trabajaba en el Departamento de Contabilidad de Parques Tecnológicos de Castilla y León aunque luego siguió con el mismo cometido tras la fusión de dicha sociedad con Gesturcal.

La testigo ha sido interrogada por los letrados de dos de los encausados sobre la operativa seguida para contabilizar las facturas relativas a la compra del edificio de 'La Perla Negra' y, con independencia del método seguido, Barrio sí ha sido taxativa al concretar que "todas ellas las firmaba el consejero delegado de Gestural" y principal encausado, Rafael Delgado.

El juicio sigue este martes, a partir de las 10.00 horas, con nuevos testigos cuyos testimonios se centrarán en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en Portillo. Quien no comparecerá el miércoles como testigo es el actual procurador en Cortes y en la época investigada presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, ya que su testimonio también ha sido deshechado finalmente.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.