El PSOE denuncia que la Junta deja a 5.000 vallisoletanos fuera de los alquileres de Puente Colgante en Valladolid
Asegura que todas las familias que perciban menos de 24.300 euros están excluidas y son el 95% de los demandantes registrados
Promoción de viviendas Puente Colgante de Valladolid. -J.M.LOSTAU
Un día después de la publicación de la convocatoria para acceder a 63 viviendas de alquiler social joven de Puente Colgante , ha saltado la polémica, ya que las familias con rentas más bajas no podrán acceder a la convocatoria. Y peor aún: este umbral mínimo de ingresos por unidad familiar, 24.318 euros anuales, deja fuera al 95 % de vallisoletanos inscritos como demandantes de viviendas de protección pública, o más bien, que la Junta los excluye, al ser de su propiedad y ser la impulsadora de dichas ayudas.
Así lo ha denunciado el Grupo Municipal Socialista esta mañana, al tiempo que ha instado al alcalde Jesús Julio Carnero que interceda ante la Junta de Castilla y León (titular de los pisos) para defender a los demandantes de viviendas, más de 5.000 registrados.
En concreto, estas viviendas de Puente Colgante van destinadas a personas con ingresos mínimos de 3 veces el IPREM : 24.318 euros y máximos de 5 veces el IPREM corregido: 57.902 euros (IRPF 2022). “Quedan fuera todas las familias que ganen menos de 24.318 euros. Y, sin embargo, se podrá conseguir un piso de alquiler con ingresos de hasta 57.902 euros ¿Para quién son las 63 viviendas de Puente Colgante?”, pregunta el PSOE.
“Con los requisitos establecidos por la Junta de Castilla y León quedarán fuera de esta convocatoria más de 5.000 vallisoletanos. Las personas con ingresos mínimos a 24.318 euros quedan directamente excluidas. Es decir, ni siquiera cobrando 2.000 euros mensuales una familia podrá optar a una de esas viviendas. Y, por el contrario, sí tendrán posibilidad de acceder a uno de los 63 pisos quienes perciban hasta 57.902 euros”, protesta el principal grupo de la oposición.
Según los denunciantes la cifra de los más de 5.000 vallisoletanos discriminados tiene su explicación en el umbral mínimo de ingresos exigidos por la Junta y en el Registro específico para los interesados en acceder a una vivienda. En el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública hay inscritas en Valladolid 5.400 personas.
Únicamente 300 ganan más de 24.318 euros y, por tanto, son las aceptadas en la convocatoria, según la Orden 157/2024 del 1 de marzo.
“Despropósito” e “injusticia”
El Grupo Municipal Socialista denuncia el “despropósito” y la “injusticia” de la convocatoria para adjudicar las viviendas e insta a Carnero a que defienda los intereses de los vallisoletanos que han solicitado viviendas públicas de alquiler. Sostiene el PSOE que frente a esta convocatoria “cabe contraponer la política de vivienda seguida en los mandatos de Oscar Puente en la Alcaldía, cuando el umbral mínimo para acceder a estas viviendas se situaba en 15.400 euros , lo que permitía el acceso de las familias de jóvenes trabajadores que más las necesitaban”.
“El Gobierno Regional formado por PP y Vox se ha olvidado no sólo de sus plenas competencias en materia de vivienda, sino de la propia legislación autonómica a la que están sometidos y los paganos son los ciudadanos de Valladolid. La convocatoria incumple la Ley 9/2010 del Derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, firmada por el presidente Juan Vicente Herrera", concluye el grupo socialista.