Ni nulidad, ni prescripción: la Audiencia tumba todas las alegaciones de las defensas

Ni nulidad, ni prescripción de delitos. La Audiencia Provincial (AP) de Valladolid, en la misma línea que defendió la Fiscalía y las acusaciones, ha desestimado una a una todas las alegaciones presentadas por las defensas de los doce acusados, por lo que el macrojuicio sigue adelante en la jornada de hoy con las declaraciones de los seis primeros testigos de la lista de 90 (también lo harán peritos), antes de que testifiquen los encausados a partir del 11 de abril . El presidente del tribunal, Miguel Donis, ha comunicado que la AP ha desestimado la nulidad que solicitaron casi todos los letrados de la defensa, comenzando por los dos principales imputados, los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández , que ejercieron sus cargos entre 2003 y 2015 , en tiempos del fallecido consejero Tomás Villanueva.

Ambos alegaron vulneración del derecho a la defensa por la falta de certificación, por parte de la letrada del Juzgado de Instrucción número 2, de que las partes han recibido toda la documentación. Esa fue la causa de las dos suspensiones anteriores. Según los abogados, no tienen constancia de haber recibido toda la documentación, los documentos digitalizados no están foliados, y algunos incluso mencionaron documentos concretos, aportados por ellos a la causa, que no habían encontrado en ninguno de los dos «USB» recibidos del Juzgado de Instrucción, uno de ellos hacía tan solo 15 días.

 

Una pretensión que no acepta el tribunal. “Más allá del aspecto meramente formal de que en las diligencias de entrega de documentación no se consignaba el término ‘certificación’, lo cierto es que a través de sucesivas resoluciones y diligencias, las partes han tenido a sus disposición todo el procedimiento en formato papel, con toda la documentación incorporada, y se les ha facilitado mediante el volcado de dispositivos electrónico los acontecimientos en formato digital. Los técnicos informáticos avalaron que se había descargado correctamente en los dispositivos entregados a las partes”, expuso el magistrado.

Sobre la posible prescripción de los delitos, la AP también lo desestima. La mayoría de las defensas, comenzando por las de Delgado y Hernández, esgrimieron que la larga retahíla de posibles delitos causantes del proceso (prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración), estarían prescritos, al haber pasado más de diez años desde la comisión de los mismos, que sitúan en 2005, y las primeras actuaciones judiciales. Un extremo al que también se opuso la fiscal y las acusaciones, puesto que situaron en diciembre de 2010 la fecha del último ilícito penal cometido, y los nombres de los investigados aparecen en autos de 2013 y 2015.

Donis recordó que el plazo de prescripción es de diez años, pero en el caso de la Perla Negra, los hechos se desarrollaron a lo largo del tiempo, de modo que se califican como delitos continuados, y en todo caso, el plazo prescriptivo empieza a correr “desde el último de los actos”. Así, las actuaciones del edificio de Arroyo llegaron hasta febrero de 2010 y las de los terrenos de Portillo hasta diciembre de 2013. El auto de imputación de Rafael Delgado es de fecha de 6 de abril de 2015 y de Begoña Hernández, es de 2 de marzo de 2016. “No procede en este momento procesal pronunciarse sobre la prescripción, ya que es preciso valorar elementos de prueba que se verán en la vista oral”, concluyó Donis,

Dilaciones indebidas

Las dilaciones indebidas, la dilatación del tiempo de la causa de forma injustificada, fue otra de las cuestiones previas planteadas. El representante de Hernández fechó la denuncia de los hechos en 2012, el primer auto en el que aparece su patrocinada en 2015 y la primera declaración de los imputados en 2017. Repitieron la cuestión de las dilaciones indebidas varios abogados, pero incluso el juez invitó a una de las letradas a no redundar demasiado en el asunto puesto que las dilaciones indebidas solo podrían traducirse como una circunstancia atenuante a la hora del establecimiento de la pena, y nunca ser un motivo de nulidad de la causa. En esta petición Donis informó que la dilaciones, que podrían dar lugar a una atenuante, se determinarán en sentencia, pero no era el momento de abordarlas al inicio del plenario. 

También desestima la Audiencia de Valladolid, una solicitud de Delgado para que aparte de la causa a la Junta de Castilla y León, personada como acusación particular, ya que a su juicio carece de «legitimación», ya que ADE Parques, como heredera de Gesturcal, era la que tenía legitimación en 2015 y no se personó «al entender que no había resultado perjudicada», y no fue hasta mayo de 2016 cuando la Junta de Castilla y León se sumó a la causa como acusación particular por orden de la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. “Los perjuicios de las sociedades públicas causaron un que tanto económico a las arcas de la Junta”, recordó el presidente del tribunal.

Por otro, criticó que se hubiera permitido a la ‘acusación popular’ ejercida por el PSOE, incorporar a la causa un presunto delito de cohecho por la compraventa de un piso en el Paseo de Zorrilla. Sobre este asunto, la fiscal se limitó a decir que esa cuestión no es impedimento para la celebración del juicio. La macrocausa de corrupción de la ‘Perla Negra’, es, según el escrito de acusación de la Fiscalía, una supuesta trama en la que habrían intervenido los máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta en los años 2005 y 2012, en connivencia con empresarios de Castilla y León para adjudicarles contratos sin ninguna publicidad, a pesar de tratarse de obras de importe millonario. Uno de esos contratos fue el del edificio Soluciones Empresariales, en Arroyo de la Encomienda, conocido como ‘la Perla Negra’, que da nombre a la trama. Una vez construido, lo ocupó la Consejería de Economía en régimen de alquiler y luego en compra. Otro de los asuntos investigados es el proyecto de un polígono industrial en la localidad vallisoletana de Portillo, que no ha llegado a hacerse realidad. Ambos proyectos se habrían contratado, sin explicación razonable, a precios desorbitados. La Fiscalía cifra el desfalco para las arcas de la Junta de Castilla y León en 23,6 millones de euros. Son doce los acusados en la trama, la mayoría políticos que conformaban la cúpula de la Consejería

La «calidad» técnica del auto de imputación fue otro de los asuntos que atacaron una y otra vez las defensas. Alegaron que en el documento solo se detallan «generalidades» de presuntos delitos cometidos, se nombra a los sospechosos, pero no se especifica qué acción ejerció cada uno de ellos. «Ahora mismo no sabemos de qué se nos acusa», lamentó el representante de Begoña Hernández. «En ninguna de las calificaciones se le imputan hechos concretos a Begoña», añadió, antes de avisar de que pedirán la prescripción de todos ellos «en el momento procesal oportuno», y de pedir la nulidad de todos los procedimientos y de la apertura del juicio oral. Varios de los procesados sacaron a la palestra el mismo argumento. La fiscal, por su parte, defendió su auto de imputación con el argumento de que las acusaciones «tienen que ceñirse a los hechos», pues tienen como fin encausarlos, pero que pueden ir concretándose en el desarrollo del proceso.