El caso del cambiazo de los ataúdes en Valladolid sienta a 24 acusados en el banquillo

Cinco años después del inicio de la instrucción, la juez ha decido abrir juicio oral contra los 24 acusados por la supuesta estafa de los ataúdes del Grupo Funerario El Salvador . La magistrada María Teresa Javato ha decidido cerrar la instrucción tras haber consumido muchos meses, y no con la recompensa que pretendía, en la tarea de sumar más afectados personados en la causa, ya que la estimación es que fueron en torno a 6.000 y los personados son unas decenas.

El desconocimiento de los familiares sobre si habían sido presuntamente estafados en cambiazos de féretros o flores; la dificultad de encontrar facturas de incineraciones de los años de presunta estafa (1995-2005) o la imposibilidad de contactar con allegados por parte de la Policía Nacional o del Juzgado, explican bastante este resultado de bajas denuncias.

En el auto de apertura de juicio oral de las diligencias previas-procedimiento abreviado 1866/2017 por la también conocida ‘Operación Ignis’ , la jueza de Instrucción 6 acuerda abrir juicio contra 24 acusados. De todos ellos, los que se enfrentan a las penas más elevadas son la viuda de Ignacio Morchón Alonso, fundador del emporio funerario, y sus tres hijos.

La magistrada acuerda, asimismo, mantener la situación de libertad provisional de todos los acusados y los embargos preventivos de bienes inmuebles propiedad de Agencia Funeraria Castellana y Parque el salvador, acordados en la pieza de responsabilidades pecuniarias, en Auto de fecha 5 de febrero de 2019 en relación con el Auto de fecha 15 de enero de 2020, en el que se levanta el embargo de los bienes inmuebles reseñados con los números 24 y 26. Embargos prorrogados mediante Auto de fecha 18 de enero de 2023. Bienes cuyo valor catastral asciende salvo error y/o omisión a la cantidad de 4.907.671 euros, "considerándose los mismos suficientes, en este momento para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponerse. Sin que se considere necesario imponer en este momento nuevas fianzas”, concluye la instructora.

Petición global de 206 años de cárcel

La Fiscalía de Valladolid, según informó Europa Press, solicita un conjunto de condenas que, globalmente, se elevan a un total de 206 años de cárcel para los 24 personas que se encuentran investigadas en la ‘Operación Ignis’ destapada el 31 de enero de 2019 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador consistente en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. Se estima que 6.000 féretros de alta gama fueron cambiados.

En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública imputa un rosario de casi una decena de cargos, como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicita para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V.L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos , junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto al resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilan entre los nueve y los dos años de cárcel . Así, la acusación pública interesa nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, seis para Justo M.G., el trabajador del grupo que se ocupaba de las cremaciones en el cementerio privado de Santovenia y que chantajeó al propietario de la empresa de pompas fúnebres, ya fallecido, y a partir del cual la policía ‘tiró de la manta’ para el esclarecimiento de los hechos, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.

De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta : por una parte, 3.667.711 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

Del total de 4.048.768 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones. La acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible.

Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio Jardín y se articulaba en dos fases diferentes . La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, desviando así el destino final a que venía obligada la empresa funeraria de efectuar la cremación del difunto junto con su féretro. En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.

«Todas estas actuaciones eran desconocidas por los familiares y allegados de los difuntos que iban a ser incinerados y a los que se les privaba del ataúd en dicho proceso, pues a tales familiares se les negaba la posibilidad de ver la entrada al interior del horno crematorio. Pero también se ocultaban esas circunstancias a los familiares y allegados de los nuevos fallecidos a quienes se vendían como originales las arcas que ya se habían utilizado antes y que, en su mayor parte, iban a destinarse en ese siguiente uso a entierros o inhumaciones», recoge el escrito acusatorio. La estrategia ideada por Ignacio M.A, a juicio del fiscal, requería de la colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio.

En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos , cuyos familiares y herederos comparecerán en juicio.