El PSOE denuncia que la Ordenanza de Bajas Emisiones del Ayuntamiento perjudicará la salud y el comercio

“La protección de la salud es la prioridad del Grupo Municipal Socialista y debería ser también el objetivo preferente de todos los gobernantes y, sin embargo, el afán destructivo del equipo de gobierno PP-Vox provocará un deterioro del bienestar de los ciudadanos y, además, perjuicios económicos”. Este es el análisis que ha realizado el portavoz del GMS, Pedro Herrero, sobre la inminente aprobación de la Zona de Bajas Emisiones. Los concejales del PSOE han advertido del riesgo de pérdidas de los Fondos Europeos y del impacto negativo en el comercio tradicional. Además, se considera anacrónico este debate porque la legislación obliga a todas las ciudades a establecer zonas de bajas emisiones.

Con respecto al impacto en el comercio, en el “proyecto de ZBE”, que recoge literalmente lo que se señala el “Informe de análisis de las consecuencias en la competencia y el mercado de la ZBE de Valladolid”, se explica de forma clara que la ZBE planteada por el actual gobierno municipal perjudicará al comercio de proximidad . Estas afirmaciones están realizadas por la consultora contratada para realizar el Informe de análisis, pero también firmadas por técnicos municipales.

El texto es "elocuente": “En conclusión, la implantación de la ZBE perjudicará al comercio de Valladolid fundamentalmente en las calles no peatonales con entidad comercial donde los emplazamientos con tendencia a acudir en vehículo privado en tanto no cambien los hábitos de desplazamiento de la población y su reparto moda. Para minorizar este impacto habrá que trabajar de manera conjunta entre administración y comerciantes para amortiguar este impacto, por un lado, incentivando políticas de peatonalizaciones y por otra parte de los establecimientos afectados implantando políticas comerciales que minimicen este impacto como las compras online o el servicio puerta a puerta.”

El concejal Luis Vélez ha citado este texto para poner en evidencia las "contradicciones e incoherencia" del equipo de Carnero: “Por tanto, a toda prisa, tarde y mal, pretende aprobar el equipo de gobierno municipal de PP y VOX la Ordenanza por la que se regula una Zona de Bajas Emisiones en el municipio de Valladolid”. El 4 de diciembre aprobaron el texto en Junta de Gobierno. Al día siguiente, el 5 de diciembre lo ratificaron en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, entregando copia del expediente a los grupos municipales de la oposición una hora y media antes de la reunión. Y así llegará al Pleno ordinario del próximo lunes,18 de diciembre.

Esta ha sido la secuencia de los últimos días en la tramitación de la nueva Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde según han indicado desde el partido "con nula transparencia, falta de información pública, escasos documentos técnicos que justifiquen los cambios introducidos".

Por otra parte, la Ordenanza de ZBE que se aprobó inicialmente a finales del pasado mandato, en concreto, en el Pleno del 13 de diciembre de 2022, es exactamente igual a la que se aprobará el próximo pleno del 18 de diciembre, salvo en dos artículos importantes, según han indicado:

En el preámbulo se elimina la referencia a los efectos en la salud: “Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas respiran aire altamente contaminado. De hecho, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 20.000 muertes prematuras en España al año a causa de la mala calidad del aire, siendo el actual modelo de movilidad y transporte una de las causas”.

Y por otra parte, se modifica el artículo 8 de la Ordenanza, donde se establece el nuevo perímetro de la ZBE, menor que el aprobado inicialmente, y más reducido aún que el que aparece en el PIMUSSVA. Una reducción "importante", que no está basada en ningún criterio técnico y que provocará perjuicios a los vallisoletanos, tanto en su salud como en su calidad de vida .

Llama la atención que durante el proceso de Consulta Pública Previa que tuvo lugar en verano, a pesar de que se presentaron 493 sugerencias o propuestas y que el 86,4 % de ellas reclamaban mantener la ZBE aprobada a finales del año 2022, el actual equipo de gobierno ha tenido “receptividad nula”.

La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética , establece en su artículo 14.3. que “los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos el establecimiento de ZBE antes de 2023”.

Dicha regulación se completa con el RD 1052 / 2022 de 27 de diciembre , por el que se regulan las ZBE, el cual establece en su artículo 7 “el proyecto de ZBE definirá objetivos cuantificables de calidad del aire que comporten una mejora en cuanto a la situación de partida del interior de su perímetro”.

El concejal Luis Vélez reprocha la decisión de Carnero: “La lentitud del nuevo equipo de gobierno para aprobar la Ordenanza de ZBE, la desgana para hacerlo con criterios técnicos y sólidos, objetivos y coherentes, y la falta de informes imprescindibles que acompañen a la decisión que se tome, hacen que estén poniendo en riesgo los Fondos Europeos”.

Asimismo, Charo Chávez ha incidido en el riesgo de perder ayudas de la UE : “Se trata de las ayudas ya concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al Ayuntamiento de Valladolid y, además, se complica la posibilidad de conseguir nuevos fondos porque la política municipal choca con los criterios de la Unión Europea.”

Hay que tener en cuenta que el actualmente el Ayuntamiento de Valladolid está gestionando más de 22 millones de euros de fondos europeos vinculados a proyectos de movilidad y ZBE, además del proyecto Ciudades Conectadas liderado por Valladolid en el que participan otras 5 ciudades españolas y al que se le concedió una subvención de 25 millones de euros.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con 33 ciudades , entre ellas Valladolid, por el retraso que se está produciendo en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Sorprende que en el “proyecto de ZBE”, que acompaña al texto de la Ordenanza, en su página 55 se explique ampliamente el proyecto “Valladolid Ciudad Verde. Red de Vias Sostenibles”, que nació en 2020 y que el PP y VOX están desmantelando actualmente con la eliminación de carriles bus y bici en la ciudad. En el documento se explican los objetivos y las bondades de este proyecto, cuando sin embargo lo que el actual equipo de gobierno está haciendo es todo lo contrario, perjudicando al peatón, al ciclista y al transporte público.

La nueva Ordenanza de ZBE que se pretende aprobar mantiene todas las exenciones y situaciones de accesos temporales que ya se establecían en el texto aprobado en diciembre de 2022, puesto que aquellos fueron "muy trabajados" en su día, manteniendo reuniones con sectores de distinto tipo que trasladaron al gobierno municipal anterior sus necesidades.

Igualmente dentro de las exenciones se mantiene que se permite el acceso a la ZBE a “los vehículos de personas con ingresos anuales inferiores a 1.3 veces el IPREM anual, incrementados en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro adicional, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta el límite máximo del 2,1 del IPREM anual, por unidad familiar).

La ordenanza de ZBE que pretende aprobar el próximo 18 de diciembre el gobierno municipal de PP y VOX establece que el 1 de enero de 2025 comenzarán las “restricciones de acceso, circulación y aparcamiento dentro de la ZBE para los vehículos sin etiqueta”. Igualmente, establece en su Disposición final que “la Ordenanza entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el BOP, excepto el capítulo 4 relativo al régimen sancionador que lo hará después de 6 meses de publicación de la Ordenanza”.