Diario de Valladolid

El Ayuntamiento tendrá que devolver 500.000 euros a los multados por circular en carriles bus y taxi

El Supremo tumba el recurso interpuesto por el anterior equipo de Gobierno sobre los carriles exclusivos implantados en septiembre de 2020 y el PP, que denunció su ilegalidad, calcula medio millón en reclamaciones

Carril bus y taxis de puente de Poniente en Valladolid, imagen de archivo.-J. M. LOSTAU

Carril bus y taxis de puente de Poniente en Valladolid, imagen de archivo.-J. M. LOSTAU

Publicado por
Laura G. Estrada
Valladolid

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El Ayuntamiento de Valladolid tendrá que devolver medio millón de euros a los ciudadanos que fueron multados entre septiembre de 2020 y julio de 2022 por circular por carriles reservados a autobuses o taxis , si así lo solicitan, porque el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el anterior equipo de Gobierno frente a dos sentencias del Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia que anulaban el denominado Plan de Movilidad Verde.

 

«Aquí se acaba el camino, con la tesis que defendía el Partido Popular», ha destacado el actual concejal de Hacienda, Francisco Blanco, tras conocer la providencia del Supremo y antes de hacer hincapié en que aquel plan «estaba mal hecho» , porque no se aprobó a través de una ordenanza a pesar de que «alteraba la movilidad» de la ciudad, ni hubo trámite de audiencia pública. «Esas acciones», en referencia a la implantación de carriles reservados a un determinado tipo de transporte, «entorpecían la circulación y provocaba atascos, aunque ellos decían que no», añadió en alusión al anterior Gobierno municipal. 

Agotada la vía judicial, el Ayuntamiento tendrá que devolver a los ciudadanos el dinero que tuvieron que pagar si fueron sancionados por circular por esas vías que se habían reservado al tránsito del transporte público y que el Partido Popular cifra en 500.000 euros. 

«Con esta providencia se abre el camino para quien lo quiera solucionar », ha añadido en este sentido el edil de Hacienda en referencia a las reclamaciones de las sanciones que se impusieron entre el 10 de septiembre de 2020 y el 13 de julio de 2022, fecha en la que entró en vigor la ordenanza municipal para establecer determinados carriles bici y carriles bus-taxi en la ciudad de Valladolid.

«En su momento lo definimos como trampantojo legal , porque querían que pareciera legal algo que no lo era, y ahora hay repercusiones prácticas para aquellos que fueron sancionados», ha añadido el nuevo responsable de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien apuntó también a la «recompensa moral» que supone para el Partido Popular , por haber denunciado la situación cuando estaban «en el cuarto oscuro», en referencia a que en aquel momento ellos estaban sentados en la oposición. 

«Queríamos hacer valer que ese no era el modo de tramitación », insistió. Y lo ha comparado con la ordenanza de movilidad que han aprobado recientemente, ya sentados en el sillón de Alcaldía, para significar que han optado por este tipo de procedimiento, aunque resulte «más largo», por una cuestión de legalidad. «Se ha hecho una exposición pública, se han recogido alegaciones y se ha hecho con la mayor transparencia posible», ha apuntado también en este sentido Francisco Blanco. 

Los hechos se remontan a septiembre de 2020 , el año de la pandemia, cuando el Ayuntamiento, entonces capitaneado por Óscar Puente, implantó carriles exclusivos en diferentes calles de la ciudad. La decisión fue denunciada por el Partido Popular , primero ante el Contencioso Administrativo y después ante el Tribunal Superior de Justicia, al entender que, al tratase de una «modificación sustancial» en la movilidad, se necesitaba respaldar los cambios a través de una ordenanza. «Pero se hizo por la vía del hecho, porque al final lo que se encontró la ciudadanía fue un carril bici a la puerta de su casa», ha recordado Blanco. 

El edil ha considerado que el anterior equipo de Gobierno recurrió las sentencias «como una huida hacia adelante » a pesar de que las resoluciones les daban la razón y de que «se multaba con indiscreción a quienes circulaban por carriles bus», pero ahora está obligado a pagar las costas de los tres procedimientos y a devolver el dinero a los ciudadanos que recurran las multas durante el periodo mencionado.    

 

 

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