Gallardo tensa el gobierno de la Junta y pide a Mañueco que convoque una "manifestacion institucional" contra el PSOE

Los pactos de investidura de Pedro Sánchez continúan poniendo a prueba las relaciones entre los socios de gobierno de Castilla y León, el Partido Popular y VOX. Ambas formaciones han mostrado una respuesta muy distinta a las negociaciones del PSOE con los partidos y líderes independentistas para conseguir sus apoyos, pero los últimos acuerdos que han cristalizado vuelven a acelerar los tiempos y a tensar el Ejecutivo con los de Abascal buscando una reacción más enérgica de los de Feijóo. Ahora, han lanzado una nueva ofensiva en la que solicitan al presidente del Ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque una manifestación institucional contra el PSOE.

Algo que el número dos del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer a traves de una nota de prensa remitida a los medios desde el departamento de comunicación de la Vicepresidencia de la Junta, en la que se señala que ha sido Juan García-Gallardo el que directamente ha trasladado esta propuesta a Mañueco para instarle a que la concentración tenga lugar de manera "urgente" y "como primera reacción institucional al pacto entre PSOE y Junts; dadas las consecuencias que tendrá para la separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional" .

Convocatoria de protesta institucional que no parece que el presidente del Ejecutivo autonómico vaya a aceptar, toda vez que desde el PP ya se ha dejado claro que las manifestaciones y concentraciones contra la amnistía y los pactos con los independentistas del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para su investidura se convcarán desde el partido, com las de este domingo, y nunca desde las instituciones. Esta es la estrategia del Partido Popular que, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico no se va a modificar porque dejan claro que sería una utilización de las instituciones, y "eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez" , detallan las mismas fuentes.

La petición de Gallardo, no obstante, no se ha producido por sorpresa, ya que esta misma semana el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, anunciaba públicamente la intención de su partido de solicitar manifestaciones institucionales en todos los gobiernos de los que forma parte , especialmente en las cuatro comunidades autónomas en las que ostentan la vicepresidencia y entre las que se encuentra Castilla y León.

La solicitud, por tanto, no se ha hecho esperar mediante el traslado del vicepresidente al titular del gobierno autonómico y con las expectativas puestas en que la tome en consideración. No en vano, Fernández Mañueco accedió a la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario el sábado pasado también a instancia de VOX, una cita en la que se determinó emprender acciones legales contra la amnistía y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña

“En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones” , defiende el vicepresidente de la Junta en un comunicado en el que se señala que "el acuerdo con Junts, que aparentemente desbloquea la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, está siendo ampliamente contestado por la sociedad civil"

"Es un golpe contra la democracia y contra la ley, que supone la abolición del Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la deslegitimación de todas las instituciones clave de nuestra convivencia, desde la Corona al Poder Judicial , pasando por las fuerzas del orden o los parlamentos", añaden.

De hecho, advierten de que el nuevo pacto con el partido de Carles Puigdemont "implica una amenaza a la soberanía nacional de los españoles, y a la unidad del país, al contemplar el compromiso de un referéndum de autodeterminación , así como la posibilidad de una mediación internacional que deslegitimaría a nuestra nación ante el mundo".

"La gravedad de la amenaza ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones judiciales, así como a fiscales, representantes de los inspectores de trabajo o los abogados, entre otros colectivos. Es, por tanto, la hora de que las instituciones se enfrenten con todos sus recursos frente a esta situación crítica , incluyendo la convocatoria de movilizaciones ciudadanas desde el ejecutivo regional", finaliza la nota de prensa.