Diario de Valladolid

El Gobierno mete prisa ahora por el centro de refugiados de Valladolid y el Ayuntamiento pide más datos

La Secretaría de Estado de Migraciones pide «a la mayor brevedad posible» información sobre los plazos para construir las instalaciones, con capacidad para 200 plazas / El consistorio quiere saber qué tipo de alojamiento será

Parcela junto a la calle Dulzaina en la que está previsto construir el centro de refugiados. -PHOTOGENIC

Parcela junto a la calle Dulzaina en la que está previsto construir el centro de refugiados. -PHOTOGENIC

Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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La construcción de un centro de refugiados en la calle Dulzaina número 18, junto al Hospital Río Hortega, es uno de los proyectos heredados del anterior equipo municipal y el Gobierno tiene mucha prisa por asegurarse que el Ayuntamiento piensa continuar adelante con la iniciativa y conocer los plazos que maneja. 

Ante el temor de que los ayuntamientos gobernados por PP y Vox, como el de Valladolid,  paralicen este tipo de instalaciones, con sorprendente rapidez, con urgencia, apenas un mes después de constituirse la nueva corporación, e l Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones envió una carta al Ayuntamiento , recibida el pasado 17 de julio, en la que recordaba que está pendiente la aprobación  en el  pleno de la cesión definitiva de la parcela municipal en la que se construirá el centro. A la vez, pedía al consistorio que «a la mayor brevedad posible, en un plazo inferior a quince días» informara de las previsiones para la continuidad del proyecto.

La carta, remitida desde la Secretaría de Estado de Inmigraciones, al frente de la que se encuentra Isabel Castro Fernández , se envío apenas una semana antes de las elecciones generales, lo que da una idea de la repentina prisa del Gobierno por este asunto.

El pasado 28 de julio, once días después de recibir la carta, el Ayuntamiento respondió al Ministerio para reclamar «alguna información técnica sobre el edificio» previsto y así poder dar respuesta «a las alegaciones presentadas en el periodo de información pública por diversas asociaciones vecinales y particulares». 

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona , firmante de la misiva, matiza que lo que el Ayuntamiento quiere saber son «las características tipológicas del edificio, el tipo de alojamientos, si son viviendas, apartamentos, habitaciones... con el objeto de responder a las alegaciones presentadas» y niega que vaya a paralizarse el centro, pese a que desde Vox, Mariano Veganzones , consejero de Industria y miembro del partido que gobierna con el PP en la ciudad, rechazó de plano la instalación en Valladolid porque, según dijo, «degradan los barrios y traen inseguridad». En la misiva,  Zarandona se muestra consciente de «la urgencia» y agradece «la cuantía de la inversión a realizar y los puestos de trabajo generados».

La carta recoge que la inversión prevista para la construcción de las instalaciones, que tendrán una capacidad para 200 personas , asciende a 14,9 millones y contará con espacios deportivos «para ser utilizados tanto por los residentes del centro como por el conjunto del  municipio». Si se suman las tasas y las licencias, el coste subirá a 17,8 millones

En cuanto a la generación de empleo, el Ministerio cifra en 20 los puestos de trabajo directos que se crearán y otros 40 indirectos , además «de un valor añadido al municipio de 5 millones de euros», se añade también en el texto.

Fue en marzo de 2022 cuando el  anterior alcalde, Óscar Puente , anunció  la construcción del centro en la capital vallisoletana y negó que  fuera a generar conflicto alguno. «En ningún caso vendrán niños que no estén acompañados por sus padres o abuelos», dijo el exalcalde y añadió: «Habrá dependencias que serán compartidas con los vecinos, la disposición mostrada por la Federación de las Asociaciones de Vecinos es total . Será un proyecto idóneo para la integración de los refugiados, para la convivencia», señaló.

La parcela ofrecida por el Ayuntamiento tiene una superficie de 10.381 metros cuadrados , forma parte del Plan Parcial Canterac y está destinada a «usos de carácter colectivo o equipamiento territorial». Según establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la parcela tiene como uso básico el de «colectivo social y asistencial, que comprende las actividades destinadas a la prestación de servicios, información, orientación y ayuda a la población desprotegida o vulnerable». 

El  9 de mayo pasado, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales, el pleno del Ayuntamiento dio vía libre a la cesión gratuita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la parcela  en cuestión, aunque tanto el PP como Ciudadanos se abstuvieron .

Los dos grupos municipales reprocharon al equipo de gobierno que no permitiera la intervención de la asociación de vecinos Nuevo Hospital, colectivo que se opone a la apertura de las instalaciones . La presidenta de la asociación vecinal, Laura Martínez , lamentó que no se hubiera contado con ellos. «No tenemos información de cómo será, cuánto tiempo funcionará, de nada», señala Martínez. 

«No nos oponemos a que se acoja a gente; pero hay que ser realistas, a nadie le gusta vivir cerca de estos centros. Ya tenemos el Zambrana y casas de acogida» , señalaban los vecinos en un comunicado, al  tiempo que advertían de que el barrio sufre «carencias de demasiados servicios»

Además de señalar  que «un centro tan grande no va a contribuir a su integración» y proponer la creación de instalaciones más pequeñas en diferentes zonas de la ciudad, desde la asociación de vecinos pedían que  «la solidaridad»  estuviera «repartida en la ciudad porque mientras unas zonas se revalorizan, otras pierden valor».

En este contexto, los pasos siguientes por parte del Ayuntamiento serían la contestación a las alegaciones presentadas por los vecinos, aunque para ello esperan antes la contestación del Ministerio a su petición de  datos técnicos del centro, y luego la aprobación en el pleno de la cesión definitiva de la parcela, aunque hay que recordar que el PP se abstuvo en la votación en la que se aprobó la cesión temporal y si quiere seguir adelante ahora deberá cambiar de posición .

Nadie en el equipo de gobierno municipal se ha pronunciado hasta ahora sobre el centro de refugiados y sólo el concejal de Urbanismo, ante alguna información en la que se apuntaba que  Valladolid estaba entre la ciudades que paralizarían el proyecto, aseguró ayer que «eso no es cierto» y que «simplemente» se ha solicitado más información.

En su carta, la secretaria de Estado de Migraciones recuerda que ya está en marcha «la licitación de los pliegos de los proyectos constructivos, a la espera de contar con la cesión definitiva para poder continuar el procedimiento».  También señala en la misiva que el Centro de Acogida de Protección Internacional, como se denomina, de Valladolid forma parte de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ampliar el sistema de acogida estatal con al menos 5.700 nuevas plazas, de la que 200 estarían en la capital vallisoletana.

Como el de Valladolid están previstos otros 11 centros repartidos por el país , uno de ellos en Soria. El de la capital soriana tendrá una superficie de 7.000 metros cuadrados y una capacidad de acogida similar a la de Valladolid: en torno a 200 plazas.       

A diferencia de Valladolid, la Secretaría de Estado de Migraciones no ha enviado carta alguna al Ayuntamiento de Soria en la seguridad de que continuará con el proyecto adelante al estar gobernada por el PSOE, que obtuvo mayoría absoluta en las pasadas elecciones, la cuarta consecutiva,  con Carlos Martínez de nuevo como candidato.

En Valladolid, mientras tanto, se está a la espera de la contestación del Ministerio y de los pasos que dará el Ayuntamiento una vez reciba la  información que reclama.

Dado que está financiado con fondos europeos hay un plazo determinado para que el proyecto esté en funcionamiento, que en este caso es  diciembre de 2024, de ahí la urgencia, e n apenas 16 meses .  La construcción de este tipo de centros responde al incremento del número de solicitantes de asilo, que en España se ha multiplicado por veinte en los últimos seis años.

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