Los propietarios de 74 viviendas vacías las ceden al Ayuntamiento de Valladolid para alquilar

1. Saravia: "Había 12 pisos destinados a alquiler social y hoy son 194"

Alquilar o no alquilar, esa es la cuestión y la duda de muchos propietarios que tienen una vivienda vacía. Es una decisión que a veces no resulta fácil y, para animar a quienes tienes pisos sin ocupar y destinarlos luego a alquiler, el Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha en 2018 el programa ALVA, siglas de Alquiler Valladolid, con un resultado aceptable, pero mejorable.  En estos cinco años, son 74 los propietarios que han cedido su vivienda vacía al Ayuntamiento con el fin de alquilarla  a precios módicos. Esta es la esencia del programa ALVA:  poner en el mercado de alquiler viviendas dignas a un precio asequible para el inquilino y con la garantía de cobro para el dueño, todo ello con la intermediación de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, VIVA.

Saber cuántos pisos vacíos hay en Valladolid es la pregunta del millón. Las estimaciones del Ayuntamiento elevan a unas 17.000  las  viviendas que están sin ocupar, una bolsa suficiente para cubrir una parte de las necesidades de alquiler, pero hace falta que los propietarios quieran. Con miles vacías, el  hecho de que sólo 74 propietarios hayan optado por cedérsela al Ayuntamiento da una idea de las reticencias que existen todavía a la hora de alquilar, a pesar de las condiciones ventajosas de la cesión.

Cuando el dueño de una vivienda decide dar el paso y se acoge al programa ALVA, el Ayuntamiento corre con toda la tramitación y ofrece incentivos al titular durante los siete años que dura el contrato de cesión. Además de abonarle el 50% del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,  le garantiza el cobro puntual de la renta todos los meses, incluidos los periodos que esté vacía durante la vigencia del contrato, y se compromete a devolverle la vivienda en buen estado al terminar el arrendamiento.  

Hay más incentivos para el titular, que además  contará con un seguro del hogar multirriesgo por cuenta del Ayuntamiento, de un certificado de eficiencia energético gratuito, dispondrá de asesoramiento jurídico y técnico y puede olvidarse del trámite siempre engorroso de la gestión y formalización del contrato. Para completar el círculo , el Ayuntamiento se encargará de buscar inquilino entre la lista municipal de aspirantes a una vivienda de alquiler . Los gastos de comunidad, que hasta 2021 los abonaba el propietario, corren también a cargo del Ayuntamiento.

También los aspirantes tienen que cumplir, como es lógico, algunas condiciones, entre ellas la de tener unos ingresos máximos anuales de la unidad familiar y/o convivencial de 22.000 euros al año.

El precio a pagar por el inquilino  oscilará entre 250 y 500 euros,  de manera que no supere el 30% de sus ingresos mensuales,  una renta que se mantendrá durante la vigencia del contrato. 

A cambio,  debe permitir la realización de visitas periódicas con objeto de comprobar el uso y mantenimiento  de la vivienda y asumir el importe de las reparaciones que le sean imputables.

Tampoco podrá realizar obras en el piso sin el consentimiento expreso y autorización por escrito de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda y deberá devolverlo en el mismo estado de conservación, salvo el desgaste normal generado por el uso. Ni que decir tiene que debe comprometerse a cumplir las normas de convivencia en la comunidad de vecinos. El arrendatario también contará con asesoramiento jurídico y técnico, no deberá ocuparse de la tramitación y formalización de contratos y se le ofrecerá información detallada de las líneas de ayuda existentes.

Pese a las garantías, el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia,  ya admitió en su día que «cuesta trabajo» convencer a los propietarios para que cedan pisos vacíos, aunque consideró necesario «insistir porque  (el programa) es extraordinariamente útil», tanto para los dueños como para los inquilinos . El concejal subraya «el esfuerzo»  que realiza el Ayuntamiento para «visitar las viviendas, tasarlas y estudiar las obras que haya que realizar para que estén en buenas condiciones» y, en un intento por  convencer a los propietarios para que se sumen al programa ALVA, asegura que «las ayudas son importantes y la garantía es absoluta".

A un año de que termine el mandato municipal, segundo de la etapa de Óscar Puente al frente de la alcaldía, el concejal de Planificación Urbanística, Manuel Saravia, hace balance de estos ocho años y cifra en 483 las viviendas que gestiona ahora el Ayuntamiento repartidas en diferentes programas, aunque no todas de su propiedad, pero en cualquier caso afirma que son muchas más de las que había cuando llegaron.

Saravia, que no se presentará en las elecciones de mayo de 2023 dado que las normas de su formación limitan la permanencia a dos mandatos,  a firma que «el Ayuntamiento no fue sensible a la política social de vivienda hasta el cambio de gobierno de 2015» y añade que hasta entonces «se contaba con un parque muy exiguo». Como muestra, señala que sólo había 12 viviendas destinadas a alquiler social, las denominadas ‘viviendas blancas’,  «mientras que hoy son 194», un número que  espera incrementar en lo que  resta de mandato.

El segundo gran grupo lo componen las 138 que forman parte de promociones de alquiler de protección pública , a las que hay que añadir las 74 del programa Alva, procedentes de cesiones, otros 50 apartamentos provisiones gestionados por la concejalía de Servicios Sociales y las 25 viviendas construidas para jóvenes junto a la carretera de Burgos, una cifra que se incrementará  en otras 40 con el proyecto que está en proceso de redacción. El concejal subraya que lo conseguido se logró «por la reorientación de la política de vivienda, que fijó como uno de sus objetivos la ampliación del parque público».

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