El Ayuntamiento de Valladolid traspasa al Ministerio la ‘presión’ para avanzar en el Campus Judicial
El consistorio firma la escritura de compra del colegio El Salvador para ceder la parcela al Gobierno, que deberá ejecutar el proyecto / El ministro Juan Carlos Campo prometió fondos para 2022 y 2023 en su visita a Valladolid
El último día fijado para cerrar en el acuerdo alcanzado para la compra del colegio El Salvador, el Ayuntamiento y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, firmaron ayer, 30 de junio, la escritura por la que el antiguo centro pasa a manos del consistorio para ubicar el Campus Judicial: las instalaciones que reunirán a los juzgados ahora dispersos por la ciudad.
Con el edificio ya en sus manos, tras un desembolso de 6.888.000 euros, el Ayuntamiento pondrá ahora la parcela, de 5.165 metros cuadrados, a disposición del Ministerio de Justicia, que será quien en última instancia diseñe el proyecto y acometa las obras para construir la ansiada Ciudad de la Justicia.
Las palabras del concejal de Planificación Urbanística, Manuel Saravia, encargado de la firma de la escritura por parte del Ayuntamiento, denotaban cierto alivio tras cerrar una operación que en principio no estaba prevista dado que la opción inicial fue la permuta del colegio por varias parcelas municipales. «Concluye esta larga historia con una operación que evita cualquier recurso que pudiera retrasar el proyecto de la Ciudad de la Justicia», dijo Saravia y añadió que la fórmula elegida «es la mejor» para entregar cuanto antes la parcela al Ministerio de Justicia.
La compra y la cesión del suelo al Ministerio supone para el Ayuntamiento quitarse un peso, aunque la cuestión ahora es cómo gestionará el Gobierno un proyecto del que se habla desde hace años, pero que no acaba de cuajar. El alcalde, Óscar Puente, señala, cada vez que se le pregunta por los plazos para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad, que lo importante es que habrá un Campus Judicial y que estará en el centro de la ciudad.
Puente insiste en que se trata de un proyecto estratégico de ciudad que perdurará para las generaciones venideras y señala que no importa tanto quién lo inaugure, aunque desde la oposición recuerdan que, de haberse mantenido la idea inicial de construir el Campus en una parcela junto al barrio de Girón, Valladolid ya dispondría de las instalaciones. De hecho, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, acusó al alcalde de «no haber hecho nada» en los seis años que lleva en el Ayuntamiento.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su visita a Valladolid el pasado 6 de abril para ratificar su compromiso con la construcción del Campus Judicial ,se mostró muy cauto al ser preguntado por plazos, no ya de cuándo podría estar terminada la sede, sino del inicio de las obras.
Campo consideró entonces un «poco prematuro» aventurar fechas y añadió que sería «osado» por su parte hablar de plazos. Lo más concreto que dijo fue que estará en un tiempo «razonable», lo y que desde el Ministerio de Justicia trabajarían «sin descanso» para que la Ciudad de la Justicia de Valladolid sea una realidad cuanto antes.
El titular de Justicia se comprometió, eso sí, a incluir partidas para el Campus en los presupuestos de 2022 y 2023 en función del avance del proyecto y sus necesidades.
Puente reconoció entonces que se había tardado más de lo que le hubiera gustado y que se encontraron «con muchas dificultades» para la obtención del suelo hasta tener que cambiar la previsión inicial de una permuta por la compra directa del edificio .
Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Ministerio de Justicia es si mantiene el edificio que ocupaba el antiguo colegio o lo derriba. Saravia ya señaló en su día que tenía el «pálpito» de que el Ministerio optará por derribar el edificio.
El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda explicó entonces que «el problema siempre estuvo en la parcela de El Salvador» y añadió que «desde el principio se intentó llegar a un acuerdo con la propiedad» hasta que se ofreció la oportunidad de comprar el antiguo colegio, una operación que agilizaba el traspaso al Ministerio de Justicia, el paso que ahora se dará.