El PSOE se apea ahora de la denuncia por Meseta Ski de la que fue impulsor
Alega que el juez le obliga a contar con el mismo abogado que TLP y Ecologistas en Acción
El Grupo provincial del PSOE abandona el procedimiento que investiga si hubo delito en las adjudicaciones del fallido proyecto Meseta Ski de la Diputación de Valladolid, que pretendía instalar una estación de ski seco en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro. El presupuesto partió de 4 millones de euros y se triplicó hasta superar los 12, sin ser aun así concluido.
El actual portavoz socialista en la Institución, Francisco Ferreira, justifica esa marcha atrás respecto a la personación en el juicio –que había anunciado en febrero del pasado año–, en la obligación impuesta por el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de que la formación acudiera con el mismo letrado que otras entidades personadas, en este caso Toma la Palabra (TLP, IU-Equo) y Ecologistas en Acción.
«No compartimos la misma línea de acusación que Ecologistas en Acción y no sabemos qué interés tienen en el proceso», explicó en respuesta a este periódico el propio Ferreira. «En cualquier caso, nuestro objetivo es aclarar el procedimiento administrativo, y no la posible repercusión medioambiental».
Por otra parte el PSOE, que impugnó esa resolución del Juzgado fechada el 26 de mayo, se opuso también a la imposición del abono de una fianza para ejercer la acusación, por entender que el grupo político debía ser dispensado de esa obligación.
Una vez resuelta la impugnación en sentido contrario a las peticiones del Grupo socialista, éste ha decidido abandonar la causa, cuando fue origen e impulsor fundamental de la misma. Se trata de un volantazo diametralmente opuesto a la línea de la anterior portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación, Teresa López, quien solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el malogrado proyecto y luego la presidió, antes de ser relevada bruscamente de esa función, acusada de intentar manipular su funcionamiento. Sin conclusiones
Una comisión de investigación que, tras más de un año de trabajo y medio centenar de comparecencias, terminó al final de la pasada legislatura sin conclusiones. Los grupos redactaron tres documentos dispares: las conclusiones del PP, que no veían en las actuaciones indicios de delito; las de Ciudadanos, que tachaban de despilfarro el proyecto pero tampoco veían indicios, y las de los tres grupos de izquierda, PSOE, TLP y Sí Se Puede (la entonces marca de Podemos). Ninguno fue aprobado por el Pleno de la Institución. Ante tan infructuosa comisión, los tres firmantes de las ‘conclusiones duras’ presentaron todo el expediente a Fiscalía, para que investigase si existió delito.
La decisión de rejudicializar el asunto terminó de dar la puntilla al proyecto, que se iba a modificar y reanudar con el nombre de Meseta Sport. El equipo de Gobierno de la Diputación, presidido entonces por el actual consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, aplicó la misma decisión que había tomado en años anteriores con las causas que abrió Ecologistas en Acción: no se reanudaría ninguna obra en el lugar hasta que los procesos judiciales acabaran.
Queda para los anales del despropósito la rueda de prensa dada días después por Teresa López y un perplejo alcalde de Tordesillas, también socialista, José Antonio González Poncela. Ambos pedían a Carnero la reanudación del proyecto. Pero ahí siguen las inconclusas instalaciones, detenidas, en el sueño de los justos, viendo cómo una inversión que podría haber creado riqueza en la comarca se desvanece por los manejos políticos.
La instrucción del caso continúa su curso. En el primer trimestre de 2020 fueron llamados a declarar en calidad de investigados el entonces presidente de Sodeva (entidad promotora dependiente de la Diputación), Alfonso Centeno, y el gerente, Luis Alberto Sánchez. También declararon el jefe del servicio de Urbanismo de la Diputación en el momento de los hechos, Luis Torroglosa; el entonces arquitecto de Sodeva, Valentín González y un representante de la empresa adjudicataria de las obras (Corsán Corviam), Enrique Bobo, todos en calidad de investigados. Reanudado el caso el pasado noviembre, han declarado otros, como el interventor y el entonces vicepresidente de Sodeva.
La Diputación permanece personada como perjudicada desde el principio del procedimiento.