Hernández rechaza que la Junta hable de dos bandos en la etapa franquista

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno promete reavivar la polémica que ya levantó en su día la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La Junta de Castilla y León considera innecesaria y redundante una nueva ley, que viene a derogar la aprobada en la etapa de Zapatero, al considerar que bastaría con desarrollar aquella y además no existe «un clamor popular» que la justifique.

A estos argumentos, recogidos en el escrito de alegaciones enviado por el Ejecutivo autonómico al Gobierno, la Junta añade sus dudas sobre la capacidad del nuevo texto legal para «sanar las heridas, eliminar las trincheras y diluir los bloques enfrentados», por cuanto considera que sólo considera víctimas a las de un bando, las de la represión franquista, pero se olvida de las «del otro». La Junta señala que la lectura del anteproyecto da a entender que «las víctimas de la violencia de partidos de izquierda en la retaguardia», y aquí cita las ocasionadas por las milicias en Madrid, «lo fueron por participar en el golpe de Estado» que aupó a Franco al poder.  Con esta distinción entre dos tipos de víctimas, la Junta considera que «en vez de ser reparadas son estigmatizadas».

Las alegaciones de la Administración autonómica se elevaron al Gobierno sin consultar al Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un órgano creado por la propia Junta y presidido por el ex secretario de CCOO de Castilla y León, Ángel Hernández. Aunque la consulta de este órgano no es preceptiva ni sus opiniones son vinculantes, Hernández muestra sus discrepancias con la alusión de la Junta a los dos bandos. «No me parece pertinente hablar de bandos», afirma el presidente del Consejo de Memoria Histórica, quien ya explicó que «sólo hubo un bando fascista que dio un golpe» contra «el sistema democrático» representado por la II República.

Pese a señalar que no se siente molesto por obviar la Junta la opinión del consejo, afirma que « la línea de las alegaciones podía haber sido otra» y  tampoco considera «pertinente» la inclusión de las víctimas de ETA en el nuevo texto legal, como plantea el Ejecutivo autonómico, por cuanto recuerda que «ya tienen una ley propia aprobada por el Parlamento», en referencia a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.  

En cuanto a la necesidad de una nueva ley de víctimas de la etapa franquista, Hernández señala que para muchas administraciones públicas» el anterior texto, el de Zapatero, «es como si no hubiera existido» y añade que «todavía hay calles y plazas que conmemoran a gente del régimen fascista y siguen estando ahí».  Frente a esta disparidad en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, Fernández subraya como «destacable»  en el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática «que sean las administraciones públicas las que se encarguen» de su cumplimiento.

Pese a las discrepancias con la Junta, el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León afirma que la administración autonómica cumplió de forma «razonable» con la ley anterior y subraya que es la única «gobernada por la derecha que tiene una mesa de estas características».

El también miembro del Consejo Asesor de la Memoria Histórica Evelio Angulo si se muestra crítico con la Junta por no haber consultado con este órgano. Angulo, vicesecretario de UGT en Castilla y Léon,  afirma que «habría sido lo lógico» que se pusieran en contacto con ellos y añade que el «consejo es plural y hay un debate sereno y tranquilo». 

Para el dirigente de UGT, una de las novedades del anteproyecto es que «es el Estado» el que asumirá que se cumple la ley y pese a señalar que «las víctimas de ETA tienen que tener su reconocimiento», advierte de  el nuevo texto «va en otro sentido».

También para el responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo, la nueva ley que prepara el Gobierno es necesaria dado que la anterior, la de Zapatero, «era sólo de intenciones».