Valladolid espera que Hacienda le deje usar 36M€ de remanentes para activar la economía
L El gobierno autoriza a los consistorios a emplear un 20% del superávit para política sociales, pero los municipios piden que la medida se amplie para disponer de más dinero para ayudar al comercio y las familias
Van a ser necesarios todos los ahorror públicos para combatir las consecuencias económicas que acarree la tragedia sanitaria del coronavirus . Los ayuntamientos lo saben. Por eso negocian ya con el ministerio de Hacienda para que les dejen abrir la caja y poner en marcha planes municipales para colaborar en la reconstrucción social y económica de sus ciudades.
El consistorio pucelano , uno de los que no se dio al derroche en los años de bonanza previos a la crisis de 2008, goza de una magnífica salud económica . Nada menos que 36 millones de remanentes que el mandatario socialista Óscar Puente está disuepuesto a emplear para combatir las necesidades sociales de los más desfavorecidos y dinamizar la maltrecha situación en la que va a quedar el pequeño comercio, la hostelería y las pymes de la ciudad. Todos estos efectos económicos se traducirán en un paro galopante si la economía no se reactiva cuanto antes. Ya lo advirtió el miércoles la presidenta de la patronal vallisoletana. La mitad de las empras tendrán que reducir personal cuando se recupere la noramalidad a la que todavía no se le ve el horizonte.
De momento, los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , que preside el vigués Abel Caballero, ha conseguido que Hacienda permita utilizar a los constorios el 20% del superavit. Claro que aquellos que dispongan de ese superávit. Es el caso del de Valladolid que cuenta con 3,7 millones. De esos ya puede disponer de algo más de 700.000 euros para la desescalada. Dinero que se sumará a los 348.000 euros recibidos del Estado en el fondo social extraordinario. Cuantía destinada a hacer frente a las becas de comedor escolar y el esfuerzo económico empleado para combatir la pandemia en las residencias de personas mayores.
¿Cuál es el problema del bolqueo de los remanantes en los consistorios que dispongan de ellos? Pues una legislación que proviene de la época de Rajoy para afrontar la crisis que tuvo al país al borde de la intervención, la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales. Fijó un criterio conocido como regla de gasto. Esa normativa suponer que el uso de remanente, es decir de dinero ahorrado, computa en la regla de gasto, y por tanto en las reglas fiscales. Un embrollo contable con el que el ministro Montoro quiso meter en cintura a ayuntamientos como el de León que se dedicaron al despilfarro absoluto y sin control durante los gobiernos socialisas y populares anteriores a la crisis, con la colaboraicón necesaria de la Unión del Pueblo Leonés que sujetó esos gobiernos y alentó los desmanes. No es el caso de Valladolid, ni mucho menos.
Valladolid, igual que otros consistorios, nunca se lanzó por el precipicio del gasto incontrolado por eso hoy dispone de dinero y desahogo . Y eso es precisamente lo que trasladaron los mandatarios municipales a Pedro Sánchez hace unos días en videoconferencia con la FEMP, en la que Óscar Puente ejerció de portavoz. Quieren que la ministra del ramo, María Jesús Montero, permita por vía normativa saltarse esa a todas luces injusta regla de gasto, que además perjudica a los entes locales rigurosos con los dineros públicos.
De momento la propuesta está sobre la mesa . Directamente sobre la mesa del presidente del gobierno. La ministra de Hacienda, como su predecesor popular, es reacia. Por eso la estrategia es conjunta a través del organismo que preside Ábel Caballero.
Este es un caballo de batalla que viene de lejos. Incluso el antecesor de Puente, Javier León de la Riva, alzó la voz en más de una ocasión con una normativa que perjudicaba claramente a los ayuntamientos cumplidores y saneados. La FEMP lo inentó en el mandato anterior . Pero ahora, con el panorama que se avecina, y la necesidad de emplear todos los fondos públicos para salir antes del atolladero social y económico que ya está dejando la crisis del coronavirus se hace imprescindible. Sobre todo cuando se está plantendo un plan común en Europa de salvación.
Los ayuntamientos españoles, a los que se demonizó como responsables del despilfarro, igual que a las diputaciones, gozan de una salud económica en conjunto muy por encima del resto de administraciones del país. Ahora mismo están en el objetivo de déficit que se les marcó para dentro de ocho años. Eso lo dice todo.
El mandatario vallisoletano expresó en la conferencia de munícipios con el presidente del gobierno la necesidad de que las ciudades pongan a disponsición de la desescalada y la reconstrucción económica todos sus recursos , sabedor que en los ámbitos locales de la microecononomía sus acciones son más directas y rápidas que los grandes planes gubernamentales, trabados de burocracia y tiempo. Y tiempo es lo que no van a tener muchos comercios, hosteleros y autónomos, al igual que familias golpeadas por el reguero de desempleo que deje la pandemia tras de sí.
Una prueba de la salud económica del consistorio pucelano es a cuenta del cumplimiento de la famosa regla de gasto , el anterior mandato se dejaron de invertir unos cuantos millones de euros. Bien es cierto que era otra época de prosperidad y creación de empleo constante. Dinero que se destinó a saldar deuda. En 40 millones redujo la deuda el consistorio vallisoletano en el primer mandato de Puente. Bien es cierto que parte importante del mérito procedida de su predecesor que dejó unas arcas espectacularmente saneadas. El caso es que en esos cuatro años la deuda pasó de 130 a 90 millones de euros.
Valladolid espera la decisión de Hacienda para saber si podrá emplear los 36 millones de remanentes para política sociales y reactivación de la economía local. De momento, Hacienda estudia la propuesta de la FEMP.
Porque el mandatario ya tiene claro que tendrá que empeza por renunciar a ingresos para respaldar al comercio local, con acciones como la devolución de la tasa de terrazas al que la haya pagado o perdonársela al que no lo haya hecho. La totalidad o una gran parte. O la reducción de la principal fuente de ingresos para un ayuntamiento, el IBI para los negocios que se están viendo bapuleados por la crisis del coronavirus. Los ayuntamientos cuentan y mucho en esta recosntrucción económica y social. No ser consciente de ello es no conocer la realidad administrativa de un país. Los convencidos del munipalismo lo saben. Ahora esperan que sea consciente de ello el ministerio de Hacienda, siempre más predestinado a constreñir que a expandir.