La mancomunidad de Valladolid ofertará 18 servicios a elegir entre los 25 municipios

La mancomunidad de interés general que forman Valladolid y 24 municipios de su alfoz ya tiene el visto bueno de la Junta de Castilla y León para echar a andar. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó en su edición de ayer la declaración de interés general y el próximo mes se convocará a los municipios a una reunión para constituir la asamblea de concejales, que será el órgano de gobierno de la mancomunidad y que elegirá al presidente, eso sí previa designación del candidato por el municipio de mayor población, tal y como se recoge en los estatutos. Dado que el municipio con más habitantes es Valladolid, el presidente será su alcalde, Óscar Puente.

Tras un proceso de gestación que empezó en abril de 2018, la mancomunidad afronta en los próximos meses su reto más difícil:decidir qué servicios se prestan de forma conjunta de una cartera que incluye hasta 18 posibilidades. La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, que llevó el peso de la negociación durante el año y medio largo que ha durado el proceso, recibió la declaración de la Junta como «una buena noticia», pero reconoció que «hay un amplio abanico de competencias y es preciso ver cuáles se pueden desarrollar».

La mancomunidad de interés general es una figura de geometría variable a la hora de concertar acuerdos. Los municipios pueden elegir qué competencias son las que más convienen a sus intereses y ponerse de acuerdo con otros que también optan por la misma prestación. No es necesario, por tanto, el consenso, lo que puede facilitar acuerdos.

Para empezar, Sánchez considera más factible alcanzar acuerdos en materia de movilidad, una de las opciones incluidas en la cartera de competencias. La concejala del Ayuntamiento de Valladolid ve posibilidades de conectar todos los municipios que conforman la mancomunidad mediante una red de ciclocarril, pero también considera necesario explorar la extensión del transporte metropolitano a otros municipios- ahora ya funciona con algunos de los más próximos a la capital- y avanzar en la gestión de residuos.

Las competencias susceptibles de compartir van desde servicios públicos básicos en materia de movilidad, de urbanismo, de bienestar comunitario, como el abastecimiento de agua, de medio ambiente, como el tratamiento de residuos, incluso de jardines, apartado en el que se incluye la puesta en marcha de corredores verdes. El listado de servicios se completa con actuaciones de protección y promoción social y producción de bienes públicos de carácter preferente, desde promociones culturales conjuntas a organización de acontecimientos deportivos.

En materia económica se contemplan actuaciones como la organización de ferias comerciales mancomunadas, promociones turísticas e incluso la creación de áreas de desarrollo. La oferta de servicios es la máxima que permitió al ley con el fin de ofrecer el mayor número de posibilidades, aunque parece evidente que no todos se podrán poner en marcha. Lo que si que tiene claro Sánchez es que «hay que remar juntos» dado que los 25 municipios están separados por «muy pocos kilómetros».

Con una población que suma alrededor de 410.000 habitantes, en la nueva entidad municipal participarán los mismos municipios que constituían la extinta la Comunidad Urbana de Valladolid, la Cuva, pero a diferencia de esta última la mancomunidad de interés general es una figura recogida en la legislación de Castilla y León, con capacidad jurídica propia y con posibilidad de recabar financiación externa, tanto de la Comunidad autónoma como de la Unión Europea.

Los 25 representantes de los ayuntamientos que forman la mancomunidad acordaron por unanimidad el 13 de abril de 2018 adherirse a la nueva entidad local y dar por finiquitada la Cuva.

Como impulsor del nuevo modelo de ordenación territorial promovido por el Ejecutivo autónomo, el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, hoy concejal del PP, quiso asistir en persona, en una visita excepcional al Ayuntamiento, al bautismo de la primera mancomunidad de interés general que echaba a andar en Castilla y León.

De hecho, la Junta había ofrecido como aliciente para la constitución de mancomunidades una línea de ayudas dotada con la modesta cantidad de 1,6 millones, de los que 164.558 euros le correspondieron al Ayuntamiento de Valladolid.

En aquella visita, premonitoria de su desembarco posterior en el Ayuntamiento, De Santiago-Juárez planteó las mancomunidades como una especie de salvavidas a la hora de prestar servicios en una comunidad tan extensa como Castilla y León, con más de 2.000 municipios, el 74% de ellos con menos de 500 habitantes. «O nos unimos o mal nos va a ir», dijo el hoy concejal del PP.

Transcurrido un año y nueve meses desde entonces, la mancomunidad de interés general arrancará en breve, aunque la concejala de Medio Ambiente recuerda que para la puesta en marcha de servicios conjuntos necesitará la financiación de la Junta de Castilla y León. «Es una figura creada por la Junta y nosotros nos hemos adherido», recordó Sánchez, quien expresó su confianza en que la Administración autonómica, tan interesada, al menos en la anterior legislatura, en el desarrollo de este tipo de entidades ahora aporte financiación para que puedan cumplir el fin para el que están pensadas como es la prestación de servicios de forma conjunta.