El PSOE exigirá responsabilidades políticas al PP y la Junta por el desfase de 23 millones en Perla Negra y Portillo

El Partido Socialista de Castilla y León exigirá responsabilidades políticas al Partido Popular y a la Junta por el agujero de 23 millones de euros de dinero público que es el alcance del agujero económico por los casos Perla Negra y Portillo. Para el líder socialista Luis Tudanca, lo contrario sería tomar por "tontos" a los castellanos y leoneses.

Tudanca respondió así al planteamiento de la Junta de reducir al ámbito personal la responsabilidad de lo ocurrido, ciñéndose a la investigación judicial de 10 empresarios y ex altos cargos, entre ellos dos exviceconsejeros de Economía del anterior Gobierno de la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Según declaró ayer Tudanca, el Partido Popular deberían asumir su responsabilidad por haber nombrado y mantenido en el cargo a los investigados, puesto que les "han quitado a los castellanos y leoneses 23 millones de euros".

"Sería ridículo si no fuera tan grave", ha valorado. "Han pasado de insultarnos, a negar la existencia (de delitos), a tratar de oponerse en sede judicial, a personarse en la causa para confundir a la opinión pública y a pedir penas para ex altos cargos de Economía. La actuación del PP y de la Junta con la corrupción no me sorprende. Llevan mucho tiempo negando la corrupción y recibiendo condena tras condena", agregó.

Tudanca concluyó citando el sobrenombre con que se conoce a Castilla y León en círculos empresariales de otras comunidades por casos como el de Perla Negra y Eólico: "Sicilia y León".

El juzgado de instrucción número 2 de Valladolid está investigando la trama montada por el alquiler y posterior compra del edificio de usos múltiples, el conocido como la Perla Negra, por parte de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda, en los tiempos del fallecido consejero Tomás Villanueva. Asimismo, en el punto de mira están los movimientos realizados para el encarecimiento de las parcelas del polígono de Portillo.

Aparte de Delgado y Hernández, están siendo investigados Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y exdirector general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, exdirector financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, exdirector de la División de Internalización de ADE. Dentro

de los empresarios, se imputa a los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva, exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.