Los contratistas estiman una inversión de 580 M€ para restaurar las carreteras
L Enrique Pascual desvela que las administraciones públicas «apenas alcanzaron» un desembolso de 145 ME y afirma que el estado de las calzadas es en «general deficiente y en algunos tramos muy deficiente»
Obras de conservación de la A-62 Valladolid-Salamanca en 2018.-J.M.LOSTAU
Castilla y León cuenta con 32.500 kilómetros de carreteras, lo que le hace ser la Comunidad autónoma con mayor longitud de calzada de España. Además, estas infraestructuras acumulan un valor patrimonial estimado cercano a los 29.000 millones de euros. Pese a la importancia no solo en longitud y ubicación, ya que la región sirve de paso hacia múltiples direcciones a España y Europa, la salud de la calzada «se está deteriorando por falta de mantenimiento, y actualmente, su estado en general deficiente y en algunos tramos muy deficiente», según Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.
La organización estima que las administraciones públicas competentes tienen que hacer una inversión, conjunta, de mantenimiento y conservación de «unos 580 millones de euros». «En los últimos años, debido a las restricciones presupuestarias, la inversión real apenas ha alcanzado el 25% (145 millones de euros) de esta cifra», según el presidente de los contratistas.
De los 580 millones de euros estimados por la Cámara regional para darle la vuelta a la situación, «las inversiones anuales requeridas en mantenimiento y conservación, repartidas por administraciones para nuestra región serian de 180 millones de euros para la Administración central que debe ocuparse de unos 5.200 km, muchos de ellos vías de alta capacidad; La Junta de Castilla y León debería realizar inversiones anuales de unos 180 millones de euros pata atender las cerca de 11.300 km que son de su competencia; y en el caso de las Diputaciones provinciales, para cuidar de los más de 11.100 km, todos ellos vías convencionales, se requieren aproximadamente 220 millones», sostiene Pascual.
Para revertir la situación, la Cámara de Contratistas de Castilla y León propone «mantener lo que tenemos, para más adelante seguir completando y modernizando nuestra actual red», en palabras del presidente de la entidad. Para ello, todas las instituciones involucradas «tienen que cumplir, escrupulosamente, con las inversiones necesarias en mantenimiento y conservación de carreteras, cosa que no están haciendo».
Para que se realice de forma correcta un supuesto plan de mejora y mantenimiento, «las inversiones tendrían que estar bien planificadas y ser sostenidas en el tiempo, cualquier otra forma de actuar es poner parches y contribuir de manera irresponsable a descapitalizar, por falta de mantenimiento, en nuestras carreras», defiende Pascual.
El también vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Construcción explica que los principales problemas que registran las carreteras son principalmente «el mal estado del firme de rodadura y el deterioro de la señalización, tanto horizontal como vertical. También en algunos tramos, pero esto es menos frecuente, hay un trazado poco adecuado».
El deterioro de las carreteras, generado por la alta afluencia de tráfico y la ausencia de un mantenimiento idónea, estaría detrás de un porcentaje de los accidentes. Ante esto, el presidente de los Cámara de Contratistas apostilla «que no podemos sufrir accidentes, por mal estado de nuestras carreteras, y no hacer nada al respecto».
No es una opinión que muchos tramos de las carreteras de Castilla y León se encuentran en mal estado. «Es una realidad y que el estado de conservación, tiene una incidencia directa en la alta siniestralidad es incuestionable», en palabras de Pascual.
Esta realidad y una mala señalización influyen en la circulación «sin duda, y por puro sentido común, de manera muy significativa», afirma Pascual. «Es evidente la correlación existente entre carreteras en mal estado y accidentes, pero curiosamente, cuando desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León nos pusimos en contacto en 2018 con la Dirección General de Tráfico, a través de sus demarcaciones en nuestra Comunidad, y les solicitamos datos oficiales sobre accidentes debido, entre otras causas, al mal estado de conservación de las carreteras, nos respondieron diciendo que carecían de esa información, ya que estadísticamente, el estado de conservación no lo computan como causa en un accidente. ¡Sorprendente!».
Ante medidas, que se han propuesto desde la Administración, como reducir la velocidad e indicar el mal estado de aquellas vías en mal estado, el presidente de los contratistas expone que «no es la solución adecuada, es una solución provisional, pero lo importante es corregir de manera inmediata las deficiencias que presente la vía».
Castilla y León tiene en sus Carreteras Nacionales cuatro de los 16 principales puntos de concentración de accidentes de España, según un informe del RACE en 2018. Estos tramos se encuentra en las provincias de Burgos y Soria, en las Nacionales 120, 122 y 234. Para Pascual la existencia de estos puntos negros y «asumir el término de ‘tramo de concentración de accidentes’ es algo penoso, porque indica continuidad en el tiempo. Es decir, se ha detectado un problema y no se han puesto los medios para solucionarlo. Esto es algo muy grave si estamos hablando de accidentes y el responsable directo es el titular de esa infraestructura. Hay que analizar las deficiencias que presenta en concreto cada uno de los puntos negros, y ejecutar inmediatamente las inversiones necesarias para subsanarlas. A este respecto, no puede haber excusas».
Por kilómetros y ubicación, Castilla y León es uno de los ejes vertebrales de la circulación en España y necesita de infraestructura necesaria para cumplir con un buen servicio. Una de las reclamaciones de una buena parte de la sociedad castellano y leonesa es la finalización de la A-11, para que haya una vía que atraviese la región de este a oeste. Sobre la Autovía del Duero, Pascual sostiene que «debería de haberse finalizado hace ya muchos años y no se realizado, a nuestro entender, por falta de voluntad política y de cooperación entre las distintas administraciones». Pese a la lentitud en el proyecto, hay tramos que se encuentran en estado de licitación pendientes de adjudicación como el tramo Olivares de Duero-Tudela de Duero, «que cuenta con un presupuesto de 106 millones de euros»; y también en la A-12 el tramo Quintanilla de Arriba-Olivares de Duero, «con un presupuesto de licitación de 135 millones de euros».
Aunque estén lejos de cubrir con las necesidades de mejora y ampliación, hay inversiones en autovías que ya están en ejecución, como la A-12 del Camino de Santiago, tramo Ibeas de Juarros-Burgos; la conversión en autovía de la SG-20, circunvalación de Segovia; y la Autovía de Castilla A-62, tramo Fuentes de Oñoro-frontera con Portugal.