La Fiscalía pide cinco años de prisión a un empresario por estafar 500.000 euros
El Ministerio público le acusa de haber engañado a once proveedores cárnicos hasta que entró en concurso
-E. M.
La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión a un empresario cárnico que estafó supuestamente cerca de 500.000 euros a 11 proveedores. Los hechos se remontan a 2009 cuando Pedro S. Á., consciente de su «situación de insolvencia real e infracapitalización de la empresa», siguió operando en Discar S.L. como si no pasase nada, en lugar de disolver la sociedad como obligaba la normativa o pedir el concurso de acreedores.
El ministerio público, en su escrito al que ha tenido acceso este periódico, le acusa de un delito de estafa, de un delito de insolvencia concursal punible y de un delito de alzamiento de bienes. En este último también considera como «cooperadores necesarios» a su hijo, Pedro A. S. C., y a su nuera, Sonia R. F., para los que pide dos años de cárcel para cada uno de ellos.
La empresa, con domicilio social en el polígono industrial El Esparragal de Santovenia de Pisuerga, se constituyó en 1999, y tenía como objeto principal el comercio al por mayor y menor de carnes, la elaboración y transformación de productos cárnicos, así como su venta y comercialización. Una actividad que continuó hasta 2011.
La acusación pública afirma que Pedro S. Á. siguió en los ejercicios 2010 y primer semestre de 2011 aparentando «una solvencia ficticia de la que en realidad carecía», y mediante la mecánica de pagar a los proveedores los importes de sus facturas a través del libramiento de recibos bancarios, cheques y pagarés diferidos, permitió que los acreedores siguieran contando con él, consiguiendo así obtener de diversas empresas la venta de mercancía para su negocio, «aun siendo ya consciente de su imposibilidad de pago posterior, dato que desconocían los proveedores quienes de otra forma no hubieran accedido a suministrar géneros a la mercantil del acusado», argumenta la Fiscalía.
En este sentido, comenta que una vez llegadas las fechas de vencimiento de los recibos, cheques o pagarés emitidos no fueron abonados, ofreciendo el acusado «excusas y promesas de pago en breves plazos», hasta que en el mes de julio de 2011, «sin previo aviso» a los proveedores, Discar S. L. presentó «sorpresivamente» la solicitud de concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid. Se admitió a trámite la solicitud.
El Ministerio Fiscal sostiene que Pedro S. Á. llevó a cabo «diversas alteraciones contables y múltiples operativas progresivas de despatrimonialización, que mermaron los bienes que posteriormente debían ingresarse en la masa, agravando de forma consciente y fraudulenta la situación de insolvencia en la que se encontraba, e imposibilitó el cobro de los acreedores, defraudando sus expectativas de crédito».
De esta forma, concreta que supuestamente omitió la contabilidad de importantes partidas que variaron artificialmente los resultados contables de la empresa en cada ejercicio, produciendo «una alteración de los fondos propios» para sostener artificialmente la capitalización de la compañía, y que llevaban a dar «información inveraz» de la situación económica de la empresa para causar «un perjuicio» en la contratación.
Respecto a las operaciones de despatrimonialización, la Fiscalía cita la sociedad Pascay, que constituyó Pedro S. Á. con su expareja, Flora C. Y. –ya fallecida– y con su hijo, hoy también acusado. La idea, tal y como recoge el escrito, era crear una sociedad paralela parasitaria con el mismo objeto social y la misma actividad que Discar S. L., que obtuvo además en el concurso un crédito reconocido a su favor por el importe de 34.118,20 euros y que sirvió para adquirir bienes de la concursada en la fase de liquidación: dos camiones, dos furgonetas y un turismo por un importe de 2.000 euros más IVA.
Por el delito de estafa, la acusación pública sostiene que Pedro S. Á. deberá indemnizar a las mercantiles con un importe de 499.202,27 euros. Por insolvencia concursal, el acusado deberá indemnizar a los acreedores concursales en el importe de sus créditos que no perciban de la liquidación de la masa activa. Y por el delito de alzamiento de bienes, solicita la nulidad de la donación por la que Pedro S. Á. y su exmujer donaron a su hijo, Pedro A. S. C. la nuda propiedad de la finca y del edificio en cuyos locales se desarrollaba la actividad de Discar S. L, y que servía de oficinas a la misma. También pide la nulidad de la venta realizada en escritura pública por la que Pedro A. S. C. vendió a Sonia R. F. la participación indivisa de la finca destinada a garaje que le pertenecía en la localidad de Medina del Campo por el precio de 3.000 euros. El ministerio público solicita también la nulidad de la disolución de la comunidad sobre la vivienda situada en la localidad de Suances, que pertenecía a Pedro A. S. C. y a su esposa en proindiviso, realizada en escritura pública, adjudicándose a su mujer por valor de 162.600 euros.