Matrimonio de (in) conveniencia

Las urnas alumbraron un extraño ‘matrimonio de conveniencia’, o mejor dicho de inconveniencia. A esa ‘pareja’ forzosa le distancia un océano ideológico. Están en las antípodas. Son Podemos y Vox, dos partidos que en menos de una semana estarán obligados a compartir, muy a su pesar, bancada... y mucho más.

Ambos forman parte del Grupo Mixto más nutrido de partidos de la historia de la Comunidad –ni siquiera en la primera legislatura autonómica hubo tanta representación–. Hasta ahora lo máximo que han llegado a convivir son tres formaciones políticas diferentes, sin embargo el número se elevará a cuatro en la IX legislatura.

No estarán solos. A Podemos y a Vox se unen en este grupo involuntario, creado por disposición reglamentaria, el ‘novato’ Por Ávila y la ‘eterna’ UPL, que no ha logrado tener nunca grupo propio, aunque entre 2003 y 2007 lo pareciera porque sus dos procuradores (Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco) eran los únicos que ocupaban el Grupo Mixto de entonces.

Esa ampliación en número y en abanico ideológico alterará a buen seguro la habitual tranquilidad con la que ha venido desarrollando su trabajo, legislatura a legislatura, ese grupo compuesto por formaciones que no han logrado en las urnas cinco procuradores ni el 5% de los votos. Sin embargo, quieran o no están abocados al entendimiento. Solo cabe una palabra: acuerdo.

En juego están sus reglas de juego: el nombre del portavoz, el reparto de tiempos, de iniciativas, el turno de intervenciones, la presencia en las distintas comisiones... e incluso dividirse entre cuatro grupos la cantidad que la Cámara les asigna como grupo parlamentario. Sobre el papel, el Reglamento de las Cortes fija que serán ellos quienes deban establecer un reglamento de organización y funcionamiento interno. Nunca antes ha sido necesario dejarlo por escrito.

Lo primero que deberán consensuar es el nombre de quién actuará de portavoz en representación de todos ellos ante los órganos de la Cámara. Tienen de plazo «treinta días desde la sesión constitutiva de la Cámara» y lo deberán acordar «por la mayoría absoluta de sus miembros», tal y como reza el Reglamento de las Cortes.

No parece tarea sencilla, máxime cuando en el Grupo Mixto no cabe la jerarquía ni esa disciplina que sí marca el trabajo diario del resto de grupos. Su naturaleza jurídica nada tiene que ver al de un grupo propio. A eso se une que las fuerzas están desniveladas. Podemos ha logrado dos procuradores, después de que Pablo Fernández consiguiera el acta al subsanarse una cadena de errores en el recuento de votos, mientras que el resto de formaciones tiene un representante, pero aún no ha desvelado si tratará de hacer valer su mayoría en el Grupo Mixto para competir por la portavocía.

Esta asimetría lo dificulta aún más, ya que de haber sido cuatro los procuradores, como parecía en un principio, el reparto sería más factible. Prueba de ello es que en la anterior legislatura IU y UPL dieron con la solución intermedia: uno fue portavoz y el otro portavoz adjunto de forma rotatoria.

Pero, ¿estaría dispuesta la Mesa de las Cortes a que exista en esta ocasión un portavoz y tres portavoces adjuntos en el Mixto que se encarguen de firmar sus propias iniciativas? No parece viable, ya que el cargo de portavoz y adjunto conlleva, al menos hasta el momento, una remuneración de 73.211,28 euros anuales, más 21.600 euros al año en concepto de indemnizaciones por gastos –17.280 euros anuales en el caso del adjunto–-

Al margen de las retribuciones, no es una cuestión menor, ya que podría darse el caso hipotético de que Podemos, si uno de sus dos procuradores resultara elegido portavoz, tuviera que rubricar una iniciativa parlamentaria formulada por Vox, o Vox de Podemos.

«Escalofríos» es lo que siente ya Pablo Fernández solo de pensar en esa opción. «Exploraré hasta el máximo la posibilidad de no tener que firmar nada que proceda de un partido que representa una involución en los derechos de las personas y que aboga por cargarse la Comunidad», subraya, dispuesto a realizar cuanta consulta fuera necesaria a los letrados para sortear esa cuestión.

No se sabe si este mismo sentir comparte el procurador de Vox, Jesús García Conde, ya que este periódico ha tratado con insistencia, pero sin éxito, de recabar su opinión sobre cómo presagia el entendimiento con el resto de compañeros de ‘baile’.

Los cuatro grupos, además, deberán compartir las dos preguntas orales reservadas al Grupo Mixto en cada pleno. Cabe eso sí, la posibilidad, según confirman fuentes de las Cortes, que la Cámara sea flexible y permita que en lugar de dos preguntas –una dirigida al presidente de la Junta y otra al consejero de turno– se acuerden cuatro.

Será necesario encontrar un «arreglo práctico» para que ninguna fuerza política sea marginada y no se obstaculice el trabajo parlamentario, aunque, como aventura Luis Mariano Santos, el único representante de la Unión del Pueblo Leonés y el único con experiencia en el Grupo Mixto, su labor será «menos vistosa». «Hay que esperar a que se constituyan las Cortes y a que se establezca el sistema de funcionamiento» del Grupo Mixto, pero ya reivindica de antemano a la Mesa «generosidad para garantizar la participación de todos los partidos, por muy minoritarios que sean».

«Tenemos que sentarnos a hablar y aplicar el sentido común para llegar a acuerdos en esta situación sin precedentes en Castilla y León», añade un Pablo Fernández «a la expectativa», que pide «laxitud» a la Mesa de las Cortes. «Será cuestión de ponernos de acuerdo», recalca el neófito Pedro Pascual, que estrenará escaño y llevará la voz de Por Ávila, con la intención de «saldar la deuda histórica política de la Comunidad con la provincia».

Aunque ni siquiera se conocen personalmente todos los actores del grupo, ni han establecido contactos desde que los electores les dieron su respaldo, los tres procuradores con los que sí ha podido hablar este periódico se muestran, por tanto, abiertos al diálogo. Son conscientes de que si no llegan a un acuerdo, se los impondrán la Mesa. Y ante cualquier circunstancia que plantee dudas inéditas en la Comunidad, siempre se podrá recurrir a la experiencia del Congreso de los Diputados o del Senado, donde un buen puñado de partidos de lo más variopinto comparten grupo.

Solo Pablo Fernández y Luis Mariano Santos se conocen personalmente. Ambos mantienen, como aseguran, una perfecta relación labrada en sus encuentros durante la pasada legislatura. De hecho, la diferencia ideológica que les separa no será insalvable, según mantiene Santos, ya que como añade, «la convivencia fue perfecta» con José Sarrión, el procurador de IU con quien compartió grupo la pasada legislatura. «Cada uno defendía sus intereses, pero desde el máximo respeto», apostilla.

Fernández con el único partido con el que aventura discrepancias de calado es con Vox, al que llega a definir como un «oxímoron hecho partido político». «Ni siquiera sabemos si va a querer hacer preguntas un partido que desprecia las comunidades autónomas», se cuestiona.

Otra incógnita es conocer qué sillones ocuparán cada uno de los miembros de este grupo dentro de la última bancada del hemiciclo. Una única cosa está clara: «Podemos se sentará los más alejado de Vox que pueda», confirma Fernández.

La entrada precisamente de este último procurador en las Cortes lleva pareja una buena noticia para el bolsillo del grupo en general. Son cinco los procuradores que conforman el Mixto, por lo que no tendrán que repartirse los 16.800 euros que al año les otorga las Cortes en concepto de subvención fija a los grupos con menos de cinco miembros. Dispondrán, en cambio, de los mismos 42.000 euros al año fijo que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Eso sí repartidos en cuatro partes iguales: 10.500 euros cada uno al año, a lo que sumar la subvención de 39.960 euros por cada procurador conseguido.

Hechas las cuentas, Podemos recibirá una subvención de 90.420 euros cada año, al sentar dos procuradores, mientras que UPL, Vox y Por Ávila percibirán cada uno un global de 50.460 euros anuales.