Competencia exige anular el decreto de la Junta sobre las DO por otorgar el control a los consejos reguladores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordó ayer impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el artículo 49 del Reglamento de las denominaciones de origen (DO) y de las indicaciones geográficas (IGP) de calidad alimentaria de Castilla y León, aprobado el 20 de diciembre del año anterior por el Decreto 50/2018.

Dicho artículo, aprobado por la Junta de Castilla y León, reserva en exclusiva al consejo regulador de cada DO o IGP el control de que los productos cumplen con las características y los requisitos de calidad exigidos. Solo cuando no exista consejo regulador, o cuando aun existiendo, no esté acreditado o solicite no llevar a cabo el control, se permite a los organismos de certificación independientes prestar sus servicios.

Para la CNMC ese artículo «es contrario a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente y perjudica a los consumidores».

Además, antes de recurrir el decreto, la Comisión envió un requerimiento previo a la Junta de Castilla y León «para que justificase la regulación sobre la base de los principios de buena regulación económica o, de lo contrario, anulase la regulación anticompetitiva», comentan. De ese modo, la CNMC quería evitar tener que impugnar el decreto ante los tribunales. Sin embargo, dicen, no han recibido respuesta «y se ha presentado el correspondiente recurso contenioso-administrativo».

Pero la Junta lo desmiente, fuentes de la Consejería de Agricultura afirman que la respuesta se hizo el pasado 5 de mayo y el registro de salida del escrito está fechado el 9 del mismo mes. Desconocen qué problema ha ocurrido para que la CNMC no haya recibido su respuesta.

La Comisión puede impugnar actos de las Administraciones públicas sujetos al derecho administrativo, así como las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

«En la normativa nacional de aplicación de las DO e IGP supraautonómicas no se produce esa reserva a favor de los consejos reguladores», comenta la CNMC. Opina que reservar dichas tareas de control «impone restricciones a la competencia no justificadas, que perjudican a los consumidores».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sostiene que la «falta de competencia» en el control de calidad de los productos de las DO e IGP «puede conducir a un encarecimiento de los productos agrarios y alimenticios, y a que los controles sean de peor calidad, perjudicando a consumidores y usuarios».

El pasado mes de febrero la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se mostró convencida de que se podría resolver «sin mayor conflicto» el requerimiento efectuado por la Comisión.

La Junta tuvo entonces un plazo de un mes para derogar la medida restrictiva, aunque Marcos aseveró que se darían las explicaciones «pertinentes». La consejera comentó que el Ejecutivo autonómico dispone de informes de la Comisión Europea y de todos los órganos públicos y consultivos, e insistió en que Castilla y León apuesta por productos «de extrema calidad», lo que lleva a plantear que incluso las empresas «pequeñitas» tienen que tener «la garantía de financiar ese control de calidad».

Marcos apostilló que para llevar a cabo ese control no debía ser el supervisado quien eligiese al supervisor, sino que se establecería que puediera haber un órgano de control, como son los consejos reguladores, quienes «con el mismo criterio que controlan los productos que están bajo su amparo» pudieran llevar a cabo ese control.