El Consultivo ‘exime’ al Ayuntamiento del pago del estudio del parque agroalimentario

El inexistente Parque Agroalimentario de Valladolid dará que hablar y mucho tras las elecciones del 26 de mayo. Y no tanto porque pueda convertirse en una realidad más o menos inmediata, algo que está todavía por ver, sino porque el pago del estudio de viabilidad ha entrado en la vía contencioso administrativo al negarse a pagar el Consistorio de Óscar Puente los 250.000 euros que le reclama la empresa consultora catalana.

No obstante, el Ayuntamiento ya tiene un instrumento a su favor para ganar judicialmente el conflicto. El Consejo Consultivo le ha dado la razón en un dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que considera que «procede resolver el contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica» para la elaboración del estudio de viabilidad suscrito entre el Consistorio y Management Outplacement Administration (MOA).

El dictamen del Consultivo, que es preceptivo pero no vinculante, avala los sucesivos informes municipales que argumentan el incumplimientos de los plazos y de los contenidos exigidos en el contrato, al tiempo que hace suyas las alegaciones del Consistorio a las tesis de la consultora y asume la negativa municipal a conceder una nueva prórroga.

El Ayuntamiento de Valladolid pretendía ubicar en el entorno de los nuevos talleres de Renfe, en el Páramo de San Isidro, el futuro polígono. La «puesta en marcha del parque agroalimentario» fue uno de los diez «compromisos significativos» del PSOE en las elecciones municipales de 2015 y uno de sus incumplimientos porque ni llegó a ser realidad el estudio de viabilidad ni, por lo tanto, el Parque Agroalimentario.

El incompleto estudio que presentó MOA apenas recogía un «estudio de mercado» en el que valoraba la demanda potencial de espacio y servicios especializados orientados a la industria agroalimentaria.

El documento entregado ignoraba apartados tan relevantes como los objetivos del Parque, su orientación, el estudio técnico sobre infraestructuras y equipamiento, el plan de inversiones, el modelo de negocio, el estudio económico-financiero y el plan de implantación, entre otros apartados del contrato firmado hace año y medio.

Todas estas carencias llevaron al Consistorio vallisoletano y a la Concejalía de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica, que dirige AntonioGato, a admitir solo el pago de 17.961 euros de los 249.018 acordados. La consultora rechazó los argumentos municipales y presentó en el Ayuntamiento la factura, cuyo pago fue denegado por un decreto de la Alcaldía.

PRUEBA SUSTANCIAL

La Consultora recurrió entonces la decisión del Consistorio ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, a quien el Ayuntamiento remitirá ahora el dictamen del Consultivo «como algo sustancial» del procedimiento, en palabras de Antonio Gato.

Se da la circunstancia de que la consultora, que anunció la presentación del contencioso, no ha interpuesto aún la demanda, según aseguran fuentes municipales.

El Ayuntamiento de la ciudad llevará el próximo 22 de mayo a la junta de Gobierno el acuerdo de rescisión definitiva del contrato junto a los informes favorables del interventor y de la Asesoría Jurídica.

El contrato que ahora se rescindirá definitivamente se firmó en el mes de diciembre de 2017. El plazo inicial acordado para su ejecución ejecución fue de 22 semanas y debía de finalizar el 16 de mayo de 2018. No obstante, el contratista pidió, cinco días antes de expirar el plazo, una ampliación de cuatro semanas que fue admitida por el Consistorio con el fin de que MOA presentara el estudio el 10 de julio de 2018.

Los plazos y el contenido no se cumplieron, según el Ayuntamiento. Faltaba algo esencial: el documento donde se debían de precisar los objetivos y orientación del Parque Agroalimentario, sin los cuales no se podían evaluar otros apartados del estudio.

«Los incumplimientos señalados se consideran esenciales para el cumplimiento del contrato», advertía el Consistorio en su informe de resolución del contrato fechado el 13 de septiembre, donde revelaba que la adjudicataria estimaba en 382 millones de euros el importe del proyecto. Cinco días después, MOA respondía negando que hubiera incurrido en estos incumplimientos, aseguraba que había «actuado de buena fe» y que estaba dispuesta a atender las sugerencias y modificaciones que planteaba el Consistorio, al tiempo que pedía una nueva prórroga que finalmente no le concedió el Ayuntamiento.

NUEVAS VERSIONES

Curiosamente, según relata el dictamen del Consultivo, la consultora llegó a presentar en noviembre del año pasado nuevas versiones de los estudios junto a las alegaciones a la decisión municipal de rescindir el contrato, llegando a afirmar que el pliego de condiciones no precisaba un plazo determinado de entrega de los trabajos. El 4 de enero de este año, el Consistorio iniciaba el procedimiento para resolver el contrato que en diez días llevará a la junta de gobierno.

El dictamen del Consejo Consultivo, fechado el pasado 2 de mayo, recuerda que la doctrina jurisprudencial y del Consejo de Estado considera que «no basta cualquier incumplimiento contractual» para que se produzca la resolución de un contrato, «sino que ha de traducirse en una valoración de incumplimiento grave y de naturaleza sustancial», al considerar la rescisión «la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia».

Para calificar de grave lo ocurrido debe hacerse patente «una voluntad rebelde a su incumplimiento», «una pasividad dolosa, culposa o negligente imputable al contratista» y bastaría «el simple retraso», según el Tribunal Supremo, que ha fallado en sentencias en línea con los fundamentos del Consejo de Estado.

El Consultivo ve graves los incumplimientos y por eso dictamina a favor del Ayuntamiento, «sin perjuicio de la eventual exigencia de los daños y perjuicios» que, en su caso, haya podido ocasionar la consultora.

El proyecto pierde peso en el programa electoral de 2019

De ser uno de los diez grandes compromisos de Óscar Puente en la legisaltura que ahora termina, la «puesta en marcha del parque agroalimentaria» ocupa ahora un lugar más secundario en las promesas electorales de los comicios de 2019. Si hace cuatro años se anunció como algo que se llevaría a cabo tars el correspondiente estudio de viabilidad, ahora se plantea como la «elaboración del proyecto de Parque Logístico-Agroalimentario». El apartado número 26 del nuev programa dice literalmente: «Tratándose de un proyecto estratégico para Valladolid contará con un completo plan de viabilidad que motive el mejor aprovechamiento de la inversión pública y privada a realizar, dándole la dimensión y enfoque que mejor responda al interés de la ciudad».

La decisión de avanzar hacia la posible construcción del parque en Valladolid provocó malestar en la Junta de Castilla y León. La exconsejera Milagros Marcos apostaba porque estos polígonos se ubiquen en el medio rural, en entornos cercanos a los agricultores.

El Ayuntamiento contaba con la ayuda de la Junta de Castilla y León y su participación en el futuro consorcio previsto para gestionar el parque, en el que también estarían Vitartis, Mercaolid y Mercasa. El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, y el edil de Urbanismo e Infraestructuras, Manuel Saravia, se reunieron en su momento con Marcos, para exponer el proyecto. Meses después, la titular del ramo respondió para decir ‘no’.