Militantes y cargos denunciarán a Cs en la Audiencia Nacional por el pucherazo

Mientras Francisco Igea, el mismo que denunció y amenazó a su partido a la puerta del juzgado por el pucherazo, ahora calla cuando de acudir a los tribunales se trata y, a la vista de sus últimas declaraciones, parece conformarse todo «solventado» de Albert Rivera, un centenar de militantes y cargos de Ciudadanos denunciarán al partido ante la Audiencia Nacional por el escándalo de las primarias.

La dirección nacional de Ciudadanos, con sus presidente Albert Rivera como estilete, quiere dar carpetazo al escándalo del intento de pucherazo en las primarias de Castilla y León y dar el caso ya por «solventado», como indicó ante Igea el viernes pasado el propio líder nacional del partido en una entrevista de Ical. Un pasar página al que no parecen estar dispuestos militantes y cargos del partido naranja que, según publica la Cadena Ser, preparan una querella por los delitos de falsedad documental, corrupción entre particulares o revelación de secretos.

Más de un centenar de militantes, según la información recogida por la Ser, entre los que habría concejales y cargos locales y regionales de Ciudadanos, tienen la intención de denunciar ante la Audiencia Nacional el pucherazo, si en el plazo de una semana la ejecutiva que preside Albert Rivera no las esclarece. Este grupo, del que ninguno quiere hacer de portavoz «por temor a las represalias», señala la Ser, se habrían organizado desde que se descubrió el escándalo del pucherazo en las primarias de Castilla y León.

Militantes y cargos que entienden que desde el partido, y más concretamente desde la comisión de valores y garantías se ha respondido «con evasivas, ofreciendo información parcial y sesgada, al tiempo que ha vertido diversas amenazas sobre potenciales denunciantes». Actitud amenazante que, según se recoge en la información de la Ser, les habría molestado sobremanera.

De lo que también acusarían este centenar de militantes a la dirección de su partido es de «diversas irregularidades cometidas y asociadas al proceso de primarias sin que se tenga conocimiento de que el partido haya realizado una auditoría que aclare cómo se ha intervenido en el falseamiento del sistema de votación, con qué fines y quiénes hayan sido los responsables», señalan a la Ser.

Lo que tampoco se ha aclarado es cómo desde la comisión de valores y garantías se dio validez a un acta donde el número de votos emitidos (1.013) era menor al de los apoyos recibidos por los candidatos Silvia Clemente, Francisco Igea y Vanesa Pérez (1.094), 81 votos de diferencia que, después, resultaron ser 82 votos fraudulentos a favor de Clemente.

Mientras, al candidato a la Junta el tiempo parece haberle aplacado sus ganas de justicia iniciales. Igea, durnte su visita a Soria, avanza que no contempla adherirse a la demanda anunciada por el centenar de cargos y militantes de la formación naranja.

Si aquel domingo se plantaba en los juzgados amenazando a la dirección nacional con cursar una demanda si no se paralizaba el proceso, tal y como desveló este periódico, ayer manifestaba su total confianza en la investigación del comité de garantías de Ciudadanos.

«Confiamos en el trabajo que está haciendo el comité que es a quién corresponde estatutariamente resolver este asunto». El ahora conformista Igea considera que «se ha resuelto la parte más importante del proceso» y asegura sentirse «cansado» de que «algunos nos den lecciones de cómo se manejan unas primarias». «Lo hemos resuelto en 24 horas y se mantiene el candidato que votaron los militantes, no pueden decir lo mismo PSOE y PP, por lo tanto, lecciones las justas», insiste.

Igea quiere recordar que el comité de garantías es un órgano «independiente» de la dirección del partido y que está «formado por juristas». Cuestionado por una posible adhesión a la demanda certifica que «no pensamos adherirnos porque hemos dejado la responsabilidad en el comité de garantías». «Sabrán qué decisiones se debe tomar y en qué caso, si se da un supuesto delictivo, tienen que acudir o no a la justicia», añade.

El ya candidato limita su papel en el procedimiento a lo ya conocido. «Nosotros denunciamos, se ha resuelto el recuerdo, el nombramiento de candidatos y es el Comité el que tendrá que valorar qué hace cuando haya concluido la investigación». Igea vuelve a apuntar a PP y PSOE recordando que «en otros casos hemos conocido hechos delictivos más graves dentro de sus partidos y no les hemos visto acudir a la justicia».

Ahora, Igea no considera que se esté produciendo un cierre en falso. «Se está estudiando y podemos repetir la misma respuesta, confío plenamente en la resolución del asunto, se va a resolver, como he dicho a los militantes, y lo repetiremos hasta la saciedad, pero las cosas tienen un camino y están en el camino correcto».

Cuestionado por las posibles responsabilidades, defiende que ya se han ejercido «responsabilidades políticas, que tampoco pasa en todos los partidos». «Si hay responsabilidades de otro tipo hay que determinarlas con precisión», manifiesta aseverando que «no se puede frivolizar con un asunto que puede entrañar, o no, responsabilidades legales». «No seré yo quién frivolice, ni pondré nombres o una acusación que todavía está por demostrarse y que para eso está la investigación», concluye.

Por su parte, la concejala de Burgos, Gloria Bañeres, indica que «el proceso de investigación sigue abierto. «De Castilla y León no sé de nadie que esté en ese movimiento de afiliados que plantean acudir a la Audiencia Nacional, dado que el comité no se ha pronunciado y, entiendo, que tiene más que ver con los procesos cerrados en otras comunidades», explica Gloria Bañeres. Así las cosas, la edil de Ciudadanos mantiene la «confianza en el comité» del que espera «una resolución clara, que esclarezca hasta donde pueda lo que pasó y cómo pudo pasar, al final, la transparencia es la mejor estrategia para mantener la confianza en el partido».