El ‘grupo’ Samaniego carga contra la inconsistencia de los peritajes municipales

«¿Se puede valorar una obra con fotografías de Google posteriores al trabajo realizado?» «¿Se puede evaluar un trabajo en altura con una foto desde pie de calle?» Los cuatro miembros del ‘grupo’ Samaniego cargaron ayer con dureza contra la poca «seriedad» de los informes de los peritos municipales que les han llevado al banquillo.

Desde ayer y hasta el 15 de marzo los cuatro están siendo juzgados en la Audiencia de Valladolid. Con más cargos, ya que es funcionario público, el ex jefe del Centro de Mantenimiento de Edificios del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego Conde, por beneficiar presuntamente a empresas de su entorno familiar entre 2000 y 2014. La acusación pública, ejercida por la ex fiscal jefe Esther Pérez Jerez, pide en concreto 11 años de prisión para Samaniego por los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad en documento mercantil.

El ministerio público solicita también siete años y diez meses de cárcel por los mismos delitos para cada uno de los otros tres investigados: el hijo del principal acusado, Luis Javier Samaniego; un primo del principal investigado, Antonio Bernardo Samaniego, que llegó a ser presidente de Aveco, y para el administrador de algunas de las empresas adjudicatarias, Miguel Ángel Rodríguez Patín. En total, 34 años y medio de cárcel, frente a los 45 de prisión que interesa la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Valladolid.

Los cuatro acusados no solo negaron los tres tipos de supuestos delitos –adjudicar a sus empresas los trabajos;un sobrecoste por importe de 671.877 euros en algunas facturas y cobros de 88.269 euros por trabajos no realizados–, sino revelaron que «no ganaron nada» con estas contrataciones, al tiempo que protestaron porque dos encargados con poder de firma en las facturas del Centro de Mantenimiento –los encargados Julián de Pedro Peláez y María Jesús Benito– no hayan sido siquiera citados a declarar en el juicio.

Había especial interés por saber qué tenía que decir Samaniego Conde, considerado como ‘cerebro’ de la supuesta trama desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento del Ayuntamiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras.

Según la Fiscalía, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

2.400 facturas al año

Pero Samaniego Conde no se prestó a contestar las preguntas de la fiscal Pérez Jerez ni del letrado del Consistorio, Rafael Guerra, una decisión que secundó su vástago, Luis Javier. Solo a las cuestiones de la defensa, que le pusieron en bandeja un relato de asombro ante el hecho de verse expuesto a 11 años de cárcel como pide la Fiscalía y a quince, como solicita el Ayuntamiento.

Aseguró Samaniego Conde que el Consistorio ya llevaba encargando trabajos a empresas de los Samaniego desde «28 años antes» de que él adquiriera en 2005 Castellana y Leonesa de Mantenimiento (Caleman), ya que Constructora Castellana comenzó su actividad con su tío Antonio Samaniego y luego el hermano de éste, Jesús. En esa época era aparejador municipal, pero no tenía relación alguna con el Centro de Mantenimiento.

El principal acusado insistió en que, como jefe del Centro de Mantenimiento desde 2000, debía de dar respuesta diaria a numerosos frentes con un equipo algo ajustado de 50 personas –una encargada, tres capataces, seis electricistas, seis cerrajeros y seis carpinteros, entre ellos– y «un solo albañil, para 300 edificios municipales, que carecía el curso de prevención de riesgos obligatorio y no podía siquiera subir a los tejados», apuntó.

Por ello, recordó que, en ocasiones, las firmas de facturas las realizaban los encargados Julián de Pedro (2008-2010) y posteriormente María Jesús Benito (2010-2014). «Eran mi mano derecha en el edificio de Las Eras. Firmaban obras, adjudicaban y realizaban las gestiones a las que no llegaba, ya que llevábamos el mantenimiento de centros cívicos, sociales o de limpieza... 300 en total», recalcó Samaniego Conde, quien indicó que cada año firmaba 2.400 facturas de distintas empresas ajenas y propias.

La actuación de Julián de Pedro como encargado –que no está investigado– suscitó la queja de la defensa porque éste no fue interrogado en fase de instrucción, motivo por el cual el defensor alegó ayer «indefensión» ante el tribunal al considerar que su testifical es clave. «De 2008 a 2010 dio el visto bueno a 105 facturas, por 117 de Samaniego; a 45 informes de obra por 70 de Samaniego 15 expedientes de obra, por 14 de mi patrocinado», expuso el letrado.

También precisó el ex jefe de Mantenimiento que los trabajos a realizar, si eran menores, los ejecutaba directamente el Centro, pero si eran de mayor cuantía en muchas ocasiones lo pedía el Servicio del área correspondiente directamente a empresas familiares suyas o a otras externas.

«¡Hemos trabajado quince años porque eran trabajos buenos y baratos! Yo era el primer interesado en quedar bien, no en incrementar los precios», clamó el aparejador, quien insistió en que «nunca tuvieron una queja» y que «múltiples contratos» se adjudicaron en su época a otras empresas distintas del grupo Samaniego».

Aunque el informe sobre las facturas objeto de investigación imputa más de 1.300 a Luis Alberto Samaniego, éste, durante su declaración, alegó haber firmado únicamente 150, de las que 88 son señaladas por los técnicos municipales como irregulares, bien porque no responden a trabajos ejecutados o bien porque cuentan con presupuestos ‘engordados’, con la particularidad, censuró el procesado, de que en un 20% de los casos los peritos ni siquiera han visto las obras ‘in situ’ y las han valorado en horas.

Coworking

En la misma línea, su hijo Luis Javier, cargó contra la escasa «seriedad» de las valoraciones de los trabajos realizados por sus empresas. No solo censuró que hayan incluido una obra con exceso de coste, un expediente que ya desechó el propio Consistorio al no ver irregularidad, sino que las anotaciones de los peritos municipales denotan, a su juicio, un nulo rigor. «Tengo anotaciones del tipo: ‘No es posible imposible determinar el alcance y la extensión de los trabajos’ o ‘No ha sido posible contrastar fehacientemente los trabajos realizados en la cubierta’», se quejó Luis Javier, quien indicó también que todas las empresas del grupo estaban en una misma sede por razones de ‘coworking’.

«Cuando saltó todo, la gente fue a salvar su culo»

El primo del principal acusado, Antonio Bernardo Samaniego Fernández, sí respondió a las preguntas de la fiscal y del acusador particular para sostener que el balance de realizar trabajos para el Centro de Mantenimiento fue casi ruinoso. De hecho, negó que trabajaran como grupo. «Lo niego en mi caso. Mi primo no me informaba de nada. No teníamos el trabajo garantizado. He trabajado sin llegar acuerdos con nadie y menos de naturaleza ilegal. Es más, de algunas sociedades no he sabido nada hasta 2014, ni que existían», recalcó. Una respuesta que llevó a la fiscal a afilar el lápiz de la ironía. «¿Quiere decir que no conocía Construcciones Tarifa, Bullón, Pintia, Reformas Aliva, ni siquiera compartiendo sede?». «¡Es que no sé si compartíamos sede!», contestó el acusado.

El ex presidente de Aveco señaló que si Castellano Leonesa de Mantenimiento e Infraestructuras Urbanas ingresaron pagos de sus empresas (Caleman y Castellana Industrial) entre 2006 y 2014 fue por que eran los «proveedores de obras». ¿Ypor qué ingresó dinero en Arroyo Santa Cruz si no era proveedora de obra?», preguntó la fiscal. «Porque era la propietaria de la sede Constructora Castellana, que estaba a punto de entrar en concurso de acreedores», respondió el ingeniero industrial.

El acusado explicó que la época investigada 2000-2014 se caracterizó por una gran crisis en la construcción, razón por la cual, crearon varias empresas. En su caso diversificar para acertar con un sector emergente que compensara la caída de otras empresas puramente constructoras. Y por la misma razón de subsistencia, repartió el trabajo entre mercantiles para que todas estuvieran «vivas» a la espera de mejores tiempos, ya que Constructora Castellana e Infraestructuras Urbanas estaban en una «situación límite». Antonio Samaniego confesó también que todo el ‘Caso Samaniego’ lo achaca a una búsqueda de cabezas de turco. «Se hizo una bola y utilizaron términos muy fuertes, tipo banda o grupo criminal. Todo el mundo fue a salvar su c... Se creó una verdad documental que no se correspondía con la verdad real. Ytodo lo que era ejemplar giró a lo contrario».