El ‘grupo’ Samaniego se enfrenta a 34 años en el juicio por fraude que empieza el lunes
El fiscal ve además delito de negociaciones prohibidas para funcionarios, falsedad y estafa para los cuatro investigados / Considera al ex jefe de Mantenimiento municipal como cerebro de formalizar facturas por 11ME
La Fiscalía de Valladolid pide un total de 34 años y medio de prisión para los cuatro investigados por fraude en el denominado ‘Caso Samaniego’ en el cual, durante catorce años, tipifica hasta tres presuntos delitos diferentes: autoadjudicar a sus empresas las obras que necesitaba el Ayuntamiento; imprimir un sobrecoste a los trabajos para llevarse el margen inflado y facturar por obras no realizadas. El ‘Caso Samaniego’ es el mayor escándalo de la historia reciente en el seno del Consistorio de Valladolid.
El caso se verá desde el próximo lunes 11 de marzo hasta el jueves día 15, en un juicio que celebrará la sección segunda de la Audiencia de Valladolid.
De los cuatro investigados, el Ministerio Público considera como ‘cerebro’ de la supuesta trama a Luis Alberto Samaniego Conde. Desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.
En concreto, la acusación pública pide para Samaniego Conde un total de once años de cárcel –en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público–, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.
Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas y administrador de algunas empresas adjudicatarias, Miguel Ángel Rodríguez Patín, solicita 7 años y 10 meses para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.
Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.
El Consistorio vallisoletano, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas ya que ve hasta seis delitos: prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pide para Samaniego Conde15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros.
En el escrito del ministerio público, conocido ayer, solicita también, por los mismos delitos, aunque sin el agravante de prevalerse del carácter público que sí concurre en el primero, penas de 7 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los otros tres investigados por la presunta trama mantenida durante 14 años para la adjudicación de contratos del Ayuntamiento: el hijo del principal acusado, Luis Javier Samaniego, un primo, Antonio Bernardo Samaniego, y para el administrador de algunas de las empresas adjudicatarias, Miguel Ángel Rodríguez Patín.
Pero incluso con rebaja, la línea argumental de la Fiscalía sobre el procedimiento de los investigados es la misma que mantiene el Ayuntamiento. Sostiene el ministerio público que «aprovechándose» de que la propuesta para ejecutar las obras «la realizaba el propio acusado (Samaniego Conde)», y de que al tratarse de contratos menores no era necesaria la concurrencia pública, desde el año 2000 propuso para la adjudicación de los trabajos a empresas «de las que era administrador él mismo», su hijo, su primo o el socio en algunas de ellas: Rodríguez Patín.