Los abogados analizarán si hubo también profanación de cadáver
La Plataforma sospecha que las prácticas continuaron desde 2015 hasta la fecha / «Los afectados tienen derecho a indemnización por daños morales»
Los abogados de los afectados en el momento de acceder al Juzgado.-ICAL
Los abogados que han impulsado la primera plataforma de afectados por la supuesta estafa de El Salvador, anunciaron ayer que analizarán si en las prácticas de la empresa de los Morchón pudo incurrirse también en un delito de profanación de cadáver, aunque recalcaron que está «por determinar», sin darlo por hecho, hasta conocer «en profundidad el sumario».
Así lo manifestó la abogada Bárbara Royo que, junto al despacho Castellana 266, han impulsado la ‘Plataforma de Afectados La Funeraria El Salvador’ (Plat Afectados, en las redes) que ha atendido hasta el momento a cien afectados, cada uno de ellos en diferentes estados de avance en el proceso, ya que algunos ya han aportado toda la documentación y están acreditados como perjudicados, y otros están en la fase de recopilación de facturas. «A lo largo de la instrucción tendremos que ver si se produjo profanación de cadáver o se vulneró la integridad moral, para añadir los a los delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal», indicó.
Los abogados entregaron ayer en el Juzgado de Instrucción 6 que investiga la ‘Operación Ignis’ el primer paquete de 25 peticiones documentadas para poder ejercer la acusación particular. En días sucesivos irán entregando más peticiones.
Royo explicó que no se puede hablar de una ‘demanda colectiva’. «Es un tema penal con diligencias abiertas y lo que hacemos es personarnos, pero no colectivamente porque cada uno de los afectados tiene particularidades diferentes y tiene que ser de forma individual, algo que va a agilizar el proceso, porque ya no hace falta que vayan a Comisaría de Policía a denunciar los hechos», advirtió.
Entre los casos expuestos, Royo informó que un cliente ha pagado hasta 6.000 euros y hay familias que tienen hasta dos casos.
«Alguno ya sospechaba porque había visto cosas raras, como que el féretro no era el elegido, pero en aquellos momentos no puedes llegar a pensar que llegue tanto. Son momentos muy tristes», indicó.
«macabro y miserable»
El denominador común de los perjudicados es el de personas muy afectadas anímicamente. «Estamos encontrando gente destrozada. Auténticas tragedias familiares», agregó la abogada Patricia Catalina. «Hay familias que aún no han superado el duelo y otras tienen un dolor enquistado, patológico. No saben dónde velar a su ser querido. Nos empezaron a llamar a distintos despachos y hemos dado el paso porque no se puede consentir. Hemos visto algo tan macabro y tan miserable, que vamos a intentar que todo el que lo haya cometido, que pague y que resarzan a las familias», indicó Catalina.
La última detención e ingreso en prisión por este caso se produjo el pasado 8 de febrero cuando el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo en la calle a Laura Morchón de 33 años, sin antecedentes, e hija de Ignacio.
La hija pequeña del fundador y propietario del grupo El Salvador, era en la actualidad directora gerente del tanatorio El Salvador. Fue arrestada en la calle, cuando se dirigía al trabajo, en lo que fuentes policiales denominan como un arresto «programado», conocedores de su rutina diaria.
Calificación genérica
Tras la detención fue conducida directamente al Juzgado de Instrucción 1, en funciones de guardia. Después de prestar declaración ante el magistrado, fue enviada a prisión.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León informaron que todos los investigados en la operación, en total 16, lo son en unas diligencias abiertas por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Se trata de una calificación jurídica «genérica y provisional». Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial «permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos», indicaron.