Catorce detenidos por estafar a usuarios de la funeraria El Salvador con el cambio de ataúdes

Sorpresa e incredulidad en la mañana de ayer en el tanatorio que tiene el Grupo El Salvador del Camino del Cementerio ante la irrupción de decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de uniforme y de paisano. Eran las siete de la mañana y empezaba una redada ordenada por el juzgado en busca de pruebas por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en la prestación de servicios funerarios a clientes de este grupo. Un delito que se habría cometido a lo largo de varios años.

Agentes de la Policía Científica y personal del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valladolid, dependiente de la Agencia Tributaria, registraron las dependencias durante toda la mañana y se incautaron de abundante documentación, ante la mirada atónita de quienes asistían a los velatorios en las nueve salas que estaban ocupadas, de las 15 que tiene el tanatorio.

El despliegue policial de la operación Ignis, así denominada, alcanzó también las oficinas que el Grupo El Salvador tiene en la calle Angustias, donde varias dotaciones permanecieron durante buena parte de la mañana.

En paralelo a la intervención que se llevaba a cabo en el tanatorio y en la calle Angustias, la Policía realizó registros en los domicilios de los investigados en esta macrooperación, que se saldó con la detención de 14 personas, una de ellas en unas dependencias anexas al tanatorio. Los registros en los domicilios, en la capital vallisoletana, se prolongaron hasta bien entrada en la tarde y proporcionaron a los agentes un importante volumen de documentos. En total el dispositivo desplegado en la intervención estuvo compuesto por unos sesenta funcionarios, lo que da una idea de la envergadura de la operación.

Tras darse por terminada la primera fase de la actuación policial, la titular del Juzgado de Instrucción número 6, encargada del caso, levantó el secreto de sumario sobre las actuaciones.

La redada de ayer se produce dos años después del proceso judicial iniciado en 2017 entre el Grupo El Salvador y un ex trabajador, quien reveló la existencia de prácticas irregulares en la prestación de los servicios funerarios. Una de las prácticas que se investiga, y la que está en el origen de la operación policial, es el supuesto cambio de ataúdes en los casos de incineración, consistente en la sustitución de la caja elegida por el cliente por otra de menor precio de manera que la primera seleccionada podía utilizarse de nuevo. Entre las irregularidades que se investigan estaría también la supuesta reutilización de los ornamentos florales, otro de los servicios que ofertan las funerarias.

Esta práctica se remontaría a varios años y el volumen de la estafa alcanzaría cifras considerables. Además de la presunta comisión de un delito de estafa continuada, a los detenidos se les atribuye un segundo delito por pertenencia a una organización criminal.

El Grupo El Salvador desmintió ayer de forma categórica en un comunicado que se cambien ataúdes en sus instalaciones y señaló que mantienen «rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia en los procesos de incineración».

Pero no será fácil para los que ayer velaban a sus familiares en tanatorio de El Salvador olvidar una escena tan inusual en un lugar tan discreto.

Las instalaciones del Grupo El Salvador en el Camino del Cementerio eran en la mañana de ayer un ir y venir de agentes de la policía de paisano con chaleco amarillo, que se cruzaban en los pasillos con los grupos de personas que asistían a los velatorios. Mientras varios agentes inspeccionaban la oficina de la dirección, otro grupo pasó buena parte de la mañana en las dependencias del crematorio. Desde el exterior, expuestas en una vitrina, podía observarse una variada gama de urnas para depositar las cenizas.

Pasadas las doce del mediodía, los policías, con maletines y cámaras de fotografía, abandonaron esta parte del tanatorio, aunque el registro prosiguió en las dependencias de la segunda planta, también ocupada por varias salas funerarias.

El tanatorio que ayer fue ocupado por la Policía es el mayor con el que cuenta el grupo. Renovado en 2012 tras una importante inversión, pasó de tener nueve salas a las 15 con las que cuenta ahora y una superficie total de 6.000 metros cuadrados repartidas en tres plantas, una de ellas subterránea para aparcamiento,

El Grupo El Salvador se presenta en su página web como una empresa líder en servicios funerarios de Castilla y León. Además de contar con el tanatorio del Camino del Cementerio y de la Agencia Funeraria Castellana, en calle Angustias, se ocupa de la gestión del cementerio-jardín parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga.

Constituida en diciembre de 1985 como una empresa familiar, está implantada también en la provincia, donde cuenta con otros cuatro tanatorios: Medina de Rioseco,Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, este último inaugurado el pasado año. La operación policial de ayer se limitó, sin embargo, a las dos sociedades mercantiles que tiene el Grupo El Salvador en la capital vallisoletana.

También desde 2015 se encarga de la gestión pública de tanatorio de Montemayor de Pililla. Su política de expansión llevó a este grupo a presentar un proyecto de tanatorio para Olmedo, pero el ayuntamiento de este municipio no concede, por ahora, licencias para este tipo de instalaciones.

Con una plantilla de 70 personas, en la portada de su web se explica que el objetivo es abarcar todo el proceso de defunción, desde la prestación del servicio funerario hasta la gestión en su propio cementerio, en Santovenia, o facilitando la concesión administrativa en otros cementerios públicos.

Añade que como empresa funeraria está capacitada para realizar traslados desde Valladolid a cualquier punto de España e incluso destinos internacionales.