La juez archiva el caso de la niña de Peñafiel víctima de supuestos abusos
Estaba protegida por la Junta y vuelve con su familia / El juzgado no ve acreditados los hechos
La Guardia Civil de Valladolid ya advirtió desde el primer momento que el asunto de la niña de 10 años de Peñafiel sometida supuestamente a prostitución «no estaba nada claro» y el final del caso ha sido, efectivamente, el carpetazo a las investigaciones por parte del Juzgado «al no haber quedado acreditado los hechos». Algo que ya daba a entender el hecho significativo de que la Guardia Civil no hubiese practicado ni una sola detención en un mes de pesquisas.
Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informaron ayer que la menor ya no está bajo protección de la Junta y que ha regresado con su familia, del mismo modo que el Instituto Armado comunicó que sus investigaciones –todas con resultado negativo– ya concluyeron y se enviaron a la magistrada instructora.
La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha archivado el caso de la menor que fue puesta bajo protección de la Consejería de Familia el pasado 1 de noviembre –y alojada en un centro de protección de la provincia–, después de que una trabajadora social trasladase a la Guardia Civil los comentarios que circulaban, según esta mujer, en el colegio de la niña y en determinados círculos de Peñafiel, acerca de que había sido presuntamente obligada a prostituirse.
Nada de esas graves sospechas se ha podido probar en este mes de investigaciones, a pesar de que el caso se investigó con lupa. De una parte, la juez encargó una exploración física de la menor y un reconocimiento psicológico de la escolar. Además el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Benemérita interrogó a familiares, allegados, amigos y vecinos. Más aún, la juez antes del sobreseimiento, encargó a los Servicios Sociales de la Junta un informe sobre la situación familiar de la menor.
La conclusión: todo en orden. O dicho de otra forma, la alerta lanzada a la Guardia Civil carecía de todo fundamento, algo que fuentes del caso achacan a un «exceso de celo» en profesionales los servicios sociales, en este caso de la Diputación, tras el suceso dramático de la niña Sara, de 4 años, asesinada y violada en su domicilio de la Rondilla el 3 de agosto de 2017.
Un caso que se verá en un juicio con jurado probablemente a finales de abril de 2019, con la madre biológica y el ex novio de ésta como acusados de un delito castigado con prisión permanente revisable, según interesan la Fiscalía y las dos acusaciones populares.
ABUSOS DESCARTADOS
En el caso de la menor de 10 años de Peñafiel, todas las pruebas han ido convergiendo en que no se sustentaba la alarma. La exploración forense a la menor, como ya adelantó EL MUNDO DE VALLADOLID el pasado 13 de noviembre, dio resultado negativo.
El informe forense físico concluyó que no tiene ninguna secuela de abuso sexual y que la integridad de su cuerpo es igual que la de cualquier niña de su edad, por lo que en este aspecto queda descartado que fuera objeto de agresiones sexuales continuadas, tal y como arrancó la investigación el pasado 1 de noviembre por parte de la Guardia Civil de Peñafiel.
El caso de la niña peñafielense fue abordado en los primeros días por responsables de las principales instituciones, principalmente para demandar prudencia y pedir tiempo para esclarecer los hechos. La subdelegada del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero, pidió el 6 de noviembre actuar con la máxima «prudencia»- «Al tratarse de una menor, ruego prudencia para dejar practicar tranquilamente todas las pruebas y diligencias necesarias», advirtió la subdelegada.
Ese mismo día, el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, condenó este los presupuestos abusos sexuales a la menor y ha pidió que el caso se investigase «a fondo», unos hechos «muy graves» y un asunto «muy delicado», por lo que abogó por una investigación exhaustiva.