La Junta saca a una empresa del concurso para el Parque de Proveedores por un posible trato de favor

A veces basta un pequeño empujón para dar un paso definitivo. Y eso fue lo ocurrió ayer en el panorama político regional. La Junta de Castilla y León elevó a la Fiscalía un supuesto caso de información privilegiada en el Parque de Proveedores del que tuvo conocimiento, como reconoció la propia consejera de Economía y Hacienda, tras una rueda de prensa que el Grupo Parlamentario Socialista ofreció a primera hora de la mañana para poner estas «irregularidades» sobre la mesa.

El pistoletazo de salida a este documento lo dieron los procuradores José Francisco Martín y Pedro González. Los socialistas anunciaron su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía «un posible delito de información privilegiada» en el proceso de contratación de dichas obras con la presunta filtración de un expediente a la empresa Padecasa Obras y Servicios. Aunque esta compañía no se hiciera finalmente con la adjudicación de las actuaciones, el PSOE vislumbra «principios de delito» por prevaricación y tratos de favor.

Pilar del Olmo explicó, en declaraciones recogidas por las agencias, que el informe sobre dicho proceso de contratación, en el que advierte de una posible filtración de pliegues, lo elaboró la Inspección de los Servicios el pasado 29 de agosto pero fue un día después cuando entró en el registro del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y, por lo que a su juicio puede calificarse de «error administrativo» no llegó a su director, José María Ribot, a quien iba dirigido.

Tras conocer que el destinatario no recibió el documento, la titular del departamento de Economía y Hacienda registró un escrito de denuncia que por la hora –cerca de las dos de la tarde– fue firmado en el juzgado de guardia de Valladolid en lugar de directamente en la Fiscalía.

«Somos una Consejería totalmente transparente», sentenció su máxima responsable. «Prueba de ello» es, a su juicio, que el expediente sea «público» y esté colgado en la página web del ICE. «Ustedes pueden acceder y ver todos y cada uno de los pasos afirmó». Después de aludir al portal, Del Olmo tildó de «mentira» las acusaciones socialistas que ven «secretos» en las dificultades que han encontrado, según reprocharon, en llegar a la dicha información.

Otra prueba de esta transparencia es, para la consejera del ramo, la comunicación de los hechos a la Fiscalía en cuanto ha sido conocedora de los mismos. Asimismo, Del Olmo recomendó al «señor estiércol y al señor serrín», parafraseando al Josep Borrel y en referencia a los procuradores socialistas, que dejen de «levantar sospechas sobre gente honrada» y miren «dentro de las filas» de su partido. En este sentido, recordó las dimisiones de dos ministros de Pedro Sánchez al verse salpicados por diferentes casos, a las que sumó otros cuatro que «arrastran procesos de corrupción».

Indicios

«No se puede permitir que unas empresas conozcan los pliegos de contrataciones antes que otras». Esta premisa era el aval con el que el presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Pedro González, y el secretario general, José Francisco Martín, anunciaron la decisión que ejecutaría el Gobierno autonómico horas después.

Los socialistas explicaron que la denuncia surge de la tramitación de un expediente por parte de la Mesa de Contratación en la que la empresa Padecasa presenta unas condiciones en virtud de un pliego que «bien porque se lo pasaron mal o bien por un cambio posterior» nada tenía que ver con el oficial. «La Mesa considera que existen indicios suficientes para entender vulnerados por uno de los licitadores los principios de igualdad de trato y transparencia al haber accedido a la documentación, concretamente el Pliego de cláusulas administrativas particulares, con carácter previo a su publicación, situándose por ello en situación de ventaja», según reza el acta con el que, tras expulsar a Padecasa del concurso, persigue poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Servicios.

«¿Por qué no lo manda directamente a la Fiscalía si entendía la existencia de un delito de prevaricación?», se preguntaron los socialistas durante la comparecencia en la que aseguraron que el PP continúa «hundido en la corrupción» tras acusar a la formación de poner trabajas y no facilitar el expediente.

La obra que ahora se revisará corresponde a la construcción de una nave del Parque de Proveedores, propiedad de la Junta de Castilla y León, para surtir a las plantas de Renault. Finalmente fue adjudicada por más de 14 millones a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).