El TSCyL celebra mañana la vista por el recurso de la Fiscalía contra la sentencia absolutoria de la ‘comfort letter’

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) celebrará mañana, 20 de noviembre, la vista por el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia del caso de las ‘comfort letters’ dictada por la Audiencia Provincia de Valladolid el pasado mes de julio, y en la que se absolvió al exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva y a los exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

De la Riva estaba acusado de tres delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación, mientras que los concejales se enfrentaban a tres delitos de prevaricación, por los que se pedían 24 años de inhabilitación, según informa la agencia Ical.

Días antes de que la Fiscalía de Valladolid decidiera presentar el recurso de apelación, el Ayuntamiento, que se había personado como acusación particular en el caso, decidió no recurrir la sentencia, según se acordó en la reunión de la Junta de Gobierno del 12 de septiembre.

El propio alcalde, Óscar Puente, reconoció entonces que había muchas dudas, pero aseguró que la decisión final se basó en que el interés público estrictamente municipal. “El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano para defender sus intereses y, en todo, caso el interés propio de la comisión de un delito le corresponde defenderlo al Ministerio Fiscal”, indicó el regidor.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid acordó no recurrir la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincia en favor del exalcalde Francisco Javier León de la Riva por el caso de la 'comfort letter', en el que la Fiscalía pedía una pena total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, mientras el Consistorio, personado como acusación particular, solicitaba tres años de prisión.

En la sentencia, el Tribunal consideró que existe una “posible ilegalidad administrativa”, pero asegura que los hechos no tienen entidad penal al no concurrir en la conducta de los acusados el “elemento subjetivo de dicho delito, que es actuar a sabiendas, esto es con dolo penal”.

Además, respecto a la falsedad documental, la Sección Segunda de la Audiencia consideró que el caso de León de la Riva no concurre el “dolo falsario que caracteriza el delito de falsedad documental, de ahí que se absuelva por dicho delito. La conducta de tal acusado es constitutiva de una imprudencia, pero no dolosa y el delito de imprudencia de falsedad documental ha prescrito”. Por ello se le absuelve también del mismo.

El tribunal argumentó que De la Riva no actuó con “malicia o con intención fraudulenta de alterar o mutar la verdad, es decir con dolo falsario en la firma de estos documentos; sino, más bien, con negligencia grave en la medida de que no se cercioró, pudiendo y debiendo hacerlo”, por que le reprochó que no siguiera el procedimiento legal en las cartas de conformidad. “Estimamos que actuó de forma claramente negligente, con alto grado de ligereza y despreocupación, pero no apreciamos datos que revelen una intención torticera de perjudicar deliberadamente al Ayuntamiento”, se apuntó en el fallo.