La familia califica la muerte de Irene en las Catedrales de homicidio por imprudencia

La familia de la joven Irene Baladrón Zorita, de 25 años, fallecida el pasado 31 de marzo en la playa de Las Catedrales de Ribadeo (Lugo) por la caída de una roca en una gruta, sostiene que el fallecimiento se debió a la comisión por omisión de un delito por imprudencia grave o menos grave, de la que acusan a técnicos de la Xunta de Galicia, en concreto a la pasividad de los vigilantes de la playa que no tomaron medidas de cierre cuando se les notificó antes del suceso que se habían producido otros desprendimientos en cuevas de la playa.

Una acusación que aún está pendiente de resolverse después de que la Audiencia de Lugo, en el auto 748 de fecha 20 de septiembre, haya decidido reabrir el caso que archivó en dos ocasiones la juez instructora de Mondoñedo, Cristina Díaz Rodríguez, al considerar que la decisión de no evacuar y cerrar la playa «no revestía la relevancia penal pretendida por la parte», aunque dejó la puerta abierta a una demanda civil.

La familia de Irene, representada por el abogado vallisoletano Santiago Díez, apeló el archivo y no solo lo ha sido estimado, sino que el tribunal lucense ha hecho suyas las reivindicaciones del letrado. Así, devuelve la causa al Juzgado de Instrucción 1 de Mondoñedo, y pide más luz sobre la reacción de los vigilantes en los momentos previos del trágico suceso.

El tribunal estima preciso que la Guardia Civil realice la correspondiente investigación con la declaración, «en calidad de investigados», de los dos vigilantes de la playa y averigüe, si ello es posible, los lugares y las horas concretas en las que se produjeron los correspondientes desprendimientos y cuándo se realizaron los avisos.

«Luego de realizadas tales diligencias y cuantas el instructor considere procedentes, podrá concluirse lo que se considere procedente. Por ello, y en este momento inicial, la Sala considera que no procede, ad limine, la resolución de sobreseimiento que es la ahora recurrida», expone el auto.

En el recurso, el abogado cita que el turista –aporta su nombre completo– dio parte del desprendimiento de piedras a dos vigilantes, de los que aporta también su identidad completa. Recalca que esta persona comunicó cómo la caída de piedras –en otra cueva diferente a la de Irene– ocurrió antes del suceso fatal (minutos antes de las 13 horas). Y cuando el alertante se enteró de la muerte de la vallisoletana, a las 16 horas, telefoneó a la Policía Local y éste Cuerpo contactó a su vez con la Guardia Civil. Es más, ante el Instructor de las diligencias policiales, el alertante se ratificó en todos los puntos.

Por ello, el letrado pidió en su recurso la declaración en calidad de investigado de los dos vigilantes, y tras su identificación, de los técnicos de la Xunta de Galicia, o de cualquier otro organismo competente, responsables de la seguridad del monumento natural.

Y reclamó que se realizasen las pesquisas para recabar si por parte de los dos vigilantes se dio algún aviso o alerta telefónicos a superior jerárquico –o a cualquier otra persona o compañero– tras ser alertados por el testigo de la caída de rocas durante una visita guiada esa mañana, que se abortó por indicación de la guía debido al peligro.

Sostiene el representante de los Baladrón que la medida «prudente y razonable», debió ser «el cierre y evacuación inmediata» del monumento natural, y de comunicación a superior, alertando, en todo caso y por cualquier medio del riesgo extraordinario de precipitación a los usuarios que ya estaban dentro. «Ni la fallecida ni su acompañante, recibieron advertencia alguna de lo que estaba aconteciendo», afirma.

En el recurso lamenta la nula instrucción del caso y la «absoluta ausencia de labores indagatorias»; recuerda la alta inestabilidad del monumento natural reconocida por la Xunta y el hecho que desde el 23 de marzo los acantilados soportaron una fuerte borrasca por el temporal Hugo. «Y pese a todo , se mantuvo abierta al público», expuso en el recurso.