Suspendido el juicio del PGOU para decidir si vuelve al juzgado y si hay prescripción

El juicio por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid del año 2003 puede convertirse en un caso con freno y marcha atrás, con probabilidad, incluso, de volver al Juzgado de Instrucción número 1, blanco de las críticas de los abogados de la defensa por una tramitación que tacharon de «caótica». Yeso pese a los más de diez años transcurridos desde que en julio de 2008 el Grupo Municipal Socialista denunciara los hechos hasta el comienzo de la vista oral el pasado martes.

El freno lo echó ayer el presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid, José Luis Ruiz Romero, presidente del tribunal, al decidir la suspensión del juicio ante la petición unánime de los 11 letrados de la defensa para que anule el proceso por las supuesta vulneración de los derechos de defensa de los 14 imputados, por las lagunas en la documentación remitida por el juzgado y la posible prescripción de los delitos. Falta por saber ahora si hay marcha atrás y vuelve al juzgado.

Pero, de entrada, los letrados de la defensa se apuntaron el primer tanto en su estrategia para frenar la continuidad del proceso y contaron para ello con una ayuda inesperada: la de la fiscal que representa la acusación pública, Ana Valle.

La fiscal admitió que «no se les ha dado el traslado íntegro de la causa» a los abogados, pero dado que este error «no se puede subsanar en este momento», propuso «la devolución de las actuaciones al juzgado» para completar la documentación que falta y que los letrados dispongan de todos los datos para la defensa, aunque añadió que esto supondrá «un retraso mayor del procedimiento».

Pese a esta concesión, la representante del ministerio público rechazó la petición de nulidad por entender que «no es el momento de resolver» esta cuestión ni tampoco toca en esta fase decidir sobre la prescripción de los delitos «por ser un asunto complejo al estar vinculados los delitos unos con otros» y resultar difícil deslindar las fechas a partir de las que hay que empezar a contar. El momento para decidir, dijo, será cuando se dicte sentencia.

Frente a la tesis de la fiscal, el abogado de la acusación popular, Carlos Castro, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, negó que se haya producido indefensión ni vulneración de los derechos de los acusados. Admitió que se han producido dilaciones en el proceso, pero atribuyó parte de la responsabilidad a los propios letrados de la defensa. «Han tardado veintidós meses para formular los escritos de defensa», dijo Castro a sus colegas.

En cuanto a la falta de documentación, otro de los motivos de nulidad invocados por las defensas, señaló que la que pueda faltar, como el informe económico financiero del PGOU, «es irrelevante». Negó también la prescripción de los delitos por cuanto dijo que hay un plazo de 10 años para todos los que se imputan a los acusados «y todos están en concurso con la falsedad y la prevaricación». Dado que, según su criterio, «la falsedad permanece en el tiempo», concluyó que no existe prescripción.

Las exposiciones de la fiscal y del abogado de la acusación popular estuvieron precedidas por las de los cinco letrados de la defensa que faltaban por intervenir tras el primer día de juicio. Ycomo era previsible todos siguieron el camino marcado por sus compañeros para denunciarla vulneración de los derechos de defensa, plantear la prescripción y pedir la nulidad. Luego, cada uno centró el foco en las particularidades de la imputación de su defendido. En el caso del letrado de Francisco Capellán, incorporado como imputado en 2014, dijo que su imputación como inductor de un delito de falsedad y tráfico de influencia en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia se hizo «en contradicción de todas las jurisprudencias».

El representante de José Luis Mayordomo, Luis Lavín, para quien el fiscal solicita 8 meses de cárcel por tráfico de influencias, sostuvo que el procedimiento «está viciado» por cuanto tanto él como a buena parte de los letrados se vieron privados de la posibilidad de la defensa pese a que en los informes de la Policía Judicial, de los que no tuvieron conocimiento, ya se apuntaba una lista con los nombres de los que luego acabarían imputados.

Fue el único que en su intervención mencionó al alcalde, Óscar Puente, presidente del Grupo Municipal Socialista cuando el PSOE presentó la denuncia en julio de 2008, para señalar que su papel se asemejó al del protagonista de la película ‘Desaparecido en combate’, al retirarse de la causa cuando se pidió la fianza para personarse como acusación.

También el letrado de Lino Collazos, otro de los acusados repescados por la Audiencia en 2014, consideró que su inclusión en la lista se hizo «con un procedimiento indebido».