Acusados de falsedad y tráfico de influencias

Lo que se trata de dilucidar en el juicio ahora suspendido es si, como sostienen la Fiscalía y la acusación popular, se manipularon artículos y mapas el PGOU de 2003 en beneficio de algunos promotores, empresas y particulares. Entre los imputados está la cúpula de la concejalía de Urbanismo de la época, con su edil, Juan Antonio García de Coca, a la cabeza, además del director del área de Urbanismo entonces, Modesto Mezquita, el coordinador, Luis Álvarez Aller, y el jefe de Planeamiento, José Luis Cerezo. Para los cuatro la fiscal solicita cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y de tráfico de influencias, además de diferentes penas inhabilitación y multa de 34.000 euros para cada uno de ellos por cuatro delitos de prevaricación y uno contra el patrimonio histórico. Junto a estos estos cuatro acusados, que concentran las peticiones más elevadas, el fiscal solicita 2 años y medio de prisión, 18 meses de inhabilitación para Gonzalo Jolín Garijo, Ramón Herrero Merino, Lino Collazos, Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado. Son las cinco personas a las que la Audiencia extendió la imputación en 2014 como inductores de un delito de falsedad y tráfico de influencias.

Herrero Merino adquirió en 2002, siempre según el relato del fiscal, unos terrenos en la Avenida Madrid que vendió a Vallenava Capitol en los que los cambios del PGOU permitieron incrementar la edificabilidad. Para los hermanos González Torres y José Luis Mayordomo (socios del grupo Capitol), 8 meses de cárcel. En el caso de Jolín Garijo, vendió parcelas a Vallenava Capitol y Área Especial con condiciones que anticipaban los cambios del PGOU.

Como imputados están también José Ángel Astorga y Roberto Pastrana, socios de Parkosa, para los que el fiscal pide 2 años de cárcel por tráfico de influencias.