El Consultivo dice que Sanidad vulneró elEstatuto
Amilivia sostiene que el consejero se excedió en los plazos /Sáez admite falta de calidad pero niega daños
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, llega a admitir errores puntuales del Hospital Clínico de Valladolid, pero en ningún caso «daño moral», como reconoce el juez. Se limita el titular de Sanidad a asumir que «las discrepantes contestaciones facilitadas desde el centro hospitalario han podido generar cierta confusión» en la viuda del fallecido, Carmen Rojo. «Pero es evidente que no pueden hacerla acreedora de un derecho contrario al ordenamiento jurídico», añade Sáez.
En ese sentido, el consejero rechaza que «el duro golpe emocional» que le ha privado de la imposibilidad de recuperar los órganos de su esposo, no se vincula con su tratamiento psiquiátrico desde la muerte del marido en 2009. Sin embargo, en la Orden del consejero que rechaza el daño patrimonial y la indemnización, Sáez reconoce que faltó «claridad» y «mayor contundencia» en los diferentes escritos de los directores del Clínico. «Es cierto que Dª Carmen ha girado en estos años diferentes cartas al centro hospitalario que deberían haber sido objeto de una mayor contundencia y claridad en la respuesta». No obstante, niega que «esas actuaciones puntuales, que ciertamente le han tenido que suponer molestias y que debían haber sido evitables, hayan sido de tal entidad como para integrar la categoría de daños morales susceptibles de ser indemnizados».
Tampoco admite Sáez que «la tardanza en resolver este procedimiento pueda generar daño moral indemnizable».
Más contundente se muestra el Consejo Consultivo en su dictamen. El órgano que preside Mario Amilivia considera que «se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración sanitaria, que ha generado en la reclamante la convicción de que podía tener derecho a los restos biológicos de su marido, y una indignación por el retraso en la resolución de sus solicitud y la contradicción entre las diferentes respuestas recibidas».
El dictamen que firma Amilivia subraya «el excesivo tiempo transcurrido desde que se presenta la reclamación (19 de noviembre de 2014) hasta que se formula la orden (26 de abril de 2017)». Según el Consultivo, esta circunstancia supone «una vulneración» del Estatuto de Autonomía «que consagra el derecho de los ciudadanos a la resolución de los asuntos que les conciernan en un plazo razonable».
Este extremo lleva a Amilivia a considerar «adecuado» reconocer «en concepto de indemnización, por la defectuosa información y la demora producida, la cantidad fijada a tanto alzado de 1.000 euros» que el fallo elevaría a 8.000.
Carmen Rojo consideró la petición del Consultivo como «una propina» para que cierre la boca y dejara de protestar. La mujer del fallecido siguió adelante. «La dignidad de las personas y de los pacientes no se compra», declaró Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.