Diario de Valladolid

ORDENACIÓN DE TERRITORIO

De Santiago-Juárez aún confía en el giro del PSOE con las unidades rurales

El vicepresidente de la Junta considera «natural» que ayuntamientos socialistas asuman el modelo de la Ley de Ordenación Territorial

De Santiago-Juárez, a la derecha, con el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco.-ICAL

De Santiago-Juárez, a la derecha, con el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco.-ICAL

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María R. Mayor

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El vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, aún confía en poder desbloquear el proyecto de ley del mapa de unidades básicas rurales, enmendado por el Grupo Socialista en las Cortes. Según declaró ayer, poco antes de reunirse con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para explicar las ayudas a las mancomunidades de interés general, no le ha extrañado que sea una capital socialista, como la de Valladolid, la primera en impulsar una de ellas.

«No me parece significativo, es natural, porque estamos hablando de un modelo que en su arranque está consensuado con el PSOE, pero no una vez, ni dos, sino cuatro», manifestó el vicepresidente, para quien «lo que no es normal» es lo que ocurre ahora.

A juicio del consejero de la Presidencia, durante estos meses «se han dicho muchas tonterías» y «el problema es que calan y luego el que las dice no sabe cómo recular». Recordó al respecto que dirigentes socialistas llegaron a decir que ningún ayuntamiento gobernado por el PSOE accedería a la Orden de ayudas para crear mancomunidades «y no está siendo así», significó.

Tras recordar que PPy PSOE «han ido de la mano» durante cinco años en la Ordenación del Territorio, De Santiago Juárez se preguntó qué le ha pasado «al PSOE de ahora para bloquear este último paso», cuando prácticamente queda un 20% del desarrollo de todo el modelo, correspondiente al mapa de unidades de servicios rurales.

Aún así, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo antes de que termine la legislatura. «En política hay que insistir mucho, sobre todo cuando se trata de un acuerdo de Comunidad, que beneficia a los ciudadanos de Castilla y León, porque garantiza por ley los servicios públicos esenciales en el ámbito rural, que ahora no lo están», declaró ante los medios de comunicación.

El consejero insistió en su confianza en sacar adelante la ley apoyándose en que en la propia Orden de ayudas a las mancomunidades está recogido que, si se aprueba el proyecto ahora bloqueado antes del 29 e junio, se ampliaría el plazo de subvenciones.

Respecto a las críticas formuladas por la oposición a la convocatoria de ayudas, cuando el mapa de unidades básicas rurales aún no está aprobado. De Santiago-Juárez reconoció que le hubiera gustado «haber avanzado de otra manera». Sin embargo, explicó que lleva más de un año paralizado en las Cortes. «Me hubiese gustado aprobar primero el proyecto y luego la Orden de ayudas, pero es que no podía ser así», dijo.

Según comentó, la propia ley que regula la participación de los tributos propios y cedidos, conocida como ley ‘picas’, dice que de los fondos para unos tributos y otros se pueden beneficiar los ayuntamientos, las diputaciones y las mancomunidades de interés general. «Aunque quisimos esperar a la ley por no producir desequilibrios, no podíamos porque estamos incumpliendo una ley aprobada en 2014», añadió.

Las ayudas a las mancomunidades, indicó el vicepresidente son una fórmula «para no perjudicar a los municipios del medio rural» y «absolutamente legal», de modo que aquellos que configuren una zona básica de salud, o coincidan sustancialmente con ella, «se pueden mancomunar y se las consideraría como mancomunidades de interés rural». De Santiago-Juárez subrayó que así se recoge en una disposición final de la Ley de Ordenación del Territorio.

Preguntado por la petición de la Diputación de Salamanca –gobernada por el PP– para que se la Orden de ayudas se consensúe con la FRMP y no se detraigan fondos de los municipios, el vicepresidente aseguró que «nunca» ha seguido a esta Diputación, pero precisó que los fondos dan respuesta a la ley que regula la participación en los tributos propios y cedidos. «Respeto la autonomía local, pero que se respete también la del Gobierno regional», concluyó.

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