El constructor encarcelado y luego absuelto reclama 1,1 millones de euros a Justicia

¿Cómo se resarce económicamente una estancia en prisión indebida por error judicial?La respuesta a esta pregunta que se formulan tantos ciudadanos la tiene el promotor vallisoletano Santiago Valbuena que fue encarcelado en 2008 –y no obtuvo la libertad definitiva hasta 2012– por presunto fraude fiscal inmobiliario y luego absuelto por la Justicia en febrero de 2017.

Y la respuesta es 1,1 millones de euros, de los cuales 628.000 son por prisión indebida, a razón de 405 euros diarios.

Absuelto en primera instancia, el que fuera gerente de Vivascon fue condenado por la Audiencia de Valladolid en 2006, tras un recurso de la Abogacía del Estado sin celebración de vista pública para que pudiera defenderse. El calvario de recursos a la condena de cárcel no funcionó. Tuvo que ingresar en prisión, aunque siguió batallando.

La luz que ahora ha dado un cambio radical a su vida llegó parcialmente en 2011 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló a su favor al entender que «no debió de ser condenado porque se vulneró su derecho de defensa». Una satisfacción agridulce porque el fallo europeo no era entonces vinculante en España.

La victoria final llegó en febrero de 2017, cuando el Tribunal Supremo revocó la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, ya que desde 2015 las sentencias europeas son de obligado cumplimiento.

En esa fecha llegó el momento de Valbuena. De desembarazarse del asfixiante pago de 6 millones de multa e indemnizaciones a Hacienda, que le supusieron el embargo de casi todos sus bienes, y de reclamar por el tiempo que estuvo entre rejas por un error judicial. Solo en el año 2008, cuando ya estaba interno en Villanubla, Hacienda le embargó 362.000 euros. Y entre 2006 y 2013 la cuantía embargada llegó a 508.704 euros.

Rosario de recursos

La reclamación presentada ahora al Ministerio de Justicia por responsabilidad patrimonial del Estado debida al anormal funcionamiento de la Administración de Justicia por error judicial, se eleva en concreto a 1.106.718 euros.

A los 628.000 euros que reclama por prisión indebida suma otros 478.718 euros. Más de la mitad de esta última cantidad, 266.455 euros, la empleó en honorarios de abogados y procuradores, ya que lleva desde 2005 asistido en un juicio; en un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC); en una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humano;en la promoción de un incidente de nulidad;en otro recurso ante el TC y el definitivo ante el Tribunal Supremo (22 de febrero de 2017), el extraordinario de revisión que admitió el error judicial, ratificando el fallo favorable de Estrasburgo.

Los demás importes reclamados se completan con 202.528 euros por los intereses devengados de las cantidades embargadas por Hacienda y9.734 euros por los intereses de embargos del Juzgado de lo Penal 2.

El constructor vallisoletano, que también es licenciado en derecho, da por seguro que el Ministerio replicará con otros baremos a la baja en la estimación económica de prisión indebida y que el caso acabará en un pleito contencioso administrativo. «Suele ser así, pero al final pagarán», asegura. «Me conformo entre tanto con que Hacienda me devuelva ya el dinero de los intereses. Por más que los jueces estén enviando oficios para que Hacienda liquide la devolución, no hay forma. Parece que lo que exige a los ciudadanos, no lo cumple cuanto le toca pagar», se quejó el constructor.

La indemnización por prisión indebida con la que resarce el Estado tiene unos baremos de partida, 4.000 euros al mes (135 euros día), aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 294.2 establece que «la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido».

Ruina e infarto

Y es en este punto donde los abogados de Valbuena inciden en las consecuencias devastadoras de la entrada en prisión. El promotor ingresó el 10 de enero de 2008 y el 12 de diciembre de 2008 pasó al régimen externo de dormir en la cárcel, circunstancia que se prolongó hasta noviembre de 2010, fecha en la que obtuvo la libertad condicional.

Los abogados de Valbuena exponen, en el escrito de reclamación , que su hijo menor no le visitó en prisión para que no repercutiera negativamente por su corta edad. A su mujer le detectaron un tumor cerebral y no pudo hacer frente a un mejor tratamiento por falta de recursos. Ana murió en septiembre de 2017.

Al desprestigio social por su encarcelamiento, se sumó toda la angustia de ver cómo su patrimonio se quedó en nada. No solo estuvo a punto de ser embargado el piso familiar de la plaza de España. También se desplomó el valor de las participaciones sociales de las que era titular en las sociedades que dirigía Vivascon, Raizabal y Exclusa 41. Y fuera de prisión, atenazado por el pago a Hacienda, tampoco logró levantar el vuelo. En marzo de 2014 sufrió un infarto de miocardio. Por todo ello, los abogados han cifrado en 10.000 euros/mes el primer año de condena y en 20.000 el segundo y tercero. mientras que para el cuarto y los 3 meses del quinto solicitan 4.000.