La nueva Ley de Contratos no implica la ilegalización de la tasa del agua

Las modificaciones de la Ley de Contratos entró ayer en vigor, aunque se publicara el pasado 9 de noviembre. La legislación modifica en sus disposiciones finales La Ley Reguladora de las Haciendas Locales: «Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos» como la distribución de agua, gas o electricidad «realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario».

Este cambio en la legislación implica, según el Partido Popular, que «la contraprestación no puede hacerse a través de impuesto o tasa, situación en la que se encuentra la Entidad Pública Empresarial Local (Epel) Agua de Valladolid (Aquavall)».

Según los populares, «la falta de diligencia de Puente puede hacer que los vecinos se nieguen a pagar un tasa por no estar obligados a hacerlo». Sin embargo, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, no comparte la postura de la oposición.

Para justifica la actuación del consistorio municipal, presenta el informe de la Intervención General, que apunta varios aspectos en relación a las implicaciones de esta modificación legal.

INTERVENTOR GENERAL

Por una parte, los cambios legislativos «no conllevan automáticamente la anulación de todos los actos y ordenanzas dictados conforme a la anterior normativa», sino que las ordenanzas «conservan su completa vigencia» hasta que el Pleno del Ayuntamiento «acuerda su derogación o un Tribunal de Justicia declara su ilegalidad».

Además, la concejala recuerda que no se declararon «ilegales las tarifas» que percibió el anterior concesionario del agua (una filial de Aguas de Barcelona, Aquona) «cuando el Tribunal Supremo sentenció que se trataba de tasas.

Por otra parte, el interventor general y la concejala de Medio Ambiente explican que la aprobación de la ordenanza fiscal, que a partir de ahora es sustituida por una ordenanza «supone unas mayores garantías para el usuario, en cuanto que las tasas están sujetas a unas limitaciones, como es la de no poder superar en su conjunto el coste real del servicio». Sin embargo, las tarifas reguladas por una ordenanza «no tienen límites a priori». «Por tanto el mantenimiento de la tasa más allá del 9 de marzo no causará ningún perjuicio al usuario», asegura el interventor general en el documento al que ha tenido acceso este diario.

Finalmente, el informe concluye que la entrada en vigor de la ley «no supone la derogación automática de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio del Agua, y, consecuentemente, no se produce un desequilibrio en el Presupuesto estimativo de la Epel Agua de Valladolid».

Además, el interventor general añade: «Pretender la inaplicación de esta tasa a partir de una fecha determinada producirla un desequilibrio económico no asumible ni legal ni económicamente, en tanto que la Epel como servicio de prestación obligatoria no puede interrumpir el servicio. Ni seria legal un enriquecimiento injusto por parte del usuario».

Además, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad explica que el Ayuntamiento inició los trámites que remplazarán la ordenanza fiscal por una ordenanza el pasado 15 de febrero, y que ya han consultado a los Servicios Jurídicos del Consejo Económico–Administrativo.

María Sánchez también mantiene que, por lo que ellos conocen, el único Ayuntamiento que ha iniciado los trámites para adaptarse a la Ley de Contratos, además del vallisoletano, es el de Vitoria. «Estamos todos los Ayuntamientos en la misma situación», explica a este periódico.

Por otra parte, María Sánchez asegura que «siempre» que se instaura una nueva ley «hay una fase de transición», y que la modificación legislativa solo afecta «desde un punto de vista jurídico». «Los importes serán los mismos que con la tasa del agua», actualmente congeladas desde 2014, afirma.