Un informe del Ayuntamiento concluye que no era necesario el visto bueno del pleno para el crédito Valladolid Alta Velocidad

Un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Valladolid concluyó que el Pleno no era “ni órgano competente ni Administración que deba aprobar la novación” modificativa del contrato de línea de crédito que suscribió la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en el año 2011, y por tanto, “no existió irregularidad alguna en este sentido” que deba subsanarse, según informó el Consistorio.

El documento añadió que el contrato, ya sin vigencia, no suponía la ratificación de las conocidas ‘cartas de compromiso’ y “solo comprometía a la Sociedad, sin trasladar la obligación a las entidades que la forman”.

Así, la Secretaría General municipal señaló en su escrito que el contrato de novación es un documento privado de carácter mercantil, de ampliación o prórroga de un crédito, que “compromete” a la Sociedad, pero no traslada el compromiso a las entidades públicas que la forman. De hecho, detalló, “no existe ninguna cláusula que las convierta en avalistas y sí, en cambio, una, la octava, último párrafo IV, que dice que la firma no supone una ratificación de las ‘cartas de compromiso’ otorgadas por los accionistas”.

En definitiva, explicó el Ayuntamiento, la operación fue aprobada por la Sociedad, “que es quien responde del crédito otorgado”, y no por los socios. Ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León ni el Consejo de Ministros, las sometieron a sus órganos de gobierno, al contrario de lo que ocurría con las ‘cartas de conformidad’, que convirtieron a los socios en “avalistas y comprometieron, por tanto, sus finanzas”.

Así pues, señaló el secretario, “el contrato de novación firmado el 4 de abril de 2016 nada tuvo que ver”, y ahondó en que entre las atribuciones del Pleno no se encuentra ninguna por la que resulte órgano competente para aprobar esa operación, que ni tan siquiera es competencia municipal”.

El Ayuntamiento explica ahora en un comunicado que fue el Grupo Municipal Popular el que “utilizó una supuesta sugerencia realizada por el interventor al alcalde para que llevase a Pleno la novación, para afirmar que debía acompañar al banquillo a Francisco Javier León de la Riva, procesado y acusado por la firma de las ‘comfort letter’ que comprometían el patrimonio municipal en más de 100 millones de euros y que será juzgado por ello el 25 de abril del presente año”.

A raíz de esas declaraciones de los ‘populares’, el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, solicitó al secretario general del Ayuntamiento, sobre el que recae la competencia de fijar los asuntos que deben o no ir a Pleno, que elaborase un informe en el que aclarase si existía o no esa obligación. “El resultado es esclarecedor y pone en evidencia”, señaló Puente, “la frivolidad con la que un grupo político contra las cuerdas por la comisión de supuestas ilegalidades intenta extender la duda sobre la adecuación a la legalidad de las decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza”.

De hecho, prosiguió el regidor, es “precisamente el PP el que afronta este año varios juicios penales” en los que el exalcalde y tres exconcejales se sentarán en el banquillo de los acusados, junto al que fuera jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, durante catorce años bajo gobiernos del PP, entre otros”.

“Es a ellos y no a otros a quienes les corresponde dar cuenta ante la ciudadanía, cosa que aún no han hecho, y ante los tribunales, cosa que harán a lo largo de este año, de los desmanes que cometieron durante su etapa de gobierno”, finalizó el regidor.