Empresas constructoras adeudan 8,6 millones de euros en tributos al Ayuntamiento de Valladolid

Los vallisoletanos son, en general, cumplidores con sus obligaciones tributarias municipales y los datos lo demuestran. El pasado año, el 2016, el Ayuntamiento recaudó en periodo voluntario el 92% de los 118 millones de euros puestos al cobro por impuestos y tasas, un porcentaje que está por encima de la media nacional de ingresos tributarios de los consistorios.

Como buenos contribuyentes, la mayoría de los vallisoletanos pasó por caja dentro del plazo establecido. Y no es para menos. Pagar a destiempo o no pagar al final resulta caro: un 20% más de recargo por el simple hecho de hacerlo un día más tarde del límite establecido, porcentaje que va en aumento a medida que se retrasa el abono de la deuda.

Pero siempre hay quien, incluso con la amenaza del recargo o del embargo, no paga a tiempo y, en ocasiones, el Ayuntamiento se las ve y se las desea para cobrar. Es el caso de la partida de 8,6 millones de impuestos municipales y tasas cuyo cobro está en suspenso al estar los deudores en procesos concursales. Es una herencia que se arrastra desde la crisis inmobiliaria y que se incorpora cada año a la partida de cobros en vía ejecutiva, los del recargo. Con el derrumbe del negocio del ladrillo, algunas empresas promotoras entraron en concurso de acreedores y dejaron de pagar tributos, desde el impuesto de obras al de bienes inmuebles. Y así siguen las cosas, con una deuda que se incrementa cada año. Cuándo ingresará este dinero en las arcas municipales, si es que al final llega a cobrarse, es una incógnita.

El Ayuntamiento está atado de manos al no poder embargar bienes ni derechos fuera del municipio, aunque todo indica que las cosas van a cambiar en breve. El Servicio de Recaudación municipal tiene a punto un convenio con la Agencia Tributaria, pendiente del informe del interventor y de la Asesoría Jurídica, que permitirá embargar bienes inmuebles de empresas que sean deudoras del Ayuntamiento en cualquier lugar de España.

Es un acuerdo que abre la vía para liquidar deudas por impago de impuestos que ahora parecen imposibles de cobrar, incluso con el señor del frac, y que en palabras del concejal de Hacienda, Antonio Gato, «va a ser un importante avance den la eficacia recaudatoria del Ayuntamiento». Estos 8,6 millones formaban parte de los 44 que estaban pendientes de cobro en vía ejecutiva al empezar el pasado año. El procedimiento ejecutivo es complejo y cada caso es distinto. Primero se intenta cobrar por las buenas y en caso de no resultar empieza la fase de embargos, ya sea de bienes o de la cuenta corriente, si existe. El proceso suele alargarse, en alguno casos mucho tiempo, y aunque al final la administración, más tarde o más temprano, suele ganar la partida, el éxito no está siempre asegurado.

El Ayuntamiento empezó 2016 con 34 millones pendientes de cobro, una deuda acumulada durante todos los años anteriores por diferentes conceptos tributarios. A estos 34 se le sumaron durante el año otros 11 millones, los de quienes no pagaron sus impuestos y tasas dentro de plazo y pasaron a estar también en el punto de mira de la hacienda municipal, con lo que el volumen en vía ejecutiva pasó a ser de 45 millones, en realidad 44 al anularse un millón.

Al final del año, los esfuerzos del Servicio de Recaudación permitieron recuperar 10,2 millones, un 23% de todo lo pendiente, porcentaje que el titular de Hacienda considera «muy alto para tratarse de la vía ejecutiva», muy por encima, por ejemplo, del 12% que recaudó el Ayuntamiento de Madrid.

Es decir, en 2016 se recaudó en vía ejecutiva casi la misma cantidad que había pasado a engordar la deuda pendiente, pero el tapón de 34 millones sin cobrar de años anteriores seguía ahí y pasó al ejercicio siguiente, el actual.

Todo apunta a que 2017 será un calco del anterior. A los 34 millones sin cobrar, que parecen fijos mientras no se firme el convenio con Hacienda para embargar bienes fuera de Valladolid a las empresas deudoras, se habían sumado, hasta el pasado día 20, otros 8 millones por impago de impuestos en periodo voluntario, pero se habían recaudado en vía ejecutiva 10 millones. Dado que cabe esperar que la morosidad aumente hasta fin de año, pero también la recaudación, los 34 millones volverán a figurar como pendientes en 2018.

El concejal de Hacienda confía en el convenio con la Agencia Tributaria para rebajar de forma considerable la morosidad y elogia el esfuerzo que realizan desde el Servicio de Recaudación, un trabajo que considera «ingrato, pero que se lleva a cabo con mucha profesionalidad».

Y a pesar de que un 8% de los tributos no se recauda, destaca también el «buen comportamiento en general» de los contribuyentes vallisoletanos.