León de la Riva, Blanco y Sánchez irán al banquillo por los tres avales del soterramiento

El ex alcalde Francisco Javier León de la Riva, el que fuera edil de Movilidad, Manuel Sánchez, y el anterior titular de Hacienda con el PP, Alfredo Blanco, hoy concejal del Grupo Popular, se sentarán en el banquillo de los acusados, tras rechazar ayer la Audiencia sus recursos, para responder por las tres cartas de conformidad firmadas en 2008, 2010 y 2011 por el anterior regidor para garantizar la devolución del préstamo solicitado para el soterramiento. Mediante estos tres avales, firmados por De la Riva sin contar con el pleno ni con el interventor, se garantizaba la devolución por parte del Ayuntamiento de los 101 millones de euros que le correspondían en el préstamo de 404 millones suscrito por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que el Consistorio tiene un 25%, para la supresión del tren. La deuda de 404 millones con seis entidades bancarias todavía se arrastra.

León de la Riva y sus dos concejales recurrieron ante la Audiencia Provincial el auto dictado el pasado mes de julio por el Juzgado de Instrucción número 4, en el que se declaró la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado por los delitos de prevaricación y falsedad documental en el caso del ex alcalde y de prevaricación en los de Blanco y Sánchez. Los tres recurrieron al considerar que no existen suficientes elementos para que se abriera un procedimiento abreviado contra ellos.

La Fiscalía, por su parte, en su escrito de acusación, conocido el pasado mes de septiembre, solicitó para León de la Riva 9 años de prisión por tres delitos de falsedad documental por la firma de las tres cartas sin pasar por órgano alguno del Ayuntamiento y 3 más de inhabilitación para ser edil. El ministerio público apreció otros tres delitos de prevaricación, por los que pidió 24 años de inhabilitación

Tanto para Alfredo Blanco como para Manuel Sánchez, el ministerio fiscal pidió tres condenas por prevaricación, que suman 24 años de inhabilitación para ser concejal.

Así estaban las cosas, a la espera de conocer la decisión de la Audiencia sobre los recursos, que no hace más que ratificar la decisión del juzgado. En el escrito de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid conocido ayer, la Sala desestima los tres recursos y sostiene que el auto del juzgado, que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, «cumple con las expectativas jurisprudenciales, doctrinales y legales exigibles» y, por tanto, no existe indefensión. Añaden los tres magistrados firmantes que «no es el momento de analizar si se cuenta o no con pruebas suficientes para una sentencia condenatoria» y recuerdan que los argumentos «defensivos y exculpatorios habrán de hacerse valer por los imputados en el juicio oral».

Pero apuntan también que de los datos aportados y las investigaciones realizadas hay «indicios racionales» de que los recurrentes «pudieron haber participado en los hechos que les imputan» tal y como se desprende «de las declaraciones de los propios imputados, testigos y documental aportada».

En su declaración en el juzgado, León de la Riva admitió que firmó las tres cartas de conformidad, pero aseguró que desconocía su trascendencia y que se tratara de avales que comprometían al Ayuntamiento. Según explicó ante la juez, pensó que se trataba de cartas de recomendación.

Tanto Blanco como Sánchez, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, declararon que se limitaron a votar lo que ya estaba «cocinado», expresión que utilizó el primero. En lo que no se pusieron de acuerdo Blanco y Sánchez fue en cuál era la concejalía competente en la materia. Blanco apuntó a Infraestucturas, la que dirigía su compañero en el momento de la firma, y Sánchez lo rechazó porque lo suyo no eran los «números».

Según el relato del ministerio fiscal, «los acusados, conocedores de las exigencias de los bancos y de las consecuencias que para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación» dieron su voto favorable, en el caso del ex alcalde además con su firma, «sin incoar expediente alguno, ni recabar el informe de la Intervención o de la Secretaría General y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías» que dependían de Alfredo Blanco y de Manuel Sánchez.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial, ahora es de nuevo el Juzgado de Instrucción número 4 el que tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral.