El empresario Luis Antonio Recio niega que la venta de los terrenos de Portillo a la Junta fuera un “gran negocio” tras la rebaja del precio

El empresario Luis Antonio Recio, reconoció hoy que la venta de los terrenos del fallido polígono de Portillo (Valladolid) a ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León -sociedad adscrita a la Consejería de Economía y Empleo- no fue un “gran negocio” por la rebaja final del precio. El que fuera uno de los accionistas de la promotora de esta zona industrial Parque Empresarial de Portillo SL, con una participación del 33 por ciento, recordó la diferencia del precio del metro cuadrado del suelo entre el acuerdo marco con ADE Parque en marzo de 2010 y la escritura a finales de ese año. Una compraventa que, finalmente, se firmó a la baja pero que también experimentó cambios en la forma de pago, que pasó ser aplazado en lugar de al contado.

Recio, que hoy prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga un presunto delito de malversación por las irregularidades en la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), los terrenos del fallido polígono de Portillo y el alquiler de la de de Fundación ADEuropa en Bruselas, reconoció que las negociaciones de la venta del suelo eran llevadas a cabo por otro de los socios de la sociedad, Luis Ángel Rodríguez Herrero. De este modo, apuntó que tanto él como el otro accionista, Francisco Esgueva -hermano del que fuera consejero delegado de la entidad pública Excal, Alberto Esgueva- eran informados por Rodríguez Herrero de las negociaciones con Gesturcal.

Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Ical que Luis Antonio Recio, en calidad de investigado, apuntó que entró en Parque Empresarial de Portillo en 2006 tras la salida de Urban Proyecta PM3, S.L, perteneciente al grupo Parqueolid. Precisó que su entrada estuvo motivada por su experiencia en otros planes de suelo, el avanzado estado de tramitación del suelo que ya contaba con un plan parcial y por contar con una empresa constructora que podía obtener beneficios con esta operación. Así fue, porque su compañía fue la encargada de construir 'llave en mano' la instalación de Eurolit Fachadas y Cubiertas en el Polígono Empresarial Portillo así como parte de los viales de accesos y la instalación y montaje de parte de la línea de alta tensión.

El empresario explicó que él como accionista estaba interesado en cerrar la venta a la Junta de los terrenos del futuro polígono de Portillo porque había empezado la crisis económica y estaba “presionado” por las entidades financieras para satisfacer el préstamo que había contraído al entrar en la sociedad. Esas mismas fuentes apuntan que aceptó las condiciones de ADE pese a la rebaja del precio y decidió vender en 2011 sus participaciones a los dos otros socios, Francisco Esgueva y Luis Ángel Rodríguez Herrero. Añadió que la operación no supuso grandes beneficios al descontar la compra del terreno, los intereses y la tramitación administrativa. Incluso, reconoció que la venta permitió cubrir el desembolso anterior.

Precisamente, el empresario Rodríguez Herrero será el siguiente en declarar ante el juez el próximo 18 de septiembre. El también investigado en la causa testificara por videoconferencia al estar en Colombia.

Jiménez Blázquez

También declaró esta mañana el entonces vocal del Consejo de Administración de ADE, José Manuel Jiménez Blázquez, quien aseguró que no estaba capacitado para determinar si la compra del Edificio de Soluciones Empresariales -que, en la actualidad, alberga dependencias de la Agencia de Desarrollo- era una buena operación. No en vano, recordó que acudía a los consejos de administración en representación de la Consejería de Medio Ambiente. Además, subrayó que la operación, de la que tuvo conocimiento en la reunión de ese órgano, venía avalada con dos tasaciones.

Algo similar ocurrió con la compra de los terrenos del fallido polígono de Portillo (Valladolid) ya que tuvo conocimiento de ese asunto durante la aprobación de las cuentas de ADE. Recordó que fue la propia exviceconsejera de Economía y presidenta de Gesturcal, Begoña Hernández, quien comunicó esa operación. Finalmente, el asunto se pospuso para otros consejos de administración posteriores con el objetivo de presentar más expedientes pero a los que el hoy director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta nunca llegó a acudir.

Esta investigación se inició, en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. La denuncia, que luego se amplió a más ejercicios, apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de los terrenos.