Diario de Valladolid

La Junta descarta su apoyo al parque agroalimentario del Ayuntamiento

El equipo de gobierno contaba con el apoyo de la Administración regional y con su inclusión en el consorcio para gestionar el polígono de 204 hectáreas previsto en el páramo de San Isidro

-E. M.

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Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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Mal empieza el parque agroalimentario del Ayuntamiento, uno de los grandes proyectos que el alcalde, Óscar Puente, y su equipo de gobierno quieren poner en marcha a toda costa en los dos años escasos que restan de mandato. El objetivo de este macro-plan es habilitar, en dos fases repartidas a lo largo de varios años, un espacio de 200 hectáreas en el páramo de San Isidro, junto a los nuevos talleres de Renfe, que aglutine empresas del sector de la provincia, de la Comunidad y del resto del país si están interesadas.

El Ayuntamiento contaba con la ayuda de la Junta de Castilla y León y su participación en el futuro consorcio previsto para gestionar el parque, en el que también estarían Vitartis, Mercaolid y Mercasa. El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, y el edil de Urbanismo e Infraestructuras, Manuel Saravia, se reunieron en su momento con la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, para exponer el proyecto y ahora la titular del ramo responde para decir ‘no’.

No es que la Junta haya contestado de forma directa al Ayuntamiento, que desconocía la decisión de la Administración autonómica. La negativa figura en una respuesta de la consejera de Agricultura a la pregunta presentada el 28 de abril por el procurador de Ciudadanos para asuntos agrarios en el Parlamento regional, David Castaño Sequeros.

Castaño quería saber si la Junta tiene previsto apoyar y financiar el parque agroalimentario del Ayuntamiento de Valladolid. En una escueta respuesta, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 29 de agosto, Marcos deja claro que no y explica que la Junta no contempla en su Mapa de Infraestructuras Agrarias, «recientemente aprobado», el apoyo a la construcción de polígonos agroalimentarios.

Por si queda alguna duda, añade en la respuesta, que el concejal de Hacienda conoció ayer con desagradable sorpresa, que el objetivo del Mapa de Infraestructuras es el fomento del desarrollo rural y, por tanto, que la industria agroalimentaria «esté precisamente en el medio rural» y no se concentre en un parque al lado de Valladolid como el que plantea el Ayuntamiento.

El edil de Hacienda lamentó ayer que la Junta descarte su participación y añadió que el parque «debía de haberse incluido en el Mapa de Infraestructuras». Añadió Gato que «sería una gran pena desaprovechar esta oportunidad cuando el proyecto de Valladolid lo tiene todo», en alusión a la proximidad de una salida por tren para las empresas que se asienten en el complejo.

El respaldo de la Junta es clave al ser la administración que tiene las competencias en materia agraria, de ahí que el concejal se aferre a la posibilidad de un cambio de postura para apoyar un proyecto «que es compatible con el desarrollo rural».

Pero incluso si no es así, Gato anunció que el Ayuntamiento seguirá adelante. Tan importante o más que el apoyo de la Junta consideran el interés de Vitartis, el clúster de empresas del sector de la agroalimentación que preside Félix Moracho, con el que el edil de Promoción Económica aseguró que cuentan.

Al interés de Vitartis por el proyecto sumó el de Centrolid, Mercaolid y el que en su día mostró Mercasa, la entidad que aglutina los mercados centrales de abastecimiento de España, si bien Gato admitió que tienen que reunirse con la nueva dirección para confirmar el respaldo mostrado por el anterior equipo.

Aunque la decisión de la Junta supone un serio tropiezo, lo más inmediato es adjudicar el contrato para elaborar un plan de viabilidad y saber si hay empresas interesadas en instalarse en el futuro parque y evitar que se convierta en un nuevo polígono vacío. El concejal prevé que el estudio, con un coste de 300.000 euros, se adjudique en una o dos semanas. La empresa concesionaria dispondrá a partir de entonces de otras 22 semanas para elaborar un informe que debe incluir una previsión de inversiones, las infraestructuras y equipamientos necesarios, las alternativas de gestión y un análisis del sector agroalimentario. Las conclusiones decidirán si hay parque o no.

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