El fiscal se excusa en que la madre de Sara nunca reveló que tenía pareja

Pasan los días y, pese a que todavía no se ha levantado el secreto de sumario, surgen nuevos detalles sobre el crimen de la Rondilla ofrecidos por las propias administraciones implicadas, que en un primer momento, apenas ofrecieron información para tratar de encubrir los errores que condujeron a la muerte de Sara y que ahora, ante la presión mediática y ciudadana, buscan excusas para justificar su inoperancia. Davinia Muñoz, madre de la niña fallecida, manifestó en su primera visita al Hospital Campo Grande, el pasado 11 de julio, que había sido víctima de malos tratos por parte de su expareja y que tanto Sara como su hermana habían pasado con él los días precedentes en un intento de culpabilizar al padre de las niñas de las lesiones que presentaba la pequeña para proteger a Roberto Hernández, el presunto asesino y actual compañero sentimental de Muñoz.

Así lo desveló ayer la Fiscalía de Valladolid en un comunicado recogido por este diario que constituye la primera comunicación oficial de una de las entidades implicadas en el proceso y que presenta la contradicción de desgranar detalles del caso en el mismo momento en el juez instructor mantiene el secreto de sumario.

En el escrito, la Fiscalía señala que, cuando Muñoz, de 37 años y natural de la localidad de Pedrajas de San Esteban, llevó por primera vez a su hija al Hospital Campo Grande y el pediatra vio los hematomas en el cuerpo de la pequeña, señaló que «las lesiones podrían derivarse de los juegos de la niña con su hermana» y que «en cualquier caso, la niña había estado con su padre la semana anterior».

En la nota emitida por el Ministerio Público se expresa también que, «con sus manifestaciones, la madre de la menor daba a entender que, de existir malos tratos, su expareja podía ser el causante de las contusiones», pero que, al encontrarse éste fuera de España en el momento en el que se Muñoz acudió al hospital, no se apreció una situación especial de alarma. La madre, además, «en ningún momento mencionó que, en la actualidad, ella mantenía una relación sentimental con otra persona».

Es esta omisión de su noviazgo con Roberto Hernández, de 35 años y natural de Medina del Campo, la que incrementa las sospechas de que la madre conocía el maltrato que vivía la pequeña por parte de su compañero sentimental, exmilitar mecánico de helicópteros al que era frecuente ver ataviado con el traje de trabajo, según ha podido saber este diario.

La Fiscalía, que confió en la palabra de la madre, se desliga así de la responsabilidad por la muerte de la menor y asegura que «la policía judicial presentó el atestado –del día 11 de julio– ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por la posible existencia de malos tratos al tiempo que entregó copia del mismo en la Fiscalía de Menores». El comunicado alude a que, ocho días después de la primera visita al hospital, este órgano «entendió que era conveniente someter a valoración y control la situación familiar de la menor, razón por la que remitió a la Junta el atestado en tanto que es la Gerencia Territorial de Servicios Sociales la competente para la adopción de medidas de protección sobre los menores de edad». El parte de lesiones se envió por correo ordinario y llegó a los Servicios Sociales el día 21, diez días después de que el pediatra viese los hematomas.

Las más de tres semanas que pasaron entre la emisión del parte de lesiones por parte del pediatra y la muerte de la menor, tiempo en el que se podría haber evitado el fallecimiento, ha provocado que la Asociación Clara Campoamor se persone como acusación popular en el juicio al que se enfrentarán Muñoz y Hernández, ambos en prisión preventiva sin fianza.

«Hay que distinguir dos cosas: hay unos culpables presuntos, su madre y su compañero, que son los verdaderos culpables; ahora, también ha habido unas instituciones irresponsables que no han actuado conforme a la Ley de Protección a la Infancia», señaló a este diario la presidente de la asociación Blanca Estrella Ruiz, que aseguró que presentarán una acusación contra los que el juez señale como culpables y, después, pedirán los informes de todos los implicados en el proceso, desde la Junta a la Fiscalía y la Guardia Civil, entre otras. «Primero, para que no vuelva a pasar y, segundo, para que los que hayan tenido culpa sean sancionados», explicó Ruiz, que instó a las instituciones a «actuar ya» en este tipo de casos, ya que «ha habido un pediatra que lo hizo bien y al que se hizo caso omiso».