Bruselas investiga el impacto ambiental de la mina de Retortillo
La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la mina de uranio que se pretende explotar a cielo abierto en Retortillo, localidad de la provincia de Salamanca. Una cuestión que preocupa a Bruselas, ya que esta actividad debe seguir unas estrictas normas medioambientales y también por su situación cercana a una zona de encinares, informa Ical.
Según admite el comisario de Medi ambiente, Karmenu Vella, en una respuesta al eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, España no ha informado en ningún momento a Bruselas y ha recordado sus obligaciones al gobierno español. «La Comisión no ha recibido ninguna notificación (…) sobre el proyecto de minas de uranio en Retortillo», asegura el comisario. Así, Bruselas investigará la cuestión para determinar si la explotación de la mina cumple con las normas de la directiva de Hábitats i la de Estándares Básicos de Seguridad.
El comisario explica en su respuesta que el Ejecutivo Comunitario ha recibido varias quejas y preguntas sobre la mina en Salamanca y que por ello ha abierto una investigación. «Cualquier proyecto que puede tener un efecto significativo en Natura 2000 debe ser objeto de una evaluación adecuada. Como norma general, las autoritades competentes solo podran aprobar cualquier proyecto tras asegurarse que no afectará negativamente a la integridad de la zona», recuerda el comisario. La zona en la que se espera que se extraiga el uranio es muy delicada para el Medio Ambiente ya que acoge a especies protegidas como la cigüeña negra.
El proyecto ha levantado mucha polémica en los últimos años. A finales de abril, el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Salamanca ordenó de forma cautelar la paralización inmediata de la tala de encinares que puebla la zona cercana a los trabajos de la mina. La empresa australiana Berkeley Minera empezó a interesarse en la zona de Campo Charro, donde se encuentra Retortillo, en 2011. La mina de uranio se centraría a 2,5 kilómetros de la localidad, a poco metros del conocido balneario romano.
La organización Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal Stop Uranio han denunciado en reiteradas ocasiones el peligro que conlleva abrir una mina de uranio en una zona que se encuentra en un espacio de Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de Aves. De momento, la mina no se ha abierto ni ha empezado los trabajos de extracción, pero si se empezara a explotar, sería la primera mina de estas características en Europa occidental.
Hace unas semanas, Izquierda Unida, a través de su eurodiputada Marina Albiol, pidió a la Comisión Europea un informe o parecer supletorio sobre el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto que Berkeley pretende poner en marcha en la localidad salmantina de Retortillo, tras el documento emitido el pasado 21 de mayo por el Parlamento Europeo en el que recuerda a la multinacional minera australiana su obligación de «facilitar información sobre las distintas fases superadas» por el proyecto.
Dicho informe también recoge que el proyecto «debe superar diversas etapas para que la Comisión dé el visto bueno a la iniciativa». El texto además señala como fecha de inicio de la producción el año 2017 y que esta «todavía carece de los permisos necesarios», por lo que IU consideraba necesario que la Comisión emita «un parecer supletorio en relación con este proyecto». Albiol registró también una pregunta con respuesta escrita en la que plantea si la Comisión «es conocedora de la suspensión de los procedimientos de autorización de usos excepcional de suelo rústico».
«Berkeley arranca encinas de donde no debía»
La Plataforma Stop Uranio, contraria a la apertura de una mina de uranio en Retortillo, ha acusado a la empresa promotora de este proyecto -Berkeley- de «arrancar encinas de donde no debía, fuera de la concesión minera y del terreno amparado por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)». Según esta organización, el ingeniero de Montes y profesor universitario Juan Ignacio García Viñas ha realizado un estudio, encargado por la organización WWF, donde se concluye que «se han deforestado un total de 37 hectáreas, arrancando 1.745 árboles, la mayoría encinas centenarias, de los cuales 315 árboles no estaban dentro de la concesión minera». Stop Uranio ha explicado que estos hechos los ha puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León el pasado mes de junio y qye no ha obtenido respuesta a las preguntas presentadas en el documento. En el texto remitido a la Administración, según la plataforma, se pedía «la identificación de los responsables del destrozo ocasionado, la concreción de las consecuencias legales o administrativas que conlleva practicar una tala de encinas sin los permisos necesarios y las medidas que van a realizar los Servicios Territoriales de Medio Ambiente e Industria para restaurar la legalidad en la actuación de la empresa minera».