Feliciano Trebolle: «La agilidad de la Justicia es incompatible con el papel cero»

Valladolid estará «muy bien representada» en la próxima entrega de Premios a la Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ello se congratula el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, principal artífice de que los juzgados de la provincia se hayan abierto a los ciudadanos y a los medios de comunicación desde 2003. Por ello ha recibido el galardón a la transparencia.Pero además, la ciudad recibe un segundo premio por la puesta en marcha del Turno de Segunda Oportunidad, que permite a las familias en situación de insolvencia alcanzar una salida a su situación.

Así lo explicó ayer Trebolle en La Quinta Esquina, programa de La 8 Valladolid en colaboración con EL MUNDO DE VALLADOLID y Castilla y León esRadio, ante los periodistas de esos medios, Beatriz Hernández, José Luis Fernández del Corral y Luis Huerga, respectivamente.

Trebolle mantiene una actitud reivindicativa ante el CGPJ, al solicitar más dotaciones para desatascar la Justicia: refuerzos para los juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de lo Penal; un tercer Juzgado para Medina del Campo; un cuarto magistrado para la Audiencia... Y es que «la crisis ha tenido incidencia también en la Justicia, porque el número de asuntos que entraba en cada Audiencia provincial creció de forma desorbitada», afirmó. «Por hacer una comparación, en el año 2015 en Francia entraron en los juzgados cinco millones de asuntos. En España, nueve millones». Además, en otros países como EEUU se solucionaron con la mediación hasta el 30% de los asuntos, un procedimiento que aquí no funciona.«Si aquí hubieran entrado 5 millones y se hubieran mediado el 30% habría sido un paraíso».

Aun así, «cada año se sacan más asuntos de los que entran. Estamos ya en una línea distinta de hace seis o siete años». Y eso que no se crean órganos judiciales nuevos en España desde hace seis años. «Se ha paliado con refuerzos», aclaró Trebolle. «Donde hace falta un Juzgado, se dota con un juez de refuerzo y una serie de funcionarios judiciales».

Así ha ocurrido en Valladolid. «Los juzgados de lo Social tenían un retraso de año y medio, y gracias a esos refuerzos ha bajado a cuatro o cinco meses el plazo para la celebración de juicios. En los juzgados de Primera Instancia ha bajado el volumen de asuntos, y en los juzgados de lo Penal los refuerzos han paliado los retrasos», subrayó. Con un cuarto magistrado, cada juez de lo Penal tiene que resolver «sólo» 300 asuntos al año, en lugar de 400.

El presidente de la Audiencia augura que pronto volverá un escenario como el anterior a la crisis. «Comenzamos a entrar en ese nivel, pero tenemos que pensar que el número de asuntos crece cada año, y por eso es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales».A su juicio, Valladolid necesita uno o dos juzgados más de lo Social, un juzgado de Instrucción, un juzgado de lo Penal, y cree «totalmente imprescindible» en Medina del Campo la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia.

La digitalización de la Justicia no contribuye, sin embargo, a desatascar la amplia lista de casos. «La firma digital está funcionando, pero es complicado la eliminación del papel». La labor es titánica: «Tenemos juicios de más de 10.000 folios, y digitalizar todo eso para que lo pueda consultar el juez es muy complicado», explicó. «Abogamos por una justicia ágil y de calidad, pero la agilidad para nosotros es incompatible con el papel cero». El magistrado resumió en una frase la situación: «No se está produciendo el expediente digital».

En cuanto a las quejas de los sindicatos sobre la obsolescencia del equipamiento informático en los juzgados, Trebolle aseguró que las comparte «totalmente». Y es que, a su juicio, «la desaparición del papel necesita más tiempo de aplicación. Debería haber un periodo de tiempo en que la digitalización y el papel fuesen compartidos. Qué menos que un año y medio o dos años».

Si la digitalización de la Justicia es uno de los grandes frentes abiertos, en Valladolid no lo es menos el asunto del Campus de la Justicia. «En 2015 cambia el Gobierno municipal y cree que es mejor situar el Campus en la zona de San Pablo. Ya lo habíamos propuesto nosotros, hemos retrocedido 11 años», afirmó. Al presidente de la Audiencia le gusta la zona para colocar todas las dependencias judiciales, aunque «hace 11 años el ministro de Justicia lo desechó porque entendió que eso era un pelotazo urbanístico. Por eso exigió que se construyese en una parcela de suelo público».

El juez es pesimista en cuanto al resultado del conflicto entre el Sacyl y el Ayuntamiento por el parking del antiguo Hospital Río Hortega, en el caso de que el asunto se llevase a los tribunales. «Sería un enfrentamiento entre dos servicios públicos, y a mi modo de ver, el interés público de la Sanidad es más importante que el de la Justicia», sentenció.

En tanto lo del Campus se soluciona o no (vaticina que «en tres o cuatro meses» se sabrá algo más definitivo), se buscan otras soluciones. «Hemos conseguido que el Instituto de Medicina Legal se traslade desde el Arco de Ladrillo a la calle Doctor Cazalla», explicó. «También queremos que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Menores se desplacen a una zona más cercana a Las Angustias». Si la solución del Campus se alarga «tendremos que ir poniendo más parches», lamentó.

Sobre la imposición de tasas judiciales y su posterior retirada, «no ha tenido tanta incidencia en el número de casos que han entrado», asegura. Él ha sido siempre partidario de que los ciudadanos contribuyan a los gastos judiciales con una pequeña cantidad, pero «las cifras que se fijaron eran demasiado elevadas para asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva».

No comparte Trebolle ni el término ‘imputado’ ni el más actual de ‘investigado’, pues ambos dañan la presunción de inocencia. Habría que volver, según él, a los antiguos de ‘denunciado’ o ‘querellado’.

Su postura ante la violencia machista es muy clara: «La Ley no nos proporciona los medios suficientes. La principal tarea debe estar en los colegios, para que enseñen en igualdad». En los juzgados «hay cada vez más casos» pero «es muy difícil encontrar los medios para paliarlos. Los hay, como las pulseras, pero no solucionan toda la problemática».