Más de 300 viviendas pasarán un control de los certificados energéticos

La Junta Castilla y León ha activado una inspección entre 2017 y 2018 en al menos 1.310 viviendas y edificios de la Comunidad para comprobar si son conformes los certificados energéticos emitidos. El ámbito abarca al 1,67% del parque actual de inmuebles (78.442, de ellos 18.144 en la provincia de Valladolid) que cuenta con esta etiqueta, que es obligatoria para alquilar o vender una vivienda.

Valladolid encabeza el número de inspecciones previstas (300), seguida de León (249), Salamanca (223), Burgos (188), Segovia (89), Palencia (86), Ávila (75), Zamora (60) y Soria (40). En el caso de la provincia está previsto el chequeo de 213 viviendas individuales en bloque, 46 casas unifamiliares, 29 locales y oficinas, 7 edificios de uso terciario y 5 bloques completos de oficinas.

Es la segunda vez que la Consejería de Economía y Hacienda licita un contrato para cumplir la normativa –el Real Decreto 235/2013– que obliga a las comunidades autónomas a realizar controles independientes sobre los certificados de eficiencia energética inscritos en el Registro Oficial.

Entre finales de 2014 y principios de 2016 se han realizado en la región 2.609 controles sobre certificados inscritos en Registro. Los chequeos han arrojado un resultado conforme en el 88 % de los expedientes revisados.

Se trata de una función que tiene encomendada la Consejería y con ella trata de comprobar la validez de los datos de base utilizados, verificar los resultados de cálculo de la calificación y la realización de visitas presenciales a los inmuebles, y contrastar con mediciones la correspondencia entre los inmuebles y las características que constan en sus respectivas etiquetas.

La licitación para los nuevos controles de eficiencia, que parte con un presupuesto base de licitación de 196.552 euros, se llevará cabo entre 2017 y 2018 y se ha segregado en tres lotes. El primero comprende a Salamanca, Ávila y Segovia, con un importe de 58.065 euros;el segundo, abarca Valladolid, Burgos y Soria, con 79.221 euros;y el tercero (León, Palencia y Zamora), cuenta con un presupuesto base de 59.265 euros.

La decisión de licitar tres lotes obedece a dos razones: facilitar la concurrencia de pequeñas empresas y ahorrar costes en desplazamientos y dietas. Así se evita, por ejemplo, que técnicos de León tengan que desplazarse a Soria.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato establece que el responsable del mismo realizará una selección al azar de una proporción estadísticamente significativa de los certificados inscritos.

Con todo, deberá cumplir que el 80% de los edificios y viviendas estén ubicados en capitales de provincia o municipios de más de 20.000 habitantes, y el 20%, en municipios de menor población.

Según el plan fijado, de las 1.310 viviendas y edificios (mínimo) que deberán chequearse, 914 son viviendas individuales en bloque, 123 viviendas unifamiliares, 109 locales y oficinas y 25 bloques completos de viviendas.

También está prevista la inspección en 39 edificios terciarios:administrativos, comerciales, hoteles, centros de ocio y centros sanitarios, entre otros, ya que son los inmuebles con mayor gasto energético. La calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación y ofimática, suponen un consumo importante.. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, este sector se lleva el 20% del consumo de energía final.

Guerra abierta contra las acreditaciones de bajo presupuesto

La cruzada de la Dirección General de Energía y Minas, además de ser impuesta por la normativa, responde a dar réplica a actuaciones poco rigurosas en un mercado saturado de empresas ofertantes para realizar la certificación. Desde que se puso en marcha este requisito en 2013, los constructores y otros sectores del sector inmobilario se han quejado de que la feroz competencia de empresas para realizar informes ha provocado una «rebaja importante del precio de los trabajos» que repercute «negativamente» en la calidad de las evaluaciones. A modo de ejemplo, citaron que se están dando casos de certificaciones por poco más de 40 euros, unas tarifas con las que apenas se cubren los gastos que implican una visita a la vivienda y el tiempo necesario en redactar el informe para obtener la acreditación energética.

Para perseguir esta picaresca, la Junta ha activado la contratación de controles independientes sobre los certificados emitidos. En el caso de que esta inspección detecte que la certificación no es correcta, se corrige como primera medida y la Administración abre expediente sancionador al técnico que evaluó el inmueble.

El campo de actuación de la inspección es amplio. Antes de 2013 no era preceptiva la certificación energética, y, por esta razón, el número de inmuebles con este sello se ha multiplicado casi por cinco:de 15.000 de hace tres años a los citados 78.442 a fecha de 25 de noviembre de 2016. Según este último inventario, Valladolid figura a la cabeza, con 18.144 inmuebles certificados (23,1% del total), seguida de León (14.715), Burgos (11.479), Salamanca (13.175), Palencia (5.260), Segovia (5.259), Ávila (4.501)Zamora (3.620) y Soria (2.289). . Casi el 89 % de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono. El certificado otorga una doble calificación energética a cada inmueble, que se mide en función de su consumo y de sus emisiones de dióxido de carbono a través de una escala que va de la A a la G, siendo A un indicador de máxima eficiencia (menor consumo y menores emisiones) y G, de mínima.