Torme y Pujalte, ante el juez por el cobro de trabajos inexistentes

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid acepta la investigación procedente de Instrucción 5 de Valladolid, que pesa sobre la ex parlamentaria del Partido Popular de Valladolid, Ana Torme, y su ex socio, el también ex diputado ‘popular’ Vicente Martínez Pujalte, y les cita a declarar como imputados –ahora investigados– por el cobro de trabajos supuestamente inexistentes cuando eran socios al 50% de la Sociedad Sirga XXI Consultores SL.

En la providencia, que acaba de remitir a las partes, el magistrado instructor atiende a la denuncia que la fiscal de Valladolid, Esther Pérez, formuló después de que Torme denunciara a Pujalte por el supuesto entramado empresarial que dirigía su ex socio a través de Sirga XXI. En la misma, la Fiscalía hablaba ya del «carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha percibido Sirga XXI Consultores SL».

Torme y Martínez Pujalte tendrán que declarar el próximo día 23 como investigados por los delitos de «falsedad en documento mercantil» y «cohecho». Delitos por los que el juez madrileño investiga también al resto de imputados que llama a declarar: el 14 de diciembre Jaime Miguel Marín, ex asesor de José María Aznar; el ex diputado Alejandro Ballesteros y María del Mar Benito. Mientras que para el 11 de enero de 2017 quedará la toma de declaración del propietario y administrador de Corporación Llorente (Collosa), Alejandro Llorente, sobre quien también pesan los delitos de falsedad y cohecho.

En su denuncia de 19 de junio de 2015, la ex diputada y ex senadora vallisoletana reconoce haber cobrado de Sirga XXI más de 88.042 euros: 82.752 en concepto de «sueldo» durante los años 2009 a 2011 y 5.250 euros, que fue el «precio» que Torme asegura Pujalte le pagó por venderle su participación en la sociedad.

En 2009 Torme percibió un «sueldo» de 19.956 euros, mientras que en atención a su doble cometido Martínez Pujalte se embolsó 40.880. El reparto en 2010 fue de 27.456 euros para Torme y 65.706 para Martínez Pujalte, mientras que en 2011 el reparto fue de 35.380 para la primera y de 96.456 euros para su socio.

En su denuncia, Torme aseguraba que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.

Según consta en su escrito de denuncia ante la Fiscalía de Valladolid, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de «un grupo de músicos amigos suyos», al los que llegó incluso a presentar.

La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Martínez Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.

La fiscal, ya en su denuncia de 15 de abril de este año, detalla el pago de más de un millón de euros, que 17 empresas –entre ellas Collosa, a razón de 15.000 euros al trimestre–, organismos y sociedades, como cámaras de comercio, confederación empresarial extremeña, CEOE de Madrid, entre otras, pagaron a la sociedad de Pujalte y Torme por asesoramiento.

Sirga también habría cobrado por la confección de un libro científico sobre las cajas de ahorro españolas, de cuya edición se encargó Aranzadi y cuyos directores fueron el propio Pujalte y el ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos. Martínez Pujalte ampliaría, además, estos cobros a supuestos trabajos a Karistia y a Scardovi, las empresas del segoviano Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, ex diputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.