Las gasolineras ‘low cost’ serán sancionadas si no contratan personal

Llegar, repostar y pagar en gasolineras fantasmas se va a acabar en Castilla y León. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la modificación del Estatuto del Consumidor que certifica el fin de las estaciones de servicio sin empleados.

Las aproximadamente 30 gasolineras ‘desatendidas’ que existen en la Comunidad (especialmente en Valladolid, Burgos y Palencia) tienen de plazo tres meses para contratar a trabajadores que atiendan los surtidores mientras «permanezcan abiertas y en servicio», ya sea de día o de noche. No hacerlo supondrá una infracción grave que les acarreará multas que van de los 3.007 euros a los 15.025.

Pero la Asociación Nacional de Servicio de Estaciones Automáticas (Aesae), lejos de acatar esta normativa autonómica –que recibió el respaldo en las Cortes del PP, PSOE, Podemos e IU, el rechazo de Ciudadanos y la abstención de la UPL–, continúa en pie de guerra.

Aunque «será una decisión de cada empresario», el presidente de Aesae, Manuel Jiménez, amenaza con presentar una batería de recursos ante el Tribunal Constitucional en el mismo instante en que se produzca la primera sanción económica. «Cada vez que haya una sanción, habrá un recurso», advierte Jiménez, quien añade que a esto se sumará una denuncia ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea.

Jiménez lo fundamenta en que la norma autonómica «conculca el principio de libre mercado de la Unión Europea». No sólo «restringe la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicio», sino que «invade una normativa nacional». Y, además, califica de «torticeras» las razones en que se basa Castilla y León para vetar estos establecimientos: protección de los derechos de los consumidores, razones de salud, de seguridad, de empleo...

El presidente de la asociación lanza una serie de preguntas al aire. «¿Quién asume más riesgo al repostar, el consumidor o el trabajador que inhala durante horas los gases?». «¿Ha habido algún accidente que justifique la norma? No, a las gasolineras automáticas se les reclama unas medidas de seguridad mucho más exigentes», se auto contesta.

Y añade que «crear empleo a golpe de decreto es muy fácil», pero imposible resulta no repercutir el coste laboral en el precio final del producto. «Si una gasolinera tiene que contratar a tres personas y media para cubrir la jornada, los consumidores pagarán los 70.000 euros al año que cuesta la plantilla», advierte. En cambio, el consumidor se ahorra «entre tres y cinco euros por depósito» en una gasolinera ‘low cost. Pero no sólo se benefician quienes repuestan en esa estación de servicio, sino quienes lo hacen en la zona, en la medida en que «todas ellas acomodan los precios». Por ello, reclama a la Junta que «deje que el ciudadano decida dónde quiere gastar su dinero».

Para Jiménez, no se trata de una cuestión de volumen, ya que en la Comunidad sólo «un 3% de las estaciones son automáticas», sino «una limitación a la inversión futura». Por eso lamenta que Castilla y León haya sucumbido «a la presión de los lobbys que no quieren la competencia» y haya regulado para preservar «los intereses de un gigante».

En el otro lado, la Federación de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Fereclaes) aplaude esta modificación, ya que dejar sin personal a las estaciones de servicio supone «un desprecio a los derechos de los trabajadores». El cambio supondrá un beneficio para los ciudadanos, en especial para los mayores y personas con discapacidad, como defiendía Cermi.

La séptima autonomía en poner restricciones

Castilla y León no es la primera autonomía que decide poner coto a las estaciones de servicio sin personal. Otras, como Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia e Islas Baleares, se le adelantaron, e incluso Aragón, Canarias, Madrid, La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria estudian fórmulas.

Pero Castilla y León sí es la primera en aplicar restricciones después de que la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) emitiera, el pasado mes de agosto, un informe que ‘aplaude’ la existencia de gasolineras ‘low cost’. Castilla y León desoye así a la Comisión de la Competencia y a Europa.

Para la Comisión Nacional, estas estaciones de servicio «aumentan la competencia efectiva en el mercado, presionan a la baja los precios de los carburantes, y por tanto, aumentan el bienestar de los consumidores finales», pero no los riesgos. Como prueba remite a la evidencia en otros países de la Unión Europea, como el caso de Dinamarca o Suiza, donde más del 60% de sus gasolineras no tienen trabajadores, o el 24% en Holanda.

Por ello, recomendó a las autonomías «eliminar toda disposición normativa que prohíba o discrimine de forma directa o indirecta las gasolineras automáticas o desatendidas». Pero, además, pide que «no se restrinja la aparición de nuevos formatos de estaciones de servicios, por ejemplo en aparcamientos de supermercados, talleres de vehículos de motor o en comunidades de vecinos aptas para el almacenamiento de carburantes».