Empleo explora todas las vías legales para impugnar el cierre de Lauki

Comisiones Obreras y UGT quieren que la Dirección General de Trabajo lleve a los tribunales el cierre de Lauki al entender que la multinacional Lactalis está actuando de «mala fe» al impedir la venta de la factoría vallisoletana pese a haberse comprometido a facilitar el traspaso. Así lo indicaron ayer los sindicatos en rueda de prensa. La Consejería de Empleo respondió que encargará un informe a los servicios jurídicos para sondear todas las fórmulas que puedan impedir la clausura de la histórica planta, sentenciada para el 1 de octubre.

«Vamos a ver qué margen tenemos dentro de la legalidad», explicaron ayer a este periódico fuentes de la consejería, que estiman «prioritario» el mantenimiento del empleo. Garantizan que explorarán «cualquier resquicio» para impedir el fin de la actividad, aunque reconocen que la ley es «restrictiva» y que cualquier acción para paralizar un expediente de extinción tiene un margen muy reducido.

De hecho, ya no es necesario el visto bueno de la autoridad laboral competente para sacar adelante un despido colectivo como éste, aunque el informe jurídico encargado a la Junta también analizará que posibilidades existen de impugnar el expediente por la vía administrativa.

De momento, la solicitud que ayer anticiparon los sindicatos va más allá. Proponen que Trabajo «interponga una demanda de oficio ante la jurisdicción social» alegando que Lactalis está actuando de mala fe». «Pedimos a Trabajo que no permita este abuso de derecho», sentenció el responsable de la Federación Agroalimentaria de CCOO Juan Manuel Ramos, denunciando el «teatrillo» de la multinacional gala.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, recordó que existe una propuesta que, en inicio, cumple los requisitos y pretende reconvertir las instalaciones en una planta de alimentación animal. Por eso, reclamó una ampliación del plazo establecido para que ese inversor pueda completar su plan de compra. «Cualquier negociación necesita un tiempo prudente», remachó.

De no conceder ese tiempo de gracia, los sindicatos verían confirmada su hipótesis de que Lactalis nunca ha tenido «voluntad real de vender la fábrica», explicaron, al entender que, más bien al contrario, está obstaculizando cualquier traspaso de las instalaciones.

Aseguran que esa actitud supondría un incumplimiento del acuerdo firmado en mayo entre la dirección y el comité de empresa, cuando se acordaron las condiciones de salida para los 86 trabajadores. Ese documento condicionaba la ejecución del despido colectivo a la aparición de un inversor que, sin ser competencia, estuviera interesado en adquirir las instalaciones antes del 30 de septiembre. En ese documento, Lactalis se comprometía a «promover activamente la búsqueda de posibles compradores», si bien es cierto que también se blindaba de cualquier consecuencia por el posible fracaso de esas negociaciones, al matizar que, en todo caso, «la decisión final de venta corresponderá a la empresa».

De forma paralela, los miembros del comité de empresa emprenderán en próximos días una nueva ronda de contactos políticos, tanto con los portavoces de los grupos en las Cortes como en el Ayuntamiento, con el alcalde de la ciudad. Tampoco descartan un nuevo viaje a Bruselas para mantener la «presión» en las instituciones europeas.