León de la Riva declarará ante el juez como imputado por la ‘comfort letter’

Francisco Javier León de la Riva deberá explicar en los juzgados con qué respaldo contó para firmar en 2011 la polémica carta de conformidad que sirvió para avalar un crédito de 400 millones de euros a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, una cuarta parte correspondiente al Ayuntamiento, que con ese documento garantizaba con su patrimonio la devolución del préstamo a los bancos. La Audiencia Provincial acaba de ordenar al juez instructor que tome declaración al exalcalde en calidad de investigado (lo que antes se conocía como imputado). También serán llamados –aunque en ambos casos, como testigos– el que fuera interventor municipal, Rafael Salgado, y el secretario general del Consistorio.

Con este auto, emitido ayer, la Sección cuarta de la Audiencia atiende los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Valladolid.Ambos apelaron la decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro, que el pasado mes de junio decidió el sobreseimiento provisional de esta causa al entender que la validez de la operación debía resolverse por la vía administrativa.

Los recurrentes, sin embargo, recordaban que el procedimiento abierto por vía penal no sólo busca esclarecer si la rúbrica del documento supuso la comisión de un delito de prevaricación administrativa, sino también dirimir si existió otro ilícito por falsedad documental, una posibilidad que la juez de Instrucción«obvia», argumenta la Audiencia en su auto.

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, la Sala ve «indicios racionales» de un posible delito de prevaricación que debe ser investigado». Tampoco descarta un posible delito de falsedad documental, ya que, según la carta de conformidad, León de la Riva firmó el documento en representación del Ayuntamiento y «en ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados». «Habrá que investigar la participación o no de otras terceras personas en la firma de dicho compromiso», razona el tribunal.

Por todo ello, emplaza a Instrucción a retomar las diligencias para continuar el procedimiento que determine las eventuales responsabilidades penales en la rúbrica de la carta. «Para ello, y sin intentar agotar las diligencias a practicar –continúa su razonamiento– deberá recibirse declaración, con la cualidad ineludible procesalmente de investigado» al anterior regidor, «para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas al respecto y protegiendo y colmándose así su derecho de defensa», apostilla.

De este modo, aunque la carta de conformidad quedó anulada en el pleno del pasado 1 de septiembre, continuarán las diligencias para depurar responsabilidades por la vía penal.