Burgos acusa a Saravia de actuar de forma “inadecuada e improcedente” al solicitar que no se derribe el Colegio San Juan de la Cruz

El secretario de Estado para la Seguridad Social en funciones, Tomás Burgos, acusó hoy al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, de actuar de manera “inadecuada e improcedente” al solicitar al Gobierno que no derribe el Colegio San Juan de la Cruz de Valladolid porque con ello el Ejecutivo incumple la legalidad.

En una carta, en respuesta a la enviada por Saravia para evitar la demolición del centro, Burgos recuerda que el antiguo colegio forma parte del proyecto de modernización de las oficinas de atención al público de la Seguridad Social en Valladolid, que se inició en 2005 y que incluye la demolición del centro, fruto de una licencia del propio Ayuntamiento, recuerda.

Además, le indica que es interés de la Administración la convocatoria de un concurso abierto para la presentación de proyectos que puedan ser los más idóneos para respetar el entorno del barrio de la Rondilla y sirva, además, para generar más y mejor tejido urbano con la construcción del nuevo edificio que añadirá “valor al barrio” y dará servicio a esta zona de la capital.

También resalta que el único interés es la construcción de un nuevo centro y le recuerda que la suspensión de este procedimiento administrativo (el derribo) sólo puede realizarse en base a una causa legal concreta ya que, de lo contrario, podría suponer una vulneración del ordenamiento jurídico, al tiempo que justifica también que ya se ha previsto presupuesto para este año.

Burgos niega en la misiva también “la insinuación” de Saravia sobre unos “supuestos” intereses personales en la realización del proyecto. “Quiero reiterarle que la Seguridad Social se rige en sus actuaciones por las más rigurosas exigencias de transparencia y planificación de sus necesidades”, remarca.

“El Gobierno de España está en funciones, pero el escrupuloso respeto a la legalidad y a las competencias de cada administración en el ejercicio de sus funciones y a la totalidad de procedimientos administrativos en marcha, no se verán nunca mermados por esta situación. Más bien lo contrario, es ahora cuando resulta más inapropiado e improcedente por su parte que se solicite a la entidad que incumpla la legalidad y que interrumpa sin causa jurídica alguna un procedimiento reglado que, incluso, podría hacer incurrir a sus gestores en importantes responsabilidades de índole administrativo o contable”, concluye.